La estafa de los ataúdes en Valladolid, más cerca del juicio: cada acusación representará mínimo a 54 fallecidos

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid ha ordenado a las acusaciones de la estafa de los ataúdes —incineraban cadáveres en ataúdes viejos y reutilizaban los que habían pagado los familiares— que se reagrupen para evitar dilaciones indebidas. Las acusaciones tienen quince días para reorganizarse.

Cada letrado acusador deberá representar a un mínimo de 54 fallecidos con el objetivo de facilitar el desarrollo del juicio, aún pendiente de señalamiento. “Nada impide que los letrados se coordinen con los que finalmente sean designados como representantes del grupo”, señala el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que reconoce que muchos perjudicados ya se han personado “parcialmente agrupados” o “bajo la misma representación, aunque con distinta defensa”.

En febrero de 2024, la jueza de instrucción decretó la apertura de juicio oral y envió el caso a la Audiencia Provincial con una veintena de investigados, entre los que se encuentran los dueños y trabajadores de la funeraria El Salvador y una empresa de ataúdes que colaboró en la trama que cambiazos. Se investigan los delitos de constitución o pertenencia a organización criminal, estafa, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental, según el auto.

Según la Fiscalía el cambiazo se produjo en el 73,08% de las incineraciones realizadas, con 5.973 cadáveres cremados sobre maderas viejas o tapas de féretros antiguos. El Ministerio Fiscal calcula que la familia Morchón, dueña de la funeraria El Salvador, obtuvo unas ganancias ilícitas de cuatro millones de euros.

La Sala Cuarta de la Audiencia considera que, ante la “acumulación de numerosas denuncias”, se debe tener en cuenta que el interés de las víctimas o personas perjudicadas es “esencialmente idéntico” porque sus fuentes de prueba son similares y el destino de las cantidades defraudado es similar. Esta agrupación es “en beneficio” de los acusados y de los perjudicados, cuyo “interés común” es que los culpables obtengan el castigo correspondiente y reparen los daños provocados.

En agosto de 2024, la Guardia Civil localizó sin vida al extrabajador que denunció a la funeraria tras veinte años documentando los cambiazos e intentar extorsionar a su jefe en 2017, Ignacio Morchón Alonso, que falleció en octubre de 2022. 

“Aunque sea distinta la cuantía del posible perjuicio que alegan haber sufrido, todas ellas tienen la misma perspectiva: acreditar la presunta conducta engañosa consistente en el cambio en el féretro adquirido para la incineración de su respectivo familiar o el uso o desvió de las flores adquiridas para el sepelio y la atribución de dicho comportamiento ilícito a todos los acusados, así como posteriormente el hecho de que los beneficios obtenidos por el mismo fueron destinados al enriquecimiento mediante la constitución de sociedades vinculadas al sector inmobiliario”, refleja el auto.

La Audiencia pretende así “simplificar el procedimiento y evitar las excesivas dilaciones”. Contra este auto cabe recurso de súplica en el plazo de tres días.