La reforma de la Ley Publicidad Institucional de Castilla y León sigue adelante con acuerdo de la oposición

La reforma de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León que tramitan las Cortes a instancias de una proposición de ley registrada por Unidas Podemos y respaldada por todos los grupos de la oposición, que ejercen así una mayoría parlamentaria contra el criterio del PP, ha seguido adelante este jueves con la reunión de la Mesa de la Comisión de Presidencia.

Fuentes parlamentarias de los grupos que mantienen el acuerdo han explicado a EFE que las conversaciones de las últimas jornadas han preservado el consenso en torno a la necesidad de modificar este modelo de publicidad institucional y, en concreto, sobre la necesidad de cambiar la forma en que se gestionan los más de 20 millones de euros que aporta anualmente la Junta a Castilla y León Televisión, pero también la regulación sobre el reparto de fondos entre el resto de medios de comunicación.

La previsión es que, una vez que este jueves han recibido la luz verde para ser tramitadas todas las enmiendas presentadas, sea después de Semana Santa cuando los grupos parlamentarios nombren a los ponentes para debatirlas y avanzar en su tramitación antes de que se lleve al pleno esta reforma legislativa.

Freno al informe por escrito que pedía el PP

No ha prosperado la intención del PP de contar con un informe jurídico por escrito para abordar si el contenido de algunas de las enmiendas pueden invadir competencias estatales, pero PSOE y Vox han coincidido al defender lo que suele ser habitual en estos casos, que es contar con un informe verbal.

La oposición considera que esta maniobra del PP buscaba retrasar la tramitación de la modificación legislativa, que se han propuesto agilizar en las próximas semanas, para buscar un modelo de reparto y control de la publicidad institucional diferente al actual.

“Queremos abordar este proceso desde la seguridad jurídica. Y eso requiere un análisis técnico por escrito”, ha resumido el PP en un comunicado, en el que ha incidido en la “complejidad técnica del texto y al volumen de enmiendas” para contar con ese informe jurídicos por escrito.

38 enmiendas

En total, son 38 las enmiendas que suman los grupos parlamentarios de la oposición a esta proposición de Ley de Publicidad Institucional, que se ha convertido en una vía para tratar de modificar el modelo de financiación pública de Castilla y León Televisión y del sistema de reparto de los fondos públicos destinados a campañas de información a través de los medios de comunicación.

La mayor parte de ellas, 19, proceden del Grupo Socialista, mientras que otras 15 corresponden al Grupo UPL-Soria Ya (9 de los sorianistas y 6 de los leonesistas), otras tres son de Vox y una última es del procurador del Grupo Mixto Francisco Igea.

En el caso de las enmiendas socialistas, tratan de acabar con la financiación de medios de comunicación que emitan información falsa o bulos, con la demanda expresa de que los medios financiados cumplan el Código Deontológico de la FAPE, y plantea una serie de criterios para el reparto de las partidas de publicidad institucional.

En concreto, alude a la necesidad de contar con criterios objetivos, de libre concurrencia y transparencia, de asegurar la objetividad y veracidad en los contenidos, y de proteger los derechos constitucionales vinculados a la información, además de plantear iniciativas de evaluación y rendición de cuentas.

En el caso de las audiencias de los medios de comunicación y su reflejo en el reparto de la publicidad institucional, el PSOE plantea que deben atenderse mediciones objetivas, propias de analítica web, mientras que piden también la prohibición de campañas que incluyan mensajes discriminatorios, especialmente en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

Otra de las enmiendas plantea que el Plan Anual de Publicidad Institucional sea aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta y que este documento se someta a los principios de transparencia activa, con su publicación en el Portal de Transparencia.

Las tres enmiendas de Vox persiguen que las limitaciones a la financiación pública de medios de comunicación, por publicación de informaciones falsas de forma reiterada, se basen en resoluciones judiciales, además de plantear un límite de entrega de fondos en concepto de publicidad institucional que sería equivalente como máximo al 33 por ciento de la cifra de negocio anual de cada medio de comunicación, para evitar una influencia excesiva.

Además, la tercera de las enmiendas de Vox se centra en plantear un nuevo modelo para la financiación de Castilla y León Televisión, con la creación de un Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre que garantice su independencia y neutralidad editorial, el establecimiento de objetivos de audiencia para considerar satisfechas las funciones de servicio público y la evaluación trimestral sobre el cumplimiento de los acuerdos de servicio público.

Por su parte, UPL y Soria Ya coinciden en reclamar una limitación de financiación para aquellos medios de comunicación que comprometan su credibilidad y veracidad con la proliferación de noticias falsas, además de promover una mayor transparencia en su entrega y distribución, con criterios que primen el acceso a información veraz en todos los territorios en condiciones de igualdad.

Por su parte, Igea resume su planteamiento sobre esta normativa en la necesidad de que la Junta no financie ni subvencione medios de comunicación privados al margen de la Ley de Publicidad Institucional y que, en el caso de la televisión, sean liquidados los contratos actuales.