ESK denuncia la privatización de la dependencia en Álava para reducir las listas de espera

El sindicato ESK ha denunciado que el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) de Álava ha privatizado los servicios de las unidades de valoración de Discapacidad y Dependencia del Departamento de Políticas Sociales con empresas, con el fin de “reducir los tiempos de las listas de espera”. El sindicato ha trasladado el “profundo malestar y rechazo entre las trabajadoras del Área de Discapacidad” hacia esta medida y ha señalado que el personal del área ha recogido más de 200 firmas para expresar “su oposición a esta decisión de privatización”.

Al respecto, la Junta de Personal del IFBS ha anunciado movilizaciones para denunciar “una privatización encubierta de un servicio público esencial” y ESK ha realizado un análisis jurídico del presupuesto de 1.000.000 de euros destinado a la externalización, detectando “varios incumplimientos normativos y procedimentales”, informa Europa Press. En este sentido, ha informado de la presentación de alegaciones y la solicitud de información a la Diputación debido a la “falta de transparencia” del proceso, ya que la información sobre los informes técnicos, partidas presupuestarias y análisis de costes no ha sido publicada en el Portal de Transparencia, tal y como “la normativa vigente obliga”.

Asimismo, ha denunciado que “la administración no ha elaborado el informe técnico y jurídico necesario para justificar la externalización del servicio, ni ha realizado un análisis comparativo de costes entre la gestión directa y la externalizada”. “Tampoco se ha demostrado la insuficiencia de medios propios, lo que vulnera los derechos del personal funcionario. La legislación vigente prioriza la gestión pública directa, especialmente en servicios sociales sensibles como los dirigidos a personas con discapacidad, por lo que esta externalización carece de la debida justificación legal y técnica”, ha manifestado.

Por otro lado, ha señalado que se han producido “deficiencias en la normativa presupuestaria”, ya que “no se ha identificado con claridad en la memoria la partida presupuestaria concreta asignada, ni se ha detallado su evolución en ejercicios anteriores, información esencial para valorar el impacto económico y la sostenibilidad de la medida adoptada”.

Por último, ESK ha censurado que “no se ha consultado formalmente a los sindicatos antes de tomar decisiones que afectan al personal, lo cual vulnera sus derechos de negociación colectiva y limita su función de control y participación en la gestión pública”. Por todo ello, el sindicato ha solicitado “la nulidad del procedimiento” iniciado para la externalización del servicio de Valoración de Discapacidad y Dependencia.