Regeneración democrática y consolidación de derechos

Pues sí, esos son los objetivos del Presidente del Gobierno para los próximos ¿meses, años…?, a tenor de lo expresado el pasado 29 de abril a modo de compromiso con la ciudadanía al decidir seguir ejerciendo sus funciones tras el paréntesis de cinco días de reflexión, paréntesis que no calificaré.

No es empresa menor, no, en absoluto. Al fin y al cabo, lo que se plantea es una auténtica revolución, para el caso de que tales objetivos sean verdaderamente queridos, algo de lo que, en principio, no cabría dudar, si bien ello dependerá sobre todo de los terrenos y el alcance de las iniciativas que al respecto se planteen. Y, naturalmente, de lo que entendamos por “democracia” y del grado de degeneración o degradación que entendamos afecta a la nuestra.

Dice el DRAE, en la acepción que ahora interesa, que regenerar es “dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo”. Y que “degeneración” es, “decadencia, degradación, declive, empeoramiento, corrupción, depravación, declinación”. 

De modo que procede tomar esta democracia “degenerada” y darle otra oportunidad, una gran oportunidad, algo que, por otra parte, debería hacerse permanentemente. 

En primer lugar, es necesario determinar a qué nos referimos cuando hablamos de “democracia”, un concepto universalmente evolucionado en el tiempo y en el espacio, que ha contribuido a sanar o, al menos, mejorar, algunos de los grandes males humanidad y que permite, sin duda, aportar respuestas válidas a los problemas e injusticias que más nos acucian. “Democracia” que contiene principios activos tan imprescindibles como el del reconocimiento de los derechos de ciudadanía y su garantía, así como la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Concepto a su vez inescindible de los otros dos constitucionalmente atribuidos a este Estado: ser social y ser de Derecho. Y es que, ciertamente, la democracia, hoy, tiene tres grandes bases: la forma de gobierno basada en unos postulados ético-políticos referidos a la participación ciudadana en pie de igualdad y en la consideración del pueblo y la persona como sujetos titulares de los fundamentales derechos políticos; el método o camino para el logro de los objetivos relativos a los derechos de la ciudadanía, aspecto en el que la separación de poderes y su sometimiento al ordenamiento jurídico es elemento esencial y, finalmente, el objetivo irrenunciable de nuestro sistema democrático, esto es, el logro de los derechos sociales, basados en la libertad y la igualdad reales y efectivas. 

Pero la democracia es frágil y débil, al estar reducida, en la realidad, en exclusiva, a la democracia representativa que, a su vez, aleja cada vez más a la ciudadanía de los centros de toma de decisión, con la consiguiente deslegitimación práctica de las instituciones representativas, además de tener otros perniciosos efectos relativos a las difíciles condiciones que ello genera para la necesaria cohesión social. 

Una democracia representativa, además, muy debilitada también al haber sido sustituida, en exclusiva, por la “democracia de partidos” y, ni tan siquiera ya eso, pues nos hallamos, como cada día podemos apreciar en nuestra realidad, pues estaríamos en otra fase más avanzada de la degradación del sistema, en la democracia de la última cúpula de los partidos, de sus líderes, o sea, muy lejos ya de la idea de democracia como “soberanía popular”. 

Y en este panorama, fácil es que se cuelen las desinformaciones, las informaciones manipuladas, los bulos y todo lo que ustedes consideren. Y que los poderes del Estado se hayan “partidizado” hasta extremos insospechados. 

Fíjense en los términos de algún debate muy muy reciente, que todavía seguramente está pasando desapercibido para la mayoría: hay quien se empeña, desde varios partidos – más de dos - y desde algunos medios de información y opinión, en vincular la soberanía del pueblo al Senado y hay quien, en absoluto paralelismo, lo hace al Congreso. Pues bien, se trata de pura manipulación de la realidad, interesada, en ambos casos, para legitimar solamente unas determinadas mayorías parlamentarias, con la consiguiente deslegitimación de la propia configuración constitucional que atribuye la representación del pueblo español a ambas Cámaras. Pues ya tenemos el “bulo” montado. Así, sin que nadie se despeine.

Algo de todo esto es lo que parece haber descubierto tan recientemente el presidente Sánchez, expresando, en la carta que, tras su reflexión, ha dirigido a la militancia del PSOE, que la ultraderecha avanza por la destrucción del adversario poniendo en marcha la máquina del fango, también alentada por la derecha, con bulos y mentiras y denunciando la judicialización de dichos bulos mediante falsas denuncias, con grave deterioro de “nuestra democracia y nuestra convivencia”, así como que hemos comprendido “estos días” la importancia de “defender la democracia todos los días, rechazando a aquellos que convierten la política en un barrizal de insultos y falsedades”.

Y, como la vida es así de caprichosa – y la vida política más aún -, justo estos días el ministro Puente se despacha a gusto con el Presidente de la República Argentina, algo que, a tenor de la reacción del Gobierno, no se situaría en el lodazal que se denuncia reiteradamente. Para lógico pasmo, al menos mío – y disculpen la ingenuidad -.

Ahora bien, ni una sola medida ha avanzado el presidente para regenerar tan maltrecha democracia y/o para consolidar nuestros derechos: ni una sola. Y podrían haber sido ya muchas o, al menos, unas cuantas, las iniciativas para tan loable objetivo. Siempre y cuando tengamos claro cuál sea éste. Algo que yo no veo con nitidez porque no creo que ni el mal ni su sanación estén identificados.

Porque, insultos, lo que se dice “insultos”, los hay en todas direcciones y de toda intensidad y mal gusto en muchas ocasiones. Porque “falsedades” como tales, las hay en todas partes y se utilizan en la vida política con frecuencia, incluso en las campañas electorales con la consiguiente desinformación y manipulación indirecta del voto. No diré quién incurre más en semejantes aberraciones ni quién empezó: no lo sé a ciencia cierta ni tiene mayor relevancia en este momento. Es como el chiste que contábamos en casa cuando yo era pequeña, del policía municipal que acude al lugar donde ha tenido lugar una colisión entre dos vehículos y pregunta, inocentemente esperanzado en tener una respuesta que resuelva su problema, ¿quién chocó primero?.

Lo que sí sé es que de lo que se trata no es de pasar un paño limpiador meramente superficial o aparente y, mucho menos aún, de rebajar controles absolutamente imprescindibles para un cabal y legítimo ejercicio del poder.

Lo que se precisa es, justamente, lo contrario: avanzar en el establecimiento de más y mejores controles del poder – de los poderes -, unos controles, contrapesos y equilibrios sanos y eficaces, en todos los niveles – sociales, de medios de comunicación, parlamentarios y judiciales -. 

Algunas medidas imprescindibles y a abordar de manera inmediata serían, en mi opinión, las siguientes – en mera enumeración ejemplificativa y urgente -: una regulación adecuada del ejercicio de la acción popular, tan útil como control de las desviaciones de poder, que impida su utilización abusiva o perversa y la instrumentalización interesada de la justicia; revisión de la actual situación del CIS y de sus actuaciones en los últimos años y días, algo que muy poca gente no compartiría seriamente; una reforma en profundidad de la Ley de Secretos Oficiales para brindar a la ciudadanía más seguridad y consciencia de la realidad, porque no hay mayor desinformación y manipulación que el secreto – o sea, la mentira – y la impunidad que ello genera y ha generado ya en casos de gravísimos delitos cometidos desde el Estado o sus aledaños, sin control eficaz alguno.

Con esto, para empezar, iríamos bastante bien. Con decisión y con calma, para no desbarajustar nuestro sistema de libertades – las de información y expresión, en lo que ahora interesa -, incluso aunque la libertad genere, precisamente por ser libertad, algunos de los problemas que el Presidente acaba de descubrir.

Sobre el CGPJ, no tengo nada más que decir: cualquier cosa sería inútil y reiterativa. Pero tampoco confundamos, su renovación, con ser urgente – si bien este término también carece ya de sentido -, no va a solucionar los problemas de la justicia, esos problemas que padece directamente la ciudadanía cada día, muchos de los cuales tienen solución desde la propia acción de gobierno.

Pues ya veremos si lo que se aborda para regenerar nuestra maltrecha democracia es una reforma integral o una reforma sin obra y un poco de chapa y pintura para salir del paso. Mucho me temo que, seguramente, el objetivo del Presidente ya se ha cumplido o está a punto de cumplirse, por lo que la democracia seguirá, según cada cual lo vea, tan o tan poco degenerada como hasta ahora.