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Euskadi acuerda con el Estado en la homologación de títulos pero avisa de un posible recurso al decreto universitario

La consejera María Ubarretxena, con la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, y con su compañera Begoña Pedrosa

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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Una de cal y otra de arena. El consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, tiene dos grandes asuntos pendientes con el Gobierno central. Y así como en uno de ellos, el tocante a la competencia de la homologación de títulos extranjeros paralizada por el Tribunal Supremo, ha logrado un “acuerdo verbal” para facilitar los trámites a las 200 personas afectadas, en el otro, el relativo al decreto estatal para frenar la creación de Universidades privadas, aún no. Confía en que las alegaciones críticas presentadas prosperen porque, de lo contrario, tocaría interponer un recurso, aunque esta vez el Ejecutivo iría al Tribunal Constitucional por “invasión de competencias”, según ha explicado su compañera portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena.

En el caso de la competencia para la gestión de la homologación de títulos, a la que se le dio gran importancia por la escasez de médicos y de otros profesionales, llegó tras un acuerdo entre los Gobiernos central y vasco en el tramo final de la legislatura anterior, la de Iñigo Urkullu. Pero colectivos profesionales de la Comunidad de Madrid llevaron el decreto del traspaso al Supremo y este tribunal emitió una sentencia anulando la cesión de funciones. Ello dejó en el limbo a unas 200 personas que habían acudido a la nueva ventanilla autonómica para regularizar sus documentos en los pocos días que pasaron desde la entrada en vigor de la competencia y la admisión a trámite del recurso, que fue suspensivo.

De momento, según ha informado el Ejecutivo vasco, existe un “acuerdo verbal” pero todavía no “escrito” para que esas personas pasen a la lista de espera del Estado con la misma antigüedad de la solicitud que tenían realizada y sin que tengan que volver a abonar nuevamente las tasas. Según cálculos oficiales, son unas 200. En el 70% de los casos buscaban la homologación de títulos obtenidos en Universidades extracomunitarias y en el otro 30% una “equivalencia” de sus estudios a los locales exigidos para el ejercicio de una profesión.

El fallo del Supremo motivó un gran enfado en el Gobierno vasco, particularmente en la parte del PNV, que entendía que el alto tribunal se había inmiscuido en un acuerdo político pacífico y que las cuestiones de competencias las ha de revisar el Constitucional. A esa instancia se ha llevado ya el asunto ahora y allí podría acabar también, si no se reconducen las posiciones, lo relacionado con el nuevo marco regulatorio que prepara el Estado para controlar la proliferación de Universidades privadas, a las que ha llegado a llamar “chiringuitos”. En la lista de centros que han sido señalados aparece una vasca, Euneiz, impulsada por el empresario Josean Querejeta, dueño de Deportivo Alavés y Baskonia.

La pasada semana huba una reunión interautonómica y el consejero Pérez Iglesias explicó que su 'número dos' expuso quejas de fondo y de forma. También el rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, que se ha reunido igualmente con el Ministerio y todos los rectores, constata riesgos para las competencias autonómicas aunque comparte la necesidad de garantizar la calidad de las universidades de nuevo cuño. La portavoz Ubarretxena ha insistido en la existencia de grandes diferencias pero ha confiado en que las alegaciones presentadas sean atendidas. De lo contrario, la entrada en vigor del nuevo decreto universitario sería una “invasión de competencias” y Euskadi iría al Constitucional, ha explicado.

Pérez Iglesias, aunque independiente, es de la parte del PNV del Gobierno vasco. El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, defendió la propuesta de la ministra socialista Diana Morant y acusó a sus socios de no haber consensuado la postura en torno a este tema. Adelantó que en el Consejo de Gobierno los representantes de su partido pedirían explicaciones. Ese órgano se ha reunido este martes y la portavoz Ubarretxena ha parecido querer rebajar el alcance de la brecha entre ambos partidos del Ejecutivo. Textualmente, a preguntas de los periodistas, ha indicado que nadie ha mencionado a ningún “secretario general”, en velada referencia a Andueza y sus quejas y se ha limitado a explicar que el consejero del ramo ha dado todas las explicaciones sobre el estado de la cuestión. Ahora bien, sí ha puntualizado que un hipotético recursos requeriría de deliberación y acuerdo en el Consejo de Gobierno. “Pero lo que todos deseamos es que el tema se pueda reconducir”, ha insistido la consejera-portavoz.

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