Reuniones “informales” entre PSOE, Vox y el resto de la oposición para aprobar la Ley de Publicidad que no quiere Mañueco

Toda la oposición de Castilla y León (Vox, PSOE, UPL-Soria ¡YA! y el Grupo Mixto) está manteniendo reuniones “informales” previas a las negociaciones oficiales que arrancarán este jueves sobre la Ley de Publicidad Institucional, una norma que pretende regular cómo la Junta de Castilla y León consigna partidas económicas a los medios para insertar publicidad y financiarlos, especialmente también la subvención de 21 millones de euros que da a Televisión Castilla y León. Es una Ley que el PP no quiere y que, de aprobarse, demostraría la debilidad del gobierno en minoría de Alfonso Fernández Mañueco.
El texto tiene un solo artículo y el resto de la oposición ha planteado 38 enmiendas, incluidas varias para modificar la exposición de motivos. Los procuradores consultados por este medio aseguran su voluntad de que esta Ley se pueda debatir en una sola sesión de la Comisión y en que se pueda aprobar antes de que termine este periodo de sesiones, en el último pleno de junio.
Para ello, es necesario que PSOE y Vox alcancen un consenso, algo que ambas formaciones ven factible porque esta norma no tiene tanta carga ideológica como otras que se debaten en el parlamento. “Tampoco hay nada extraordinario, todas las enmiendas plantean más o menos cosas parecidas”, aseguran fuentes parlamentarias, que ven difícil una ruptura de estas negociaciones.
La Proposición de Ley fue promovida por Unidas Podemos y buscaba limitar la contratación de publicidad institucional en los medios que hubieran sido condenados en sentencia firme dos veces en los tres últimos años —o tres o más veces en los últimos cinco años— y se hubieran tenido que rectificar sus informaciones por ser inexactas, vulnerar el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas o por delitos de odio. Y con esta premisa, la oposición se está organizando para sacar adelante por primera vez una norma en la que al menos Vox y PSOE se pongan de acuerdo sobre la regulación y control de los contratos de publicidad institucional que firma la Junta de Castilla y León con los medios.
Televisión Castilla y León y los 21 millones
Aunque en un principio no estaba sobre la mesa, parece que la oposición podría llegar a algún tipo de acuerdo sobre el futuro de la subvención anual de 21 millones de euros de Televisión Castilla y León propiedad de dos de los grandes magnates empresariales (Antonio Miguel Méndez Pozo, condenado en los años 90, y los hijos de José Luis Ulibarri, condenado en Gürtel) y mediáticos de la comunidad. El procurador del Grupo Mixto y exvicepresidente autonómico, Francisco Igea, propone suprimir este sistema y convocar un concurso abierto para la televisión.
Vox, por su parte, quiere crear un Consejo de Evaluación y Seguimiento de la TDT integrado por cinco miembros del parlamento elegidos por mayoría de dos tercios (o de tres quintos, si no hay un primer acuerdo) para establecer las necesidades de interés público, velar por la independencia de la información emitida en Televisión Castilla y León y fijar las compensaciones económicas de la concesionaria. Estos movimientos se producen, además, meses después de que el grupo de comunicación Promecal de Méndez Pozo declarase el preconcurso de acreedorese después de varios meses de movilizaciones de los 300 trabajadores que componen Televisión Castilla y León
Es una Ley que el PP ha intentado dilatar durante meses, pero que finalmente arrancará este jueves en la ponencia después de que el presidente del parlamento, Carlos Pollán (de Vox), haya 'puenteado' al presidente de la Comisión (PP) y haya convocado esta primera reunión a puerta cerrada. En esta ponencia es necesaria la unanimidad y, si no se hace efectiva, todas las enmiendas correspondientes se debatirán en comisión. El reglamento establece un plazo de 15 días para elaborar el informe posterior a la ponencia, cuando el presidente de la Comisión deberá convocar la misma para debatir las enmiendas de todos los grupos salvo el Popular, que quiso prorrogar el plazo para presentar las enmiendas y fracasó en el intento.
“Filibusterismo parlamentario” del PP
La oposición lleva meses acusando al PP de “filibusterismo parlamentario” por sus continuas objeciones y dilaciones en la tramitación de una norma con la que no se siente cómodo. De hecho, su propio portavoz, Ricardo Gavilanes, reconocía que el Reglamento no fija un plazo máximo de espera desde que se aprueban las enmiendas hasta la convocatoria de la ponencia, algo que han utilizado en otras ocasiones para dilatar la tramitación legislativa. “Actuamos por el libro, conforme al reglamento”, apuntó la semana pasada.
Por eso la oposición ya ha contemplado posibles escenarios y procolos de actuación: incluso si el PP se negara a convocar la Comisión para la próxima semana, Pollán podría también intervenir para convocar esta Comisión, según el reglamento. Y si no se incluyera esta cuestión en el orden del día, la oposición podría agruparse y presentar una modificación en el programa para forzar el debate de las enmiendas.
El jueves se reúne la ponencia y, si todo sigue según lo previsto, a finales de junio habrá por primera vez una norma legislativa en la que no participa el PP y que Fernández Mañueco se verá obligado a ejecutar.
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