El Gobierno de Pradales aprueba en el Parlamento una ampliación del límite de la deuda vasca en 1.000 millones

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves por ley triplicar el máximo de endeudamiento posible y la creación del fondo Indartuz de financiación de proyectos industriales de momento no conocidos y complementario al ya existente Finkatuz, diseñado en su día para preservar el arraigo empresarial. La modificación legislativa, que tenía garantizada su aprobación por la mayoría absoluta del Gobierno de PNV y PSE-EE, ha contado también finalmente con el respaldo de EH Bildu, la principal fuerza de la oposición, y con el único voto contrario de Vox. El Ejecutivo de Imanol Pradales había justificado esta iniciativa para afrontar posibles contingencias económicas debido a la “situación geopolítica” mundial, particularmente en Estados Unidos, según consta en el propio texto ya promulgado.

Lo aprobado es técnicamente una modificación por la vía de urgencia de los presupuestos de 2025, aprobados a finales de diciembre. Se busca ampliar en 1.000 millones de euros la capacidad de endeudamiento de este año, aunque estarán disponibles también en 2026. El anterior tope estaba en 490 millones. En paralelo, los Gobiernos central y vasco también han pactado flexibilizar los porcentajes de deuda para la comunidad autónoma, que han subido del 13% al 15%. Euskadi tiene diez puntos de nivel de deuda por debajo de la media española, ha justificado el Ejecutivo. Se estima que hay “margen” para acometer perfectamente esta operación “sin comprometer la estabilidad financiera actual y de las generaciones futuras”.

Los 1.000 millones son necesarios para desarrollar la denominada Alianza Financiera Vasca ideada por el Gobierno de Pradales. Se trata de un acuerdo con BBVA, Kutxabank, sus tres patas (Vital, BBK y Kutxa), Laboral Kutxa y otras entidades financieras y bancarias vascas hasta sumar una decena. La idea es movilizar mediante la “colaboración público-privada” una “potencia financiera” total de 4.000 millones. Por cada euro público deberían movilizarse tres privados, 3.000 en total. “Euskadi es un país solvente, una de las economías más sólidas del Estado”, se ha felicitado el consejero de Hacienda, Noël D'Anjou.

Según ha expuesto en el pleno el consejero, la modificación presupuestara dará “mayor margen” al Instituto Vasco de Finanzas para “proyectos de inversión”. D'Anjou no ha concretado dónde se podrían invertir esos 1.000 millones adicionales cuando se vayan obteniendo, pero sí ha asegurado que habrá un “plan de inversiones para preparar el bienestar futuro de Euskadi”. Está habiendo ya “reuniones” para “identificar” y “priorizar” las inversiones. “Hoy más que nunca es tiempo de colaborar, sumar y mirar al futuro con ambición y determinación”, ha agregado D'Anjou, poniendo en valor la “estabilidad” política y económica de Euskadi, que puede ser “punta de lanza de transformación industrial europea”. “Inercia es decadecencia”, ha arengado D'Anjou.

El PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno vasco, ha cerrado totalmente filas con lo expuesto por D'Anjou a pesar de la convulsa semana de relaciones dentro del bipartito y que había llevado a las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y PP, exhibir antes de la sesión plenaria su sorpresa por los recientes cruces de críticas. La parlamentaria Susana Corcuera ha destacado la importancia de “acompañar a las empresas vascas ante la ofensiva de los aranceles de Donald Trump”, cuyo impacto directo será de 400 millones y el indirecto de 1.200 millones, según ha apuntado.

EH Bildu pide usar la deuda para viviendas

EH Bildu ha votado a favor de la modificación presupuestaria, aunque ha insistido en que sigue siendo “oposición” y ve puntos “críticos”. Se han felicitado de que recurrir a la deuda deje de ser “tabú” en la gestión económica, lo que Pello Otxandiano ha interpretado un cambio desde paradigmas “neoliberales” a otras líneas políticas. Eso sí, Otxandiano ha considerado que el dado este jueves es un paso “necesario” pero “insuficiente” ante la coyuntura que se avecina. De hecho, ha explicado que el nuevo límite del 15% permite ir incluso más allá de 1.000 millones en el endeudamiento y llegar a 2.000.

Por ello, el líder de EH Bildu y de la oposición ha planteado la creación de un fondo específico para la promoción de viviendas para “dar una respuesta estructural a la emergencia habitacional que vive esta parte del país”. “Industria, sin duda. Somos un país industrial y queremos seguir siéndolo. [...] Pero también la promoción pública de vivienda. Es un problema de primera división”, ha argumentado en euskera desde la tribuna.

“En la próxima década será necesario incorporar entre 60.000 y 70.000 nuevas viviendas para atender la demanda existente, de las cuales 40.000 deberán construirse desde cero. El resto debería surgir mediante intervenciones sobre el parque existente. La izquierda soberanista propone que el 75% de esas viviendas sean impulsadas por el sector público y estén destinadas mayoritariamente al alquiler. Para llevar a cabo esta estrategia, haría falta movilizar 3.000 millones de euros en diez años, combinando financiación pública (incluyendo el recurso al endeudamiento) con la participación de entidades sociales como fundaciones bancarias y EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria)”, ha explicado la coalición abertzale. Alaitz Zabala, del PNV, ha avisado de que lo aprobado no permitiría esa cuestión. En su intervención, por otro lado, Zabala también ha señalado que una familia “media” en Euskadi tiene unos ingresos de entre 60.000 y 70.000 euros.

La oposición no ve concreciones

La modificación legal ha contado con duras críticas de las dos derechas. Pero el PP, a pesar de usar durante muchos minutos el turno en contra, finalmente se ha quedado en la abstención. Álvaro Gotxi ha lamentado que Euskadi desplaza la inversión privada para hacerla pública. Haciendo un largo recorrido histórico desde 1856 ha contado el peso de la industrialización vasca y ha denunciado el “lento” desmantelamiento de ese sector. “La industria vasca se desarrolló sin que los Gobiernos entraran en los consejos de administración”, ha criticado. Además, ha dejado caer que las inversiones industriales son arbitrarias, ya que se invierte en ITP o Kaiku pero no en Bridgestone o Ufesa y ha pronosticado que en el futuro lo seguirán siendo. Incluso ha recordado el fiasco de la Fórmula 1 de Épsilon-Euskadi, que se tragó decenas de millones públicos.

También ha lamentado, en lo que apuntaba a un voto negativo, que el Ejecutivo legisle por la vía de urgencia “para cercenar a la oposición”. El PP diagnostica que el Gobierno está “sumido en la improvisación” porque plantea movilizar 1.000 millones con deuda -que implicarán un gasto en intereses- cuando tiene 400 en remanentes sin utilizar. Gotxi ha prometido vigilar “hasta el último céntimo” de lo aprobado.

Sumar se ha abstenido también en la tramitación. Jon Hernández, su único parlamentario, también ha avisado de que no está concretado el destino de los 1.000 millones. La coalición de izquierdas ha registrado una iniciativa para que “al menos el 60%” del dinero “se destine a impulsar un cambio de modelo industrial que sea acorde con los límites del planeta y los territorios, descarbonizar la economía vasca y desplegar de forma equilibrada y equitativa las energías renovables”.

Vox sí ha votado en contra. Ha sido el único voto negativo a la modificación presupuestaria. A su juicio, votar a favor es “conceder un cheque en blanco” al Gobierno porque no se han concretado las iniciativas concretas. “¿Por qué 1.000 millones y no 1.500 o 500?”, se ha preguntado Amaia Martínez Grisaleña.