La Junta de Castilla y León pagó mil euros a la familia de un bebé al que inocularon una vacuna para niños de 14 años

La Junta de Castilla y León pagó mil euros a la familia de un bebé al que inocularon una vacuna para niños de 14 años, según se desgrana de la memoria anual del Consejo Consultivo, que ha expuesto esta semana el presidente de la institución, Agustín Sánchez de Vega.

En noviembre de 2018 se presentó una reclamación ante la Consejería de Sanidad de Castilla y León, en la que exigía 6.000 euros “sin perjuicio de la valoración definitiva que pudiera corresponder” y pedía la apertura de un expediente de Responsabilidad Patrimonial. La Gerencia de Salud solicitó al reclamante que concretara el asunto por el que presentaba esta reclamación: en abril de 2017, a su hija de 2 meses se le había administrado por error una vacuna antineumocócica correspondiente a los 14 años en lugar de la que correspondía con su edad, dos meses.

Tras la vacunación, la menor sufrió una reacción adversa. Un cuarto de hora después, la menor se quedó fría, pálida y apenas respondía a los estímulos durante unos minutos, pero fue igualmente trasladada al hospital, donde permaneció durante 24 horas, en la que la pequeña no presentó ningún síntoma. También se contactó con el jefe de sección de Epidemiologia del Servicio Territorial de Sanidad. 

El reclamante acudió también a la Justicia, que archivó la vía penal por este caso, que se archivó en 2019. El caso llegó al Consejo Consultivo en 2024, cuando concluyó todo el proceso en la Administración.

En su dictamen, el Consultivo observa que se trató de un error y señala que los informes médicos aseveran que la vida de la menor nunca estuvo en peligro ni supuso “un riesgo excepcional” y que ese tipo de reacciones pueden producirse con cualquier tipo de vacuna, aunque son más frecuentes en las vacunas hexavalentes.

Esta insitución independiente considera que este error causó una situación de “angustia y desasosiego” en los padres que puede calificarse como “daño moral” y pide a la Consejería de Sanidad que les indemnice con mil euros, algo que asume

6.000 euros por no tener la información suficiente

El informe del Consejo Consultivo también menciona un expediente que ha concluido con una indemnización de 6.000 euros porque una mujer embarazada no tuvo información suficiente relativa a su parto, que se produjo en 2018.

Durante las maniobras con fórceps y ventosa antes de una cesárea, la reclamante afirmaba que su personal médico tiró “fuertemente” de sus piernas contra las perneras de la mesa del paritorio mientras ambas estaban en alto y durante un largo periodo de tiempo, lo que le provocó daños importantes y dolores permanentes en su pierna derecha, que le causan incapacidad temporal con secuelas de cojera y pérdida de fuerza, que considera un resultado anormal, inesperado y desproporcionado de la asistencia médica.

Los informes médicos posteriores al parto diagnosticaron una neuropatía periférica, específicamente una neuropatía axonal, incompleta, del ciático poplíteo externo (CPE) derecho, de severa intensidad, a nivel de la cabeza del peroné. La reclamante estuvo de baja laboral por esta neuropatía desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2019.

Sin embargo, diversos informes periciales y de inspección médica en el expediente señalaron que, si bien la lesión del nervio ciático poplíteo externo es una complicación conocida de la posición de litotomía (piernas elevadas sobre perneras) utilizada durante el parto, existe la posibilidad de que la lesión de la paciente esté condicionada o superpuesta a una lesión previa que tenía en la columna vertebral.

La Inspección Médica concluyó que no se podía acreditar que el daño reclamado fuera desproporcionado o ajeno a la asistencia obstétrica, ni causado por negligencia. El informe médico pericial de la aseguradora coincidió, señalando que la patología previa, los cambios fisiológicos del embarazo y otras causas pueden justificar la clínica, y que los estudios electromiográficos no eran concluyentes sobre la localización de la lesión o si se debía a mala praxis.

Frente a la propuesta de desestimación inicial, el Consejo Consultivo, tras analizar el expediente, considera que, aunque no vea un nexo causal entre la actuación sanitaria y los daños, tampoco consta un consentimiento informado en el momento del ingreso ni le informó adecuadamente sobre los riesgos de un parto vaginal, especialmente en relación con sus antecedentes médicos, ni se le ofrecieron alternativas.

El Consejo Consultivo de Castilla y León recomienda indemnizar con 6.000 euros el daño moral causado por la falta de información adecuada a la paciente, una decisión que respaldó después el gobierno autonómico.

El Consejo Consultivo reprocha en ambos casos la vulneración el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos se resuelvan en “un plazo razonable” debido al “excesivo tiempo” transcurrido desde que se presentó la reclamación (2018) hasta la propuesta de orden (2024) cuando el plazo recogido en la Ley es de seis meses.