Me he tomado con un inmenso respeto el “kit-kat” de cinco días que ha hecho Pedro Sánchez para reflexionar sobre su inmediato futuro personal y político sabiendo que el desenlace sólo podía tenía tres salidas. La primera, quedarse y convocar una cuestión de confianza (no sería la primera vez que esto ocurre: Adolfo Suárez en 1980 y Felipe González en 1990). La segunda, dimitir dejando al Gobierno en funciones y convocar elecciones (como pronto, el 30 de mayo para que, por ley, la ciudadanía acudiese a las urnas a finales de julio). Y la tercera, decir que, tras ese proceso de reflexión personal, seguía al frente y retomaba su agenda institucional como presidente del Gobierno, es decir, aguantar el nauseabundo acecho y agotar el mandato. Y no, no había más opciones, ni más caminos, ni más salidas.
Al final, quien ha vivido en primera persona un claro caso de lawfare ha elegido la tercera opción, cosa de la que, personalmente, me alegro y explico por qué:
Lo que, bajo ningún concepto, se puede hacer es retroceder y dar un triunfo, un “trofeo” a las extremas derechas españolas, quienes ya ni siquiera disimulan creerse llamadas (por Dios o por no sé quién) a regir los destinos de su patria de pulserita. Tienen interiorizado que solo ellos, y nadie más que ellos, disponen del derecho a gobernar y, si no lo consiguen, cualquiera que lo haga será inmediatamente calificado de, entre otras lindezas, ilegítimo. Curioso concepto de la democracia el de TODOS los herederos de Fraga Iribarne: los de la “derechita cobarde” y los de la “derechita versión 1936”.
De hecho, el aún líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, llego a decir de Sánchez que estaba “estirando su agonía” y que “ya representa al pasado”. Pero seamos serios: ¿a qué pasado representa el colega del narco Marcial Dorado y su partido? ¿Qué suerte de “herencia” reclaman? Supongo que, a estas alturas de la película, todo el mundo conoce -y quién no la conozca puede deberse a que no quiera conocer- la genealogía del Partido Popular y su innegable ascendencia franquista, por lo que no me extrañaría ni una pizca que el partido más corrupto de Europa estuviese entre las bambalinas de toda esta asquerosa campaña de acoso y derribo al adversario. Legítimo adversario, por cierto.
Pero, aunque puedan alentar y hasta promocionar este tipo de sucias maniobras, no pueden presentar directamente acusaciones como las vertidas contra la mujer de Sánchez si bien se sirven de ellas para sus fines políticos, fines que dejan de ser legítimos por el mero hecho de jalear ese tipo de prácticas de corte mafioso y fascista. Ahora, lo único que puede hacer Feijóo es decir que también se queda porque el presidente es él, pero no quiere serlo (o cualquier boutade por el estilo).
No es normal que pseudosindicatos o asociaciones de raíz franquista puedan ejercer la acusación popular. De hecho, existiendo la Fiscalía, la figura de esa acusación (reservada para quienes no son perjudicados directos) se muestra manoseada y utilizada para una serie de fines como los que, por enésima vez, observamos en esta ocasión. Estamos hablando de Hazte Oír, Manos Limpias o de Solidaridad. Pero ¿qué hay detrás de estas confluencias de ultraderechistas y filofranquistas?
El grupo ultracatólico también ha presentado una querella por tráfico de influencias contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el mismo que abrió diligencias por la denuncia presentada por Manos Limpias. Como la del pseudosindicato Manos Limpias, se basa en informaciones periodísticas no contrastadas o, directamente, falsas, rectificadas y clasificadas como bulos.
Hazte Oír es la organización que puso en circulación autobuses tránsfobos, otros caracterizando a Sánchez como a Adolf Hitler, marquesinas de autobús negacionistas de la violencia de género, la misma que envió a los diputados muñecos de fetos durante la tramitación de la ley del aborto, y la que promueve los acosos frente a las clínicas abortivas.
Es habitual escuchar ese nombre vinculado a denuncias contra dirigentes progresistas y del entorno del independentismo y, sobre todo, a denuncias que no llevan a ninguna parte. Una de las últimas fue contra Pedro Sánchez por la ley de Amnistía, que el Tribunal Supremo inadmitió. El líder de este pseudosindicato, Miguel Bernad, es una figura controvertida no sólo por su ideología (fue dirigente del Frente Nacional constituido, tras Fuerza Nueva, por el franquista Blas Piñar y fue nombrado caballero de honor de la Fundación Francisco Franco), sino también por la gestión de la actividad judicial de la organización.
Manos Limpias utiliza la acusación popular mediante querellas para personarse en casi todos los casos con relevancia mediática. Han disparado contra el PSOE en el caso de los ERE de Andalucía y mantienen una obsesión por lo que llaman “nacionalismos periféricos”: lograron la condena del presidente del Parlamento Vasco, Juanmari Atutxa (y los miembros de la Mesa de esa Cámara, Kontxi Bilbao y Gorka Knönorr), y también fueron acusación popular en el procedimiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra el president Artur Mas por el 9-N.
El sindicato ultra ha presentado más de doscientas demandas desde su fundación, en 1995. La mayoría no han tenido ningún tipo de recorrido judicial, pero una de ellas supuso todo un éxito para Manos Limpias: la citada inhabilitación de Atutxa como presidente del Parlamento Vasco. Recordemos que, con excelso criterio, se negó a disolver al Grupo parlamentario Sozialista Abartzaleak tras la ilegalización de Batasuna. Imputados por desobediencia, terminaron ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por una querella del pseudosindicato fascista, que ejercía la acusación popular.
Oficialmente Sindicato para la Defensa de la Solidaridad con los Trabajadores de España (SPDSTE), es una organización sindical vinculada al partido ultra V 0x. De hecho, el filofranquista Abascal anunció la creación del sindicato el 5 de julio de 2020, y su fundación se llevó a cabo en septiembre del mismo año. Llevando el cinismo hasta límites insospechados, se presentan como “una entidad al servicio de los ciudadanos españoles”, afirmando ser apartidistas y apolíticos, cosa más que demostradamente falsa.
Por simpe higiene democrática se deberían revisar las entrañas de esos grupos fascistas y proceder, por la vía de urgencia, a su ilegalización. De hecho, en la formación ultra de Abascal, no esconden -al manifestarlo en público- que, en el hipotético (por no decir imposible) caso de que ellos gobernasen, no dudarían en ilegalizar a partidos políticos abertzales (“nacionalistas y pro-etarras”), independentistas catalanas (“golpistas y terroristas”), así como a todas las formaciones relacionadas con lo que se conoce como izquierda confederal española. Así, sin anestesia, y extendiendo sus propuestas de ilegalización a sindicatos “vascos, catalanes y comunistas”.
Pero todo esto no es lo más grave (que también), sino que haya un juez dispuesto a admitir a trámite las bravatas judiciales de toda esa fauna cavernaria. ¿Y que le pasará a ese juez? La respuesta es tan corta como sencilla: NADA. ¿Acaso desconocía que, apenas hace tres meses, La Sala de la Penal destacó, al archivar una querella contra el ministro Grande-Marlaska, que el juez “debe decretar la inadmisión de la querella cuando no se ofrecen datos o elementos fácticos, no sirviendo a este efecto la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación”, en relación con una querella formulada por Solidaridad y V 0x se dirigía contra el citado titular de Interior, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y contra diferentes agentes de la Policía Nacional que habían cargado contra los manifestantes ultras que se habían concentrado frente a la sede del PSOE?
Pues no creo que lo desconociese y, de ser así, de igual forma, procedería a la inmediata remoción del titular del juzgado n.º 41 de los de Madrid, Juan Carlos Peinado, en su puesto de trabajo, cosa que nunca ocurrirá. De entrada, ocho recortes de prensa con un bulo componen el cuerpo probatorio de la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, denuncia que ese juez se ha prestado a tramitar.
Chirría, ¿no? A mí mucho. No en vano, el titular del 41 de plaza de Castilla es “aficionado” a admitir denuncias sin recorrido de Manos Limpias. También imputó (investigó) una docena de periodistas de ocho medios de comunicación por una supuesta revelación de secretos relacionados con el sumario de los catalanes Comités de Defensa de la República (CDR). Una causa que se archivó y que tampoco llegó a puerto. Como “curiosidad”, admitió el trámite de una denuncia de V 0x por un posible delito contra el honor de la editorial Santillana. La denuncia se originó por la inclusión en un libro de texto de Historia de Primero de Bachillerato que vinculaba a Vox con el nazismo. El juez lleva nada menos que dos años investigando el caso, realizando diligencias, pero aún no ha tomado una decisión definitiva, por lo que la investigación sigue en curso. En resumidas cuentas, un juez que ha aceptado la denuncia contra Begoña Gómez saltándose la ley para generar influencia política en la opinión pública. Sin más… y sin menos. Muy grave, en cualquier caso.
Mientras, la vida sigue igual y habrá que esperar la siguiente jugada entre togas en esa “Marca España” dónde a Begoña Gómez le pueden investigar por unos recortes de prensa, pero a Juan Carlos Borbón le archivan su causa por fraude fiscal, a Ayuso le archivan su causa por el fallecimiento de 7.291 ancianos en residencias, a M. Rajoy y a Cospedal les exoneran en el Caso Kitchen, como Ana Botella por la venta a bajo precio de miles de viviendas de protección oficial (VPO).
Para finalizar, por lo que por estas tierras vascas comporta, creo que procede recordar que en las Elecciones Autonómicas del pasado 21 de abril, 1 de cada 10 ciudadanas y ciudadanos vascos votaron al corrupto Partido Popular y a su cercano pariente de extrema derecha, mientras que 9 de cada 10 apoyaron a formaciones políticas que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Afortunadamente, por estos lares, la herencia política del dictador genocida Franco -la disimulada y la indisimulada- se nos muestra políticamente residual. Al parecer, Euskadi vota bien.
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