Castilla y León prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional por el reparto de menores migrantes

La Junta de Castilla y León ha avanzado que acatará la norma que será convalidada en el Congreso de los Diputados sobre el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias. Sin embargo, según ha anunciado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, acudirá al Tribunal Constitucional para recurrir esta decisión.

Isabel Blanco ha señalado que se trata de una norma “injusta e impuesta” desde el Gobierno nacional, sin negociación, a las comunidades autónomas. La Junta señala que “no ha sido una ley negociada”, que solo busca satisfacer “a los socios separatistas” del Gobierno, y que además “invade competencias de las comunidades”.

Son 309 los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias que corresponderían a Castilla y León, que ha señalado que tiene una “sobreocupación de plazas para esos niños”. “Mercadear con los menores, los niños y niñas que están en Canarias, no es aceptable”, ha sostenido la vicepresidenta de la Junta.

En las últimas semanas, Vox ha tendido la mano al presidente Alfonso Fernández Mañueco a negociar los presupuestos de Castilla y León con la condición de “rechazar” las políticas de inmigración aprobadas por el gobierno. Fernández Mañueco hizo un gurruño con la hoja de papel que David Hierro, portavoz parlamentario del partido de ultraderecha, le había dejado en el atril de las Cortes.

El discurso racista de Vox se ha acrecentado en las últimas sesiones plenarias, donde se han quedado solos en su petición de realizar radiografías de la cresta ilíaca de la cadera de los menores migrantes que lleguen a Castilla y León. Todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, mostraron su rechazo.