El Procurador del Común defiende su vigencia en funciones durante casi tres años y no lo considera “ilegal”

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha defendido este miércoles el ejercicio de su cargo en funciones durante casi tres años, que no considera “ilegal” sino ajustado a lo previsto en la ley en caso de que no haya acuerdo político, frente a las demandas de renovación que han expresado en el hemiciclo la mayoría de los grupos parlamentarios.

En su réplica a los grupos tras una exposición inicial del informe relativo a 2024, Quintana ha afirmado que seguirá trabajando como el primer día: “Blando con las espigas y duro con las espuelas”, ha dicho citando a Ignacio Sánchez Mejías. En su último turno de intervención ante el pleno de la Cortes de Castilla y León, Quintana ha agradecido las palabras de reconocimiento de los grupos, pero también las críticas, porque son un “estímulo para seguir trabajando”.

Sobre el contenido de las exposiciones de los portavoces parlamentarios acerca del informe ha dicho que las revisará y tomará nota para promover alguna actuación de oficio, mientras que se ha detenido en la crítica y demandas planteadas por el exvicepresidente y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, quien le ha pedido que dimita para forzar a PP y PSOE a ponerse de acuerdo en la renovación de la institución.

“Mi situación no es una situación ilegal”, ha arrancado Quintana, convencido de que aunque existe un plazo legal para renovar a la persona que encabeza la institución, la propia norma también incluye el periodo posterior en funciones: “Y en funciones estoy trabajando desde hace 2 años y medio, con la dedicación del primer día, con aciertos y errores”, ha resumido.

Agradecimientos y demandas de renovación

Ya en el turno de los grupos parlamentarios, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha agradecido el trabajo de Quintana y ha subrayado que su formación no va a “aceptar lecciones de quien ha llevado al límite la situación de la vivienda en España” o de quien “dejó a oscuras a todos los españoles o deja tirados a miles de viajeros en los AVE”, en alusión al PSOE.

Mientras, el Grupo Socialista en las Cortes ha culpado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de no renovar a Tomás Quintana como Procurador del Común por “su aversión al cumplimiento de las leyes y con las instituciones”. En su intervención, la portavoz parlamentaria socialista, Patricia Gómez, ha agradecido la labor de Quintana y ha desgranado algunas de ellas en ámbitos como la vivienda, la educación, la sanidad, la protección de las familias monoparentales y de las personas con discapacidad.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha cargado contra el “bipartidismo” que en su opinión ejercen PP y PSOE con el reparto de representantes en las instituciones y también contra la “burocracia” que se convierte en problemas para los ciudadanos por la “elefantiásica” estructura del modelo autonómico.

Desde el Grupo UPL-Soria Ya, el portavoz de los sorianos, Ángel Ceña, ha ofrecido sus votos para renovar la figura del Procurador del Común, cuyo mandato lleva caducado en la Comunidad desde octubre de 2022. El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha planteado que el Procurador del Común debería dimitir ya que, al llevar en funciones desde hace casi 3 años, normaliza “la inanidad” de una legislatura que ha calificado como “esencialmente corrupta”.

“¿Qué hace usted aquí? Lleva tres años cesado y usted viene aquí y ni lo menciona, no se dirige al presidente de las Cortes para que haga su trabajo”, ha reprochado durante el pleno monográfico sobre el informe anual del Procurador del Común. “Nada cambia en la charca de Castilla y León”, ha lamentado Igea, antes de insistir en que “el primer interés de los ciudadanos es que funcionen las instituciones y los medios de comunicación con independencia y democracia, y aquí se paralizan las leyes”.

Por último, compañero de grupo, Pablo Fernández (Unidas Podemos), ha valorado que este informe refleja que sus reivindicaciones se corresponden a las del Procurador del Común y el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha señalado que aún queda margen de mejora en áreas como sanidad y vivienda, así como ha destacado que muestra “las diferencias y desigualdades” entre unas provincias y otras.

Los servicios públicos acumulan las principales quejas al Procurador del Común en 2024

Los servicios públicos, especialmente las prestaciones básicas como agua, alumbrado o basuras, acumularon las principales quejas al Procurador del Común en 2024, tal y como lo ha expuesto este miércoles en un pleno monográfico en las Cortes el titular de esta institución propia de la Comunidad, Tomás Quintana.

En su intervención en el hemiciclo, el Procurador del Común ha expuesto el informe anual del año 2024, en el que se recogen 1.918 quejas individuales, ocho quejas múltiples y 144 actuaciones de oficio, la mayor parte dedicadas a las entidades locales (1.087), seguida por a la Junta de Castilla y León (635) y el resto (196), a la administración general del Estado.

En el ámbito de la administración autonómica, Quintana ha destacado sus propuestas para garantizar la atención en las oficinas de farmacia en el medio rural, rechazada por la Consejería de Sanidad; la mejora del transporte sanitario terrestre, estas aceptadas, y la aplicación de “cesáreas humanizadas” en contraposición a cualquier práctica que pueda “poner en riesgo el bienestar de la madre y del recién nacido”.

“La inmovilización de las manos de la mujer, la separación innecesaria del bebé de la madre o no permitir que el otro progenitor u otra persona de apoyo acompañe a la madre”, ha destacado y han planteado al departamento que dirige Alejandro Vázquez que fije “directrices comunes para los distintos centros hospitalarios de la Comunidad”, que consideran “aceptada nuestra resolución”.

El área de administración local lideró las reclamaciones, con 481 quejas, principalmente relacionadas con la prestación de servicios básicos como el suministro de agua, recogida de basuras, alumbrado y alcantarillado, especialmente en pequeños municipios.

Le siguen las quejas en el área de Fomento (223), sobre el estado de conservación de edificios; Empleo (206), vinculadas a procesos de estabilización de personal; Medio Ambiente (189), muchas de ellas por ruidos en establecimientos de ocio; Familia e Igualdad (168) y Sanidad y Consumo (162).

Entre las 144 actuaciones de oficio impulsadas en 2024, destacan varias relacionadas con la seguridad y salubridad pública, como el cumplimiento de la ley de residuos, que exige a los municipios realizar un inventario de edificios con amianto para su retirada.

También se ha solicitado la mejora de la accesibilidad en el transporte público, instando a revisar rampas en autobuses urbanos y a bonificar los billetes de los acompañantes de personas con discapacidad; mejorar la seguridad vial a la entrada y salida de los colegios; o reducir el impacto de las energías renovables en la biodiversidad, mediante sistemas de inteligencia artificial en aerogeneradores para detectar y proteger aves.