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La Justicia anula el concurso de radios de Castilla y León que otorgaba un tercio de las frecuencias a emisoras religiosas

Micrófonos de radio

César Aldecoa

Valladolid —
8 de mayo de 2025 11:05 h

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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sociedad Española de Radiodifusión, S.L. contra la Orden MTD/1854/2022 de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, y la ha declarado nula de pleno derecho, lo que significa que pierde toda validez legal.

Esta orden resolvía el concurso público convocado en 2020 para el otorgamiento de 138 licencias de radio FM de titularidad privada en la Comunidad Autónoma. En total, estaban en disputa 138 licencias en 44 municipios de las nueve provincias de Castilla y León. La cadena religiosa Radio María fue la principal adjudicataria con 27 emisoras. Y entre las principales adjudicatarias aparecía otra cadena religiosa, La Undécima Hora, vinculada a la Iglesia Adventista a través de la asociación Nueva Esperanza, que obtuvo 8 licencias. Entre ambas se llevaron casi una de cada tres licencias en disputa.

En el año 2020, la Junta convocó este concurso con 138 licencias en juego, que ya fueron ofertadas con este procedimiento en 2011, un proceso que fue suspendido en 2013 por la presentación de un recurso contencioso-administrativo. En el 2023, un recurso de Castilla y León Radio SA, cuya administradora es Adriana Ulibarri, hija del constructor y empresario de medios de comunicación condenado en Gürtel, José Luis Ulibarri, paralizó la adjudicación definitiva de las 124 licencias - las otras 14 quedaron desiertas al no presentarse ninguna solicitud - de radio en Castilla y León.

La Sociedad Española de Radiodifusión impugnó esta orden y alegó irregularidades sustanciales. Su denuncia se centra en que se otorgaron licencias a entidades como Radio María y La Undécima Hora, que ofrecen programación religiosa, sin publicidad comercial, y están financiadas por donativos. Esto, según el recurso, violaría los requisitos del concurso, que exigía prestar servicios radiofónicos comerciales.

El Tribunal Supremo, sin embargo, ha aclarado que las asociaciones sin ánimo de lucro sí pueden prestar servicios audiovisuales comerciales y participar en estos concursos, siempre que su oferta cumpla con los requisitos comerciales establecidos en las bases. No obstante, la sentencia también señala que la concesión a Radio María fue anulada por falta de viabilidad financiera (más del 99% de sus ingresos provienen de donativos).

Como resultado del fallo conocido este jueves 8 de mayo, el tribunal ha declarado nula de pleno derecho la adjudicación de las 124 licencias, lo que se traduce en que pierde toda validez legal como si nunca hubiera existido. En consecuencia, el Tribunal ordena a la Junta de Castilla y León que emita una nueva resolución de adjudicación de todas las licencias del concurso. Además, impone las costas procesales a la Administración demandada, aunque con 2.000 euros de límite.

La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante la misma Sala en el plazo de 30 días, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y los criterios del Tribunal Supremo. Una vez que la sentencia sea firme, se deberá publicar el fallo en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y notificarlo a todas las partes implicadas.

La Junta estudiará si recurre la sentencia

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha asegurado este jueves que acata y respeta la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia y que anula la Orden por la que el Gobierno autonómico adjudicó 138 licencias de radio, aunque posteriormente ha añadido que estudiarán “si es oportuno o no el recurso”, para el que dispone de un plazo máximo de 30 días.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha deslizado que se trata de una orden “similar” a la de otras autonomías donde no ha sido objeto de anulación judicial.

Sobre los efectos inmediatos de la resolución, Carriedo ha detallado que de ella “no se deriva” que algunas de las radios que obtuvieron estas licencias tengan que dejar de emitir, aunque ha reconocido que “muchas” de ellas ni si quiera han empezado a operar, pese a que se les fueron otorgadas a finales de 2022.

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