Sobre este blog
En Abierto es un espacio para voces universitarias, políticas, asociativas, ciudadanas, cooperativas... Un espacio para el debate, para la argumentación y para la reflexión. Porque en tiempos de cambios es necesario estar atento y escuchar. Y lo queremos hacer con el “micrófono” en abierto.
Este mes de mayo, en la recta final del curso escolar, las movilizaciones en eduación se extienden por varios territorios del Estado, con huelgas convocadas en Madrid, el País Valencià y también en Andalucía. En nuestra comunidad autónoma, la huelga tiene como objetivo el aumento de las plantillas docentes, como la única medida que puede paliar los importantes déficits de la educación pública y frenar las políticas privatizadoras del gobierno andaluz. A la convocatoria de USTEA, ANPE y CCOO, se han sumado otros sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles, federaciones de familias y diversos colectivos de la escuela pública.
El amplio apoyo que ha recibido la convocatoria de huelga y el masivo seguimiento que esperamos reflejan el hartazgo de la sociedad andaluza ante las políticas de desmantelamiento de los servicios públicos. La llegada al gobierno de la Junta de las derechas ha supuesto una importante acentuación de las políticas de privatización que suponen un grave menoscabo de la educación pública. En los últimos años, hemos sufrido el recorte de casi 2.000 aulas públicas, el estancamiento de la oferta de plazas públicas de FP o la desatención del alumnado con necesidades específicas, por poner solo los ejemplos más tristemente destacados de la gestión de la administración de Moreno Bonilla.
La última huelga educativa en Andalucía tuvo lugar el 4 de marzo de 2019, muy pocos días antes de declararse el estado de alarma debido a la pandemia de covid. Aquella convocatoria, que fue secundada masivamente por la comunidad educativa, estuvo provocada por la entrada en vigor del decreto de escolarización actual. Este decreto está específicamente diseñado para promocionar la expansión de la enseñanza concertada, en detrimento de la escuela pública. Cinco años después, la política educativa del gobierno de la Junta, que tiene en este decreto su principal herramienta, ha provocado la supresión de 1.943 aulas en la red pública, la eliminación de líneas escolares completas e incluso el cierre de centros educativos.
Antonio Vergara y José Antonio Brieva
Antonio Ruiz Sánchez
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