La Fiscalía ve indicios de delito contra el patrimonio en las obras del hotel de lujo de Robert de Niro en Donostia

La Fiscalía ve indicios de delito contra el patrimonio histórico en las obras para la construcción de un hotel de lujo en Donostia, el Nobu, uno de cuyos propietarios es Robert de Niro. La fiscal Lorena Arocena ha remitido al juzgado el resultado de las diligencias de investigación que ha llevado a cabo a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Áncora. En su escrito, estima que los hechos podrían constituir un delito contra el patrimonio histórico, y que entiende que Villa Vista Eder, proyectada en 1902 por Francisco Urcola y catalogada como edificio protegido en parte de sus fachadas, ha sufrido durante las obras derribos y un recrecimiento en altura no autorizado, dañando y eliminados elementos protegidos.

Según señala la Fiscalía, la destrucción de los elementos que se deberían haber protegido se habría llevado a cabo en dos fases, en la fase de derribo y en la fase de construcción. “Durante la primera fase se destruyó la fachada posterior y una parte sustancial de ambas fachadas laterales, varios elementos de madera, así como la herrería original, sin contar con ningún tipo de estudio técnico que avalara la imposibilidad de ser restauradas por su estado de deterioro. Posteriormente, durante la fase de construcción también se continuó con el derribo de las fachadas laterales hasta dejar una pequeña fracción de su tamaño original. Estos derribos no estaban autorizados ni en la licencia de derribo ni en la licencia de obra mayor. Sin embargo, la propuesta planteada inicialmente en el Proyecto Básico y rechazada por el Ayuntamiento por no adecuarse a la normativa recogida en el plan para la protección del patrimonio urbanístico (PEPPUC) fue la solución constructiva finalmente ejecutada”, indica el escrito.

El edificio Villa Vista Eder, que se encuentra en el paseo de Miracocha 32 de la capital donostiarra, se encuentra incluido en el catálogo de bienes protegidos del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido de San Sebastián (PEPPUC), otorgándole un grado de protección D. Según su ficha particular estarían expresamente protegidas en las fachadas las decoraciones en revocos e imitaciones de piedra, la madera de las cornisas y la herrería, excluyéndose de toda protección el edificio anexo que fue construido con posterioridad. La intención original era derribar la totalidad de la fachada trasera y gran parte de ambas fachadas laterales, respetando únicamente la fachada principal y una pequeña fracción de las fachadas laterales para volver a construirlas debido a la falta de cimentación de parte de las fachadas. 

Esa reconstrucción de las fachadas se aprovechó para“ un recrecido en altura de las fachadas de unos 75 cm, además de algunas diferencias en la reconstrucción de la fachada oeste, entre otros”. “En consecuencia, se concluye en el atestado que han sido derribados y destruidos elementos permanentes objeto de protección cultural en los catálogos vigentes en el planeamiento urbanístico municipal y que se ha alterado gravemente un edificio singularmente protegido por su interés histórico, artístico, cultural o monumental”, se apunta.

Son unos trabajo que se realizaron con “todos los intervinientes en estas obras, profesionales de la construcción”, siendo “plenamente conocedores de la importancia cultural del edificio y de los elementos permanentes que lo integraban, así como de los trámites administrativos necesarios para alegar imposibilidades técnicas para su mantenimiento”. Además, señala que el “derribo de las fachadas protegidas no fue comunicado al Ayuntamiento, ni se presentaron modificaciones”.

Desde la asociación Áncora, consideran “llamativo el contraste” entre la postura de la Fiscalía y la del Consejo Asesor de Patrimonio Local, que, con el único voto en contra de Áncora, sostuvo que tales alteraciones no eran sustanciales, avalando una intervención que supuso de facto la práctica desaparición del edificio protegido“, indican desde la asociación. Denuncian también la ”falta de control“ por parte del Departamento de Urbanismo, al ”permitir que el proyecto continuase sin licencia de obra en varias fases“. ”En lugar de actuar para paralizar y sancionar estas irregularidades, desde el área municipal se ha colaborado con la propiedad para posibilitar la reapertura del hotel, incluso cuando se demostró que venía operando sin licencia de actividad“.

De hecho, recuerdan que la Fiscalía subraya que “la solución constructiva ejecutada es la misma que fue inicialmente rechazada en el propio Ayuntamiento por contravenir la normativa de protección, lo que evidencia una permisividad inaceptable hacia quienes vulneran las leyes urbanísticas y patrimoniales”. Desde Áncora se insiste en “la necesidad de depurar responsabilidades, no sólo entre los promotores y constructores, sino también dentro del propio Ayuntamiento, por su pasividad y colaboración con estas actuaciones ilegales”.

“Actuación municipal correcta”

El Ayuntamiento llegó a cerrar temporalmente el hotel por problemas de licencia solo tres meses después de su apertura, pero se abrió unas semanas después y ahora se encuentra operativo. Desde el consistorio que preside Eneko Goia han puntualizado a instancias de elDiario.es/Euskadi que “la actuación se dirige hacia el responsable de la obra, un promotor privado”. En cualquier caso, señalan que el “Consejo Asesor del Patrimonio de Donostia -órgano asesor integrado por responsables municipales y expertos independientes sin capacidad decisoria, pero si asesora- avaló la obra ejecutada en dicho inmueble, al entender que no alteraba los valores paisajísticos que le merecieron ser catalogada en el PEPPUC”, indican.

Por último, remarcan que “la actuación municipal ha sido correcta, conforme a derecho, y que en todo momento hemos colaborado con la Fiscalía remitiéndole la documentación que nos ha requerido, y así lo seguiremos haciendo en caso de que este asunto avance judicialmente”.

No es el único edificio en Donostia que ha sido remodelado y que está sujeto a investigaciones judiciales. Por ejemplo, Áncora también denunció la situación de la Villa María del Carmen. En este caso la Fiscalía también ha apreciado indicios de delito contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico, según recuerdan desde la organización.  También han denunciado que el Ayuntamiento de la ciudad va a acometer el derribo de una villa erigida en 1932 para construir seis viviendas en el terreno situado en la avenida del Alcalde José Elósegui.