La consejera Amaia Barredo defiende que Alfonso Arriola, condenado por corrupción, no merece “cadena perpetua”

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, del PNV, es inflexible con los tiempos en las intervenciones en las sesiones de control al Gobierno. Incluso si quien tiene la palabra es de su partido. Así, ha recriminado este viernes a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, que quisiera persistir en su alegato a favor del funcionario de su equipo Alfonso Arriola, exmiembro de su partido condenado por corrupción y que recientemente ha pasado a gestionar convocatorias de ayudas forestales. Cuando le han retirado la palabra, Barredo empezaba a acusar a EH Bildu -y al PP- de pretender una “cadena perpetua” para quien no está inhabilitado para ser empleado público por los delitos que cometió en el marco del 'caso De Miguel', por el que llegó a ser detenido en 2010 por la Ertzaintza.
Fruto del parón en las sesiones parlamentarias de casi un mes por la concatenación de Semana Santa, Pascua, San Prudencio y el Primero de Mayo, esta noticia de comienzos de abril ha llegado ahora a la Cámara. Y Barredo ha insistido en que Arriola, que cometió un delito de prevaricación para facilitar el cobro de comisiones ilegales de su compañero de partido Alfredo de Miguel, ocupa la posición que ocupa por haber obtenido una plaza en una convocatoria objetiva y abierta, no por “libre designación” o motivos políticos.
Pero ha ido más allá. Ha afirmado por dos veces que Arriola “ha cumplido ya su condena” cuando, aunque no le afecte para ser funcionario, tiene inhabilitaciones para otros ámbitos de cuatro años en un fallo firme, según la pieza de ejecución emitida por la Audiencia Provincial de Álava el 15 de marzo de 2023. También en que hay quien buscar “mezclarlo todo” y buscar una “cadena perpetua” para Arriola. No se ha escuchado qué más ha querido decir porque Tejeria le ha retirado la palabra.
Se da la circunstancia de que el tono de Barredo es diferente al que habían empleado tanto el lehendakari, Imanol Pradales, como el portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi. El uno, en 'El Correo', aseguró que la designación para gestionar ayudas de un condenado por corrupción no era “edificante” aunque fuese “administrativa” y no política. El otro, en Radio Vitoria, añadió: “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas”.
La consejera ha insistido en la idea de que la plaza obtenida por sus méritos por Arriola lleva aparejada sí o sí la gestión de ayudas. De hecho, ha indicado que a los programas actuales que gestiona le corresponderán más en el futuro por el mismo motivo. Tiene vigentes todos sus “derechos” como funcionario para promocionar y hacer su carrera, ha manifestado también.
Lamia Arcas, de EH Bildu, ha formulado la preguntas a Barredo sobre Arriola. Según su tesis, el puesto funcionarial no debería comportar indefectiblemente que presida comisiones de asignación de ayudas públicas. Arcas ha añadido que hay una voluntad política de “proteger” y “premiar” a un condenado por corrupción. “Mientras estén en el poder con su mayoría absoluta, seguirán utilizando en beneficio de los suyos todos los instrumentos”, ha sentenciado.
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