Euskadi regulará por decreto la conversión de edificios industriales y lonjas vacías en viviendas habitables

En paralelo a la ley con medidas urgentes, anunciada en marzo pero aún no presentada a pesar de que se dio como referencia la Semana Santa, el área de Vivienda del Gobierno vasco trabaja también en un decreto igualmente urgente con otro paquete de iniciativas para capear la “emergencia habitacional” que vive Euskadi. En concreto, se plantea destinar el 50% de las adjudicaciones de pisos protegidos a jóvenes, “impulsar la reconversión total o parcial de edificios de uso industrial o terciario como viviendas, así como los locales comerciales en plantas bajas”, y ampliar los beneficiarios potenciales de programas como Gaztelagun, Bizigune o Asap, así como los umbrales para ver reconocido el derecho a una vivienda.

Fuentes del Departamento de Vivienda, dirigido por el socialista Denis Itxaso, explican que se trata de dos procesos “complementarios”. Por un lado, las medidas más “estructurales” precisan de una modificación legislativa y de retocar normas ya en vigor como las de Vivienda o de Suelo. Eso se sustanciará en una propuesta firmada por los dos partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, que verá la luz próximamente. Ya se ha anunciado que se quiere, por ejemplo, flexibilizar plazos para todo tipo de trámites, habilitar las posibilidades de control en las zonas tensionadas, que cada vez son más, o incluso autorizar “levantes”, es decir, poder construir más plantas en edificios ya existentes.

Pero, por otro lado, el Ejecutivo entiende que puede modificar por decreto otros programas y requisitos. Admite que el borrador de este reglamento, al que ha tenido acceso este periódico, está en una fase “muy embrionaria”, por lo que no hay una fecha concreta para su promulgación.

“La situación de emergencia habitacional en Euskadi, especialmente para las personas jóvenes, obliga a las Administraciones públicas a actuar con urgencia y eficacia. El actual contexto social y económico requiere que la normativa se adapte rápidamente [...] con el objetivo de facilitar el acceso de las personas a una vivienda digna y adecuada”, argumenta el preámbulo del borrador del decreto. Y se agrega: “No existe una única medida. Dicho objetivo requiere de la disposición de múltiples medidas que incidan en el acceso a la vivienda, como la priorización de las personas jóvenes en el acceso a la vivienda, la puesta en disposición de más viviendas de protección pública o asimiladas en régimen de arrendamiento, la mejora en la rehabilitación o la mejora de los programas de captación de viviendas libres para su puesta a disposición en arrendamiento”.

En total, son doce las medidas que se plantean, aunque el Gobierno recalca que el decreto está en una fase “muy inicial” -se presentó el 4 de abril- y que podría sufrir aún muchos cambios. También tiene que recibir todavía los informes de diferentes órganos internos y de control, particularmente en lo tocante a las medidas que requieran más fondos, como la mejora de los programas de ayudas.

La primera propuesta es “incrementar el porcentaje de viviendas de protección pública o asimiladas destinadas a personas jóvenes al 50% de las viviendas en proceso de adjudicación”. No se precisa qué se considera “joven” pero en recientes programas y modificaciones fiscales se ha elevado el umbral hasta los 36 años, por ejemplo.

Por otro lado, se plantea modificar al alza los ingresos máximos para el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda. Esto fue reconocido en Euskadi en 2015 en desarrollo de la previsión constitucional. Quedarían en 20.000 euros para familias de tres o más miembros, 18.000 para parejas y 14.000 para personas solas. Se trata de cantidades “ponderadas”, es decir, no se corresponden con los ingresos reales en euros. El Gobierno ofrece una calculadora para lograr esa cantidad. Ahora son 19.000, 17.000 y 13.000, respectivamente. El derecho se puede sustanciar en la adjudicación de un piso en alquiler con renta social o, si no es posible, con la asignación de una prestación de 300 euros mensuales.

Vivienda quiere ampliar también el programa Gaztelagun, que son las ayudas para el alquiler de jóvenes. También son de 300 euros. En la línea del programa complementario Emantzipa, que ya ha sido retocado por la parte del PNV del Gobierno vasco, se elevarán los umbrales de renta para poder solicitarlo. La propuesta pasa por dejarlos en 30.000 euros para las personas solicitantes a título individual, en 36.764 para parejas o familias y en 39.184 euros para familias numerosas. Ahora son 27.687, 33.902 y 36.163 euros, respectivamente.

Igualmente, se detectó que los límites de alquiler mensual establecidos eran contraproducentes en ciudades como Donostia. Se había limitado a un precio tope el tipo de casa subvencionable para evitar sufragar pisos suntuosos, pero la carestía en el mercado libre hacía que en la práctica fuera imposible acceder a las ayudas. Ahora se aceptarán alquileres de hasta 900 euros en la capitales, de 800 en las áreas metropolitanas de Bilbao y Donostia y en los municipios de más de 10.000 habitantes y 750 en el resto de municipios.

También se desea retocar los programas Bizigune y Asap. Ambos se fundamentan en captar viviendas vacías del mercado libre para sumarlas al parque protegido y ofrecerlas en alquiler social. El Gobierno ejerce de casero y a cambio de un canon garantiza los pagos y la buena conservación de la propiedad privada. Sin embargo, con la subida de precios esa contraprestación se había quedado fuera de mercado en algunos supuestos.

El Gobierno plantea “incrementar el canon que se abona a las personas propietarias de viviendas adscritas al programa de vivienda vacía Bizigune al 80% de la renta de la vivienda calculada al precio medio del mercado, con un máximo de 700 euros mensuales”. En el caso de Asap, se ubicarán en 900, 800 ó 750 euros “en función de la ubicación”, aunque no se dan más precisiones por el momento. Asimismo, los ingresos para acceder se fijarán en 28.860,62 euros (ponderados) y 45.022,57, respectivamente.

El decreto aspira también a poder incrementar las posibilidades de disponer nuevas viviendas. Para ello, se cita la idea ya formulada en comparecencias públicas de “impulsar la reconversión total o parcial de edificios de uso industrial o terciario como viviendas, así como los locales comerciales en plantas bajas en edificios residenciales con el objetivo de ampliar el parque de vivienda en régimen de arrendamiento”. Se apuesta igualmente por “mejorar las condiciones para las ayudas de fomento al alquiler en relación con la promoción de viviendas en régimen de arrendamiento”.

Otros retoques buscan mejorar la adjudicación de una casa a “víctimas de la violencia machista, víctimas del terrorismo, personas con derecho a realojo por actuaciones urbanísticas y personas de especial vulnerabilidad en situación de desahucio judicial”. También “eliminar la necesidad de constituir una hipoteca unilateral a las personas beneficiarias de ayudas directas igual o superiores a 6.000 euros por actuaciones protegidas de rehabilitación para garantizar la no disposición voluntaria de dichas viviendas en el plazo de diez años”. Y, finalmente, “eliminar las medidas financieras para la instalación o cambio de calderas alimentadas con combustibles fósiles”.