Alfonso Arriola mantiene vigente una condena por corrupción hasta marzo de 2027 aunque pueda ser funcionario

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, verbalizó en hasta dos ocasiones en la última sesión de control al Gobierno celebrada este viernes en el Parlamento Vasco que Alfonso Arriola, funcionario del Gobierno a su cargo, había “cumplido” ya su condena por corrupción. Sin embargo, dos fuentes judiciales rechazan esta afirmación y confirman que no, que sobre Arriola sigue pesando hasta marzo de 2027 una pena de inhabilitación aunque eso no le impida legalmente ser empleado público en la Administración general y, como se ha conocido ahora, gestionar programas de ayudas públicas.

Los comentarios de Barredo se produjeron en el Parlamento Vasco como respuesta a una pregunta de EH Bildu. “Esta persona, efectivamente, fue acusada, fue juzgada y fue condenada. Y ha cumplido su pena. Una pena que no le ha inhabilitado, además, en ningún momento a desempeñar el cargo de funcionario del Gobierno vasco”, expuso la consejera del PNV. Pocos minutos después, insistió: “No sé por qué a usted le puede generar alguna duda la interpretación de su inhabilitación. Esta persona, además, ya ha cumplido su pena”. Después, acusó a EH Bildu –y también al PP– de buscar una “cadena perpetua” para Arriola. La presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, cortó los comentarios que estaba haciendo Barredo sobre Arriola porque su tiempo se había agotado.

Arriola, exmiembro del PNV alavés, era director gerente del parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública autonómica. Desde esa posición, como se acreditó en un juicio, facilitó que el ex 'número dos' de su formación, Alfredo de Miguel, manipulara adjudicaciones para recaudar comisiones ilegales. Por ello, se dio por probado que cometió un delito de prevaricación. No comportó la entrada en prisión –a diferencia de lo que le ocurrió a De Miguel, por ejemplo– pero sí una inhabilitación.

El fallo, textualmente, acota esa imposibilidad de ocupar “cualquier cargo” a “sociedades participadas por capital público”. Por eso, nada ha impedido que pueda ser funcionario de la Administración general y promocionar en un proceso interno hasta lograr una plaza con responsabilidad para gestionar programas de ayudas, como ha sido el caso. De hecho, podría ser incluso consejero, ironizan las fuentes consultadas. Sin embargo, eso no hace que haya “cumplido” su pena. No podría recuperar su puesto en Miñano. Pero tampoco ir a Hazi, Neiker, Elika o Puertos, las entidades que cuelgan del organigrama de Barredo.

Eso solamente podría ocurrir a partir del 15 de marzo de 2027, siempre según estas fuentes judiciales. Ese día se cumplirán los cuatro años fijados en el auto de ejecución de pena emitido por la Audiencia Provincial de Álava el 15 de marzo de 2023 y que hizo firme la sentencia de enero de ese año emitida por el Tribunal Supremo. Entonces, se dictará una resolución que determine eso, que ya quedarían liquidadas todas las responsabilidades por su participación en el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. El aludido tiene derecho a recibir una notificación oficial.

Fuentes del equipo de Barredo matizan que, en todo caso, Arriola “lleva quince años sin desempeñar cargos de libre designación” y que eso es lo revelante. Explican que tras su detención “al conocerse las imputaciones” salió de su puesto como asesor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, donde había sido recolocado tras salir de Miñano. Después, “por propia iniciativa” ha regresado a su plaza de funcionario. “La sentencia le inhabilita para empleos o cargos públicos en sociedades participadas por capital público. Desde 2010 que solicitó el reingreso no ha ocupado puestos de estas características. Es a lo que se refería la consejera en su intervención”, abundan desde el Gobierno.

La consejera, en todo caso, tendrá que dar más explicaciones sobre Arriola. Están pendientes de ser respondidas tres peticiones de documentación realizadas por EH Bildu en el Parlamento Vasco sobre los dos programas de ayudas a cuyo frente estará el funcionario. Y hay una cuarta registrada este mismo lunes. De nuevo la parlamentaria Lamia Arcas, que en esta legislatura ha asumido la portavocía para los casos de irregularidades y transparencia, quiere que se aclare si el hecho de que Arriola presida comisiones para el reparto de ayudas públicas es un automatismo por la plaza funcionarial que ha logrado o si, por el contrario, ha sido una decisión adoptada por alguien. La coalición sostiene que el PNV sigue protegiendo e incluso “premiando” a los condenados del 'caso De Miguel'. El PP también ha mantenido tesis similares.