El 60% de las solicitudes de información de Vox en el Parlamento Vasco cuestionan los derechos de los extranjeros

El 59% de las solicitudes de información y el 41% de las iniciativas totales de Vox en el Parlamento Vasco incorporan un cuestionamiento de los derechos de los ciudadanos extranjeros, según el recuento realizado por este periódico a la luz de los datos públicos del registro parlamentario. “El extranjero goza de una total protección, tanto política como mediática”, ha llegado a verbalizar desde la tribuna la única representante de la formación de ultraderecha, Amaia Martínez Grisaleña, que obtuvo por vez primera un escaño en 2020 y que lo revalidó en 2024. También manifestó en una entrevista que ella no podía ser xenófoba o racista porque tiene compañeros de partido “de color”.

Vox acumula en lo que va de legislatura y hasta el 11 de abril 37 iniciativas sumadas las preguntas para su respuesta escrita y las solicitudes de documentación. En 22 de ellas se introduce directa o indirectamente la variable de la nacionalidad. Así, hay peticiones expresas sobre “lengua árabe” y “cultura marroquí” en los colegios, sobre menús “halal” en centros educativos y hospitales o sobre percepción de ayudas sociales, pero también se llega a pedir del desglose de cuántos usuarios con tratamiento de diálisis proceden de otros países. Si a ello se le incorporan las preguntas e interpelaciones orales y las mociones o proposiciones no de ley que eleva a votación del pleno, la cifra es de 36 de 88.

En la campaña electoral, por ejemplo, Vox ya intentó colar que la mitad de las prestaciones asociadas a la renta de garantía de ingresos (RGI) iban a parar a extranjeros cuando “nuestras” viudas y “nuestros” pensionistas no llegan a fin de mes. Ello lo aderezó con alusiones a un pretendido “efecto-llamada”. En uno de los informes solicitados al respecto, el Gobierno le mostró cómo el 65% de los preceptores de la conocida como RGI eran españoles. No consta que el líder de Vox, Santiago Abascal, se opusiera en nada a la creación de la RGI, algo que se produjo cuando parlamentario vasco con el PP.

Martínez Grisaleña, que no ha realizado ni una sola petición de información sobre contratos públicos o denuncias de irregularidades como sí hacen el resto de grupos de la oposición, EH Bildu, PP y Sumar, insiste también en asociar criminalidad e inmigración y esto lo ha colado en numerosos debates. “El pacto de silencio sellado entre los poderes públicos y los medios de comunicación para ocultar la realidad delictiva de las personas extranjeras es clamoroso. Su objetivo forma parte de una estrategia conjunta que se basa en el buenismo político y mediático que esconde una motivación exclusivamente electoral. Pretenden que nos comportemos como simples ovejas, incapaces de cuestionarnos la realidad y sin herramienta alguna que pueda amparar el más mínimo espíritu crítico. Se busca anular cualquier capacidad de pensamiento propio y eliminar toda masa crítica”, ha llegado a decir en el Parlamento la representante de Vox.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, le ha pedido mesura en reiteradas ocasiones. En general, todos los partidos salvo el PP se niegan a participar en debates promovidos por Vox en el pleno, aunque los miembros del Gobierno sí le responden tanto a las preguntas orales como a las escritas. Martínez Grisaleña, eso sí, es excluida de las reuniones institucionales, como la que tuvo lugar este pasado lunes para analizar la situación económica.