Donostia apremia al Gobierno de Sánchez para la cesión del palacio de La Cumbre y su resignificación como espacio de memoria

El pleno del Ayuntamiento de Donostia ha pedido esta semana al Gobierno de Pedro Sánchez que acelere la cesión del palacio de La Cumbre, donde en 1983 los GAL encerraron y torturaron a Joxean Lasa y Joxi Zabala. La moción ordinaria, que ha contado con los votos a favor de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin y con la oposición del PP, apremia al Gobierno de Sánchez a tramitar la cesión del edificio y sus terrenos para reconvertir el espacio en un lugar de memoria. Durante el debate, el PSE-EE ha dado a conocer que ya se ha esbozado el primer borrador del convenio entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Ayuntamiento de Donostia.

El alcalde de la ciudad, Eneko Goia, ha intervenido en el pleno de esta semana en el turno del PNV y ha subrayado que “todos los movimientos” relacionados con el palacio de La Cumbre los ha llevado a cabo el Ayuntamiento. Ha apuntado a una reunión y dos comunicaciones escritas recientes con el secretario de Estado para abordar el asunto. En más de una ocasión, el alcalde se ha congratulado que la moción haya partido del acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos con representación en la ciudad.

Juan Karlos Izagirre, de EH Bildu, ha pedido que no se olvide el objetivo de la cesión, que se acordó cuando él era alcalde de la ciudad: recuperar la memoria histórica y reconocer a las víctimas del Estado. “Es una oportunidad inigualable para Donostia”, ha comentado. Se ha alegrado, asimismo, de que cuatro formaciones políticas hayan llegado a un acuerdo, lo que permitirá pedir con fuerzas redobladas al Gobierno de España que se lleve a cabo lo firmado en 2022.

“Compartimos el objetivo de recuperar espacios con carga histórica y simbólica”, ha secundado Iñigo García, del PSE-EE, que ha recordado que la ley de Memoria Democrática fue impulsada en España por un Gobierno del PSOE. “Una ley cuyos principios son la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición”, ha incidido. “Entendemos la importancia de que este edificio, vinculado históricamente a episodios oscuros de vulneración de derechos humanos, sea resignificado y puesto al servicio del conjunto de la ciudadanía”, ha defendido. Ha señalado, además, que el Ayuntamiento de Donostia debe desempeñar un papel fundamental en ese proceso: “No se trata solo de recordar, sino de construir”. Ha recordado, aun así, que una cesión de este tipo “no es un trámite inmediato ni automático”.

Arantza González García, de Elkarrekin, se ha congratulado del amplio apoyo que ha suscitado la moción. Ha instado, aun así, a los partidos del Gobierno municipal a no solo esperar, sino también a impulsar “de forma decidida” que la cesión de La Cumbre se haga efectiva “más pronto que tarde”.

El PP, por su parte, ha expresado un “firme rechazo” a la moción. “Queremos denunciar que esta cesión no ha sido fruto de un proceso ni transparente ni participativo. Se enmarca en una negociación unilateral llevada a cabo por el Gobierno de España y EH Bildu, a espaldas del Ayuntamiento de San Sebastián, legítimo responsable de todos los donostiarras”, se ha quejado Jorge Mota Iglesias. “Es grave y lamentable que una decisión de tal magnitud haya sido negociada en despachos de Madrid sin la participación de ningún grupo político de este Ayuntamiento”, ha añadido. El PP, ha explicado, no se opone a que los espacios públicos giren beneficios a los donostiarras y ha adelantado que, de salir adelante la cesión, estarán a favor de que los jardines del palacio de La Cumbre estén abiertos al disfrute de los ciudadanos. “No podemos avalar ni legitimar una moción que pretende blanquear una forma de actuar profundamente antidemocrática y opaca”, ha lamentado. Ha aludido a “una utilización interesada de la memoria democrática para fines políticos” y ha apelado al consenso.

Goia ha respondido al PP. Ha asegurado que él mismo fue el más crítico con la forma en la que EH Bildu gestionó la cesión, pero que ahora “sería estúpido” desaprovechar la ocasión. “Los únicos movimientos que hasta la fecha se han realizado los ha realizado este alcalde”, ha recalcado con respecto a sus gestiones. “Usted, que es tan español y tiene tanto respeto por la ley española y el Congreso de los Diputados, debería saber que esta disposición está recogida en una ley española, votada y aprobada por la representación popular española. Ni falta de transparencia ni falta de democracia”, le ha espetado al representante del PP.

Entre 12.000 y 18.000 metros cuadrados

Construido hacia 1862, el palacio se encuentra en una finca de entre 12.000 y 18.000 metros cuadrados, en función de la fuente. En 1944, fue adquirido por el Estado, en concreto por Exteriores. El dictador tenía predilección por Donostia y fue una más de sus instalaciones estivales. En el archivo de la Kutxateka constan imágenes de recepciones allí de Carmen Polo, esposa del jefe del Estado, o de Luis Carrero Blanco, su delfín. Con el cambio de régimen, el espacio quedó en desuso. En 1981, la hemeroteca recoge que se produjo una estancia del entonces jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, y de su entonces esposa, Sofía. El espacio tuvo que ser amueblado de urgencia al encontrarse vacío. Trajeron el material del palacio de Miramar y Juan Carlos I dijo estar viendo “visiones” ya que él estuvo formándose tres décadas antes en aquel lugar y estaba rodeado de los mismos muebles que cuando era un niño, según recogió 'El Diario Vasco'.

En 1983, el palacio fue traspasado de Exteriores a Interior. Pocos meses después, se produjeron los hechos más graves que se han registrado en la finca. Agentes de la Guardia Civil que conformaban el denominado GAL 'verde' secuestraron a los supuestos miembros de ETA Joxean Lasa y Joxi Zabala y los ocultaron en el sótano del palacio. Según 'El País', una guarnición de entre 16 y 18 agentes perfectamente coordinados con los mandos de Intxaurrondo se encargaba de las vigilancias y de los interrogatorios bajo tortura. Lasa y Zabala, después, fueron trasladados a Alicante, donde fueron enterrados en cal viva. En 1985 aparecieron los restos y en 1995 fueron identificados. Después del episodio de Lasa y Zabala, gobernadores civiles de Gipuzkoa –precisamente socialistas– utilizaron La Cumbre como residencia. En la actualidad, sus usos por parte del Estado son muy limitados, según antiguos cargos de la Delegación del Gobierno.