La Junta Castilla y León acusa al Gobierno de “imponer” el reparto de menores migrantes por “miedo” a las autonomías

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco (PP), ha acusado al Gobierno de “imponer” el Real Decreto para el reparto de menores migrantes no acompañados. “Era un paripé esta conferencia sectorial. Es una auténtica vergüenza que se le hurte a las comunidades el poder votar”, ha señalado.

A la salida de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Blanco ha asegurado que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego no ha dejado votar a las comunidades autónomas, ya que lo “único” que quería el gobierno es “imponer sus decretos y criterios”.

La consejera de Familia también ha criticado la falta de diálogo ante el “miedo” del gobierno a que las comunidades se manifiesten por las cifras de menores que tendrán que acoger. La explicación dada por el Gobierno, según ha relatado Blanco, es que como el Gobierno entendía “que no había unanimidad, no se votaba y se activaba el decreto”. “Es auténtica vergüenza”, ha apostillado.

Blanco ha reprochado que la aprobación “automática” del decreto se ha hecho sin dar datos a las autonomías. La vicepresidenta ha acusado al gobierno de ceder ante “los chantajes de sus socios separatistas, con el agravante de que no nos han dejado votar”. Para la vicepresidenta de la Junta, al anular la votación, Rego ha evitado que una “previsible” derrota de la posición del Gobierno y sus socios.

La consejera de Familia también ha criticado la falta de diálogo ante el “miedo” del gobierno a que las comunidades se manifiesten por las cifras de menores que tendrán que acoger.

Antes de entrar a la reunión, Blanco ha afirmado que el carácter urgente de la reunión no tenía sentido alguno, ya que, en primer lugar, la titular del Ministerio competente ya adelantó tal convocatoria hace prácticamente tres semanas, perdiendo así el carácter.

Para Blanco esto se debe a que es una excusa para no aportar información sobre los datos que les han remitido todas las comunidades autónomas para que, a partir de ellos, se establezca el número de menores no acompañados que se van a distribuir por cada territorio y, por tanto, ni tal número de menores ni la correspondiente financiación, según ha explicado la Consejería de Familia en una nota de prensa.

En cuanto al propio Real Decreto–Ley, la vicepresidenta y consejera ha recordado que Castilla y León es una de las comunidades que va a presentar recurso de inconstitucionalidad ante lo que se considera una invasión de competencias.

El Gobierno da diez días para actualizar las cifras de menores

La versión de Rego difiere a la presentada por Blanco. Según ha recogido elDiario.es, la ministra ha señalado que las comunidades del PP han llevado “cero propuestas”. Es por eso que ha emplazado las autonomías reacias a actualizar las cifras de menores que acogen a que lo hagan en el plazo de 10 días. Hay que recordar que el real decreto fue aprobado por el Congreso en abril con la oposición de PP y Vox.

Una vez vencido el plazo, el Ministerio va a establecer la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de cada uno de los territorios y a partir de ahí harán una propuesta, según ha indicado la ministra.