La Justicia ordena a la Mesa de las Cortes de Castilla y León que devuelva su puesto a la funcionaria que denunció acoso

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha ordenado a la Mesa de las Cortes de Castilla y León que reponga en su puesto a la funcionaria que denunció acoso laboral por parte del secretario general, Marcos Herrero. El Alto Tribunal ha anulado la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada en 2024 y que equiparaba las figuras de 'Cuerpo Técnico' a 'Cuerpo Técnico. Escala Ingeniería'. También se han anulado la convocatoria y la adjudicación de esa Jefatura, con las consecuencias expuestas en el razonamiento jurídico 4º. -es, la ejecutante continúa en adscripción provisional en ese puesto hasta que se provea por el sistema de libre designación sin la modificación de la RPT anulada.

El Alto Tribunal ha reprochado la “deliberada voluntad” de que la exjefa de servicio de las Cortes de Castilla y León no ocupara su puesto injustificadamente. “Pocas veces se ha encontrado la Sala [del TSJ] con supuestos como el aquí examinado, en el que hay una deliberada voluntad de que la recurrente no ocupe o acceda a los puestos que tiene o pretende sin causa o motivo que se justifique”, zanja la Sala de lo Contencioso.

Además, en el auto se ordena remitir los testimonio de particulares al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid —que investiga el supuesto acoso laboral del secretario general— para dilucidar “si se ha incurrido en responsabilidad penal”.

La jefa de servicio de Gestión Administrativa fue cesada en mayo de 2022 sin motivo o causa que se justificara en el expediente. Su cese fue anulado en abril de 2024. Un mes después del cese, el secretario general ascendió a un funcionario del Cuerpo Técnico de Escala de Ingeniería como jefe de este servicio a través de una resolución que fue anulada en diciembre de 2024 porque la vacante se creó “artificialmente”. El TSJ considera probado que, desde el cese de la jefa de servicio, no se ha cubierto el puesto de libre designación tal y como procedía, tras una convocatoria pública.

Se ha pretendido eludir el cumplimiento de otras sentencias

El Alto Tribunal considera que se ha pretendido eludir el cumplimiento de las sentencias previas para que el técnico de Escala de Ingeniería que ya había sido nombrado pudiera participar en la convocatoria para cubrir el puesto de jefe de servicio. En julio de 2024, el secretario general propuso “aprovechar” la modificación de la RPT que ya estaba negociada para equiparar las funciones de los dos cuerpos, porque argumentó que ya realizaban las funciones de gestión, estudio y propuesta administrativa en el ámbito de sus funciones de dirección y coordinación de las tareas de mantenimiento y control de la sede parlamentaria.

Según su argumentario, todo el personal del cuerpo técnico ostentaba ya este tipo de funciones salvo los de la escala de ingeniería, que sí desarrollaba esas funciones. Sin embargo, el TSJ recuerda que la misma razón habilitaría a aquellos que pertenecen al Cuerpo Técnico, Escala de Documentación y Biblioteca, Escala de Archivo, Escala Económico-Financiera o Escala Informática, algo que no se hizo.

El procurador del Grupo Mixto y exvicepresidente autonómico, Francisco Igea, ha calificado la situación de “imposible”. “El auto de hoy condena en costas a la Mesa y remite más material al Juzgado de Instrucción número 4 donde se le investiga por acoso. Si la Mesa no toma medidas ya, se hará responsable”, ha zanjado a través de la red social X.

Una modificación ya anulada

En febrero de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ ya anuló todos los acuerdos de la Mesa de las Cortes y una resolución del letrado mayor que modificó la RPT para crear una Vicesecretaría General después de que varios letrados de las Cortes plantearan un recurso judicial.

En noviembre de 2024, el PSOE, Podemos y Francisco Igea pidieron suspender al letrado mayor de las Cortes por su investigación judicial por acoso laboral, que aún continúa en marcha. Vox se negó a participar en “juicios paralelos” y apeló a la “prudencia” y rechazó esta suspensión porque se podría archivar poco después. Finalmente, la Mesa de las Cortes solicitó un informe a la Junta de Personal sobre esta cuestión.

La Junta de Personal de las Cortes emitió un informe que rechazaba que hubiera evidencias que permitieran afirmar “un posible acoso laboral a esta funcionaria”, así como “la inexistencia de quejas previas”. Los integrantes de la Junta de Personal de las Cortes de Castilla y León también han sido citados a declarar como testigos en la causa penal por acoso laboral