Un juzgado investiga si funcionarios de la cárcel facilitaron un móvil a la asesina del niño Gabriel a cambio de sexo

Un juzgado de Ávila mantiene abierta una investigación contra varios funcionarios de la cárcel de mujeres de Brieva por un delito de cohecho que habría sido cometido al facilitar un teléfono móvil a la reclusa Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018. Los investigadores creen que los funcionarios mantuvieron relaciones sexuales con Quezada a cambio de facilitarle el terminal. Patricia Ramírez, madre del niño, denunció hace ahora un año que Quezada tenía un teléfono en la prisión y estaba usándolo para preparar un documental sobre la muerte del niño.

La investigación, desvelada por El País y confirmada por fuentes oficiales a elDiario.es, fue abierta hace casi un año por el juzgado de instrucción 4 de Ávila, tras una denuncia de la Guardia Civil. Quezada no sólo habría logrado introducir un móvil en la prisión, sino que lo habría usado para grabar sus encuentros sexuales con la finalidad de chantajear a la dirección de la prisión y conseguir un traslado a Barcelona, según las pesquisas, basadas en testimonios de reclusas, un educador social y la actual pareja de Quezada, quienes habrían relatado que el funcionario que le entregó el terminal avisaba a Quezada para que lo escondiera antes del registro de la celda.

El funcionario habría sido detenido el 4 de septiembre como supuesto autor de un delito de abuso de función pública. En cambio, no están siendo investigados ni Quezada ni el cocinero de prisión, supuesto cómplice para la entrega del móvil. El Juzgado sigue practicando diligencias para determinar si existen más implicados en los hechos denunciados, según explican fuentes judiciales.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por elDiario.es Andalucía explican que hay un procedimiento disciplinario abierto y suspendido a la espera de lo que resulte del procedimiento judicial. .

La madre denuncia “desprotección institucional y judicial”

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz (Pescaíto), denunció hace ahora un año que Quezada se había hecho con un móvil en la prisión y estaba usándolo para avanzar en la preparación de un documental. Inició entonces una lucha en dos frentes: uno particular, denunciando la situación con Quezada en la cárcel de Brieva y el intento de grabar un documental sobre el caso instrumentalizando su dolor, según expuso; y otro público, reclamando un nuevo marco de protección de víctimas de delitos violentos como ella o Ruth Ortiz, madre de los dos niños asesinados por José Bretón y un “tratamiento mediático adecuado” de las noticias de sucesos. En una comparecencia inédita en el Senado, Ramírez reclamó un pacto de Estado para regular los contenidos true crime cuando afectan a víctimas de delitos graves y sus familias.

Ramírez ha convocado una rueda de prensa para este miércoles, en la que denunciará públicamente una situación de “desamparo y desprotección institucional y judicial”. En la convocatoria anuncia que abordará lo que considera una “vulneración de derechos” en el marco del Estatuto de la Víctima, normativa europea y legislación afín, así como posibles irregularidades en el centro penitenciario donde cumple condena Ana Julia Quezada.

La mujer ha denunciado en reiteradas ocasiones el dolor añadido que le ha supuesto conocer que la asesina de su hijo habría intentado justificar su participación en dicho documental para obtener ingresos con los que pagar la responsabilidad civil impuesta por la condena o ayudar a su familia.

Además, recientemente se ha pronunciado contra la publicación de libros o productos culturales basados en entrevistas con autores de crímenes especialmente graves, como en el caso de José Bretón, condenado por el asesinato de sus hijos en Córdoba.