Algunas navieras avisan de su posible marcha de Canarias por las tasas de emisiones

Algunas navieras han advertido al Gobierno canario y a las autoridades portuarias de ambas provincias de la posibilidad de que se marchen de Canarias o de cambiar sus rutas si el archipiélago no es excepcionado de la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, cuya aplicación se espera que sea efectiva a partir de 2026, una vez culminado el periodo de transición iniciado en 2024.

Es lo que han explicado este viernes en una rueda de prensa el consejero de Obras Públicas y Transporte del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, y los presidentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz y de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Suárez y Beatriz Calzada, tras haber recibido un informe demandado por el Gobierno de Canarias sobre las consecuencias de la aplicación de esa directiva europea.

El informe, han apuntado, se debió elaborar aparte a petición y encargo del Ejecutivo autonómico porque en el documento en el que se analizaba a nivel nacional las consecuencias en cada puerto de esta medida, el Gobierno de España “se olvidó de Canarias”, han aseverado.

Y ante este escenario de pérdida de competitividad por parte de los puertos canarios que refleja el informe, el consejero Pablo Rodríguez ha señalado que se deberá incentivar a las navieras para que no se marchen y no se pierda la actividad económica y el empleo que generan estas compañías en Canarias.

Aunque no han especificado de qué navieras se trata, tanto los representantes de las autoridades portuarias como Pablo Rodríguez han señalado que el único camino para hacer frente a esa posibilidad es excepcionar a Canarias de las tasas vinculadas a la sostenibilidad y a la descarbonización porque con el informe se demuestra que “pueden ser absolutamente negativas”.

“Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, es evidente que compartimos el espíritu de Europa de luchar contra la descarbonización del transporte y del transporte marítimo, pero es también obvio que Canarias tiene una dependencia absoluta del transporte marítimo porque no tenemos otra vía para que nuestras mercancías y el abastecimiento lleguen a Canarias”, ha ahondado Rodríguez.

A su juicio, serán las condiciones de Canarias como región ultraperiférica (RUP) lo que podría permitir esa excepcionalidad en las políticas de la Unión, especialmente ahora que se cuenta con “argumentos objetivos y de peso”.

Preguntado por si el Gobierno canario hará fuerza con otras RUP, Rodríguez ha señalado que sí, especialmente con las portuguesas, mientras que Beatriz Calzada ha apuntado que hay vías de diálogo abiertas y permanentes con las RUP portuguesas e italianas, las más afectadas por la situación, pues Francia, ha dicho, supo negociar “bien” para no tener los problemas que está encontrando ahora Canarias.

Calzada ha expresado que no se está hablando simplemente de una bajada de negocio o en el ránking de los puertos, sino de una afección “directa e indirecta” al empleo no solo en los puertos, sino alrededor de toda la economía que generan estas infraestructuras en Canarias.

“Esto tiene una afección directa a nuestra economía, en el PIB de Canarias y sobre todo en nuestra conectividad y a todo lo que llega vía transbordo, como los contenedores y toda su mercancía, que es básicamente, todas las cosas que tenemos en nuestras casas, en nuestros puestos de trabajo, las tiendas... da igual el sector que sea, todo llega a través de estos contenedores y si perdemos esa conectividad, perdemos nuestra vida y no lo vamos a permitir”, ha resumido Calzada.

Asimismo, Pedro Suárez ha recordado que los puertos canarios no compiten con los grandes puertos españoles como Algeciras o La Coruña, sino con las ciudades costeras de la costa africana.

“Hay que tener en cuenta que en el tráfico marítimo con girar la rueda del timón 10 grados te vas a Senegal, a Marruecos o a Mauritania, donde los precios iban a ser mucho más baratos. Es preocupante. Las navieras son conscientes de que tienen que luchar contra la huella de carbono y están implementando un montón de medidas pero en el corto plazo nosotros desaparecemos”, ha reflexionado Suárez.

Preguntado por la fórmula para articular los incentivos a las navieras, Pablo Rodríguez ha apuntado hacia los ingresos extraordinarios que recibirá España precisamente por ese mercado de emisiones, cifrados en torno a 10.000 millones de euros.

“Con esos 10.000 millones se pueden plantear bonificaciones para que las navieras se mantengan y sigan operando en los puertos canarios”, ha resumido.