Euskadi cuantifica en 1.550 millones los recursos que movilizará hasta 2027 para la “emergencia” de vivienda

El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, sigue persuadido de que “Euskadi atraviesa una situación de emergencia habitacional que afecta a amplios sectores sociales” y continúa muy activo ante la opinión pública en la presentación de iniciativas. Su “conclusión” es que “el problema de la vivienda tiene solución”. Este martes, tras el Consejo de Gobierno, le ha tocado el turno al “plan director de vivienda” para el período de 2025 a 2027, tras el cual está la mano del alto cargo Mario Yoldi. La memoria económica del plan son 1.550 millones de euros para el trienio.

Buena parte de las medidas previstas en ese plan precisan de cambios normativos. La próxima semana se cumplirán tres meses del anuncio de una ley “urgente” que, por el momento, aún no ha llegado al Parlamento Vasco. La primera previsión era que estuviera antes de Semana Santa para que se completara la tramitación antes del verano, como explicaron fuentes conocedoras de la redacción a este periódico, y ahora fuentes parlamentarias confían en que su presentación será en un plazo muy corto. “Queremos que el Parlamento reaccione”, ha llegado a decir Itxaso. Y también que “se necesita una autopista para ir a 150 en materia de vivienda protegida”.

“Todo tiene su tiempo”, ha matizado después a preguntas de los periodistas Itxaso sobre esta presentación. Eso sí, ha insistido en que se tramitará como proposición de ley y no como proyecto de ley, de modo que se ahorran informes y otros trámites. Ha dicho que lo que podrían haber sido “tres años” serán apenas unos meses y que “a final de año” podría estar lista la reforma legal. De hecho, ha asegurado que el plazo siempre era ése.

Esa ley plantea, entre otros puntos, simplificar la burocracia para agilizar obras y permisos, permitir levantes en bloques de cubierta plana para construir más pisos sin consumir nuevo terreno y también reducir del 75% al 60% el porcentaje de vivienda protegida exigible en nuevas promociones -un punto que ha generado controversia y críticas de la oposición de izquierdas- al entender que así se estimulará que el sector privado construya más que en la actualidad.

También se trabaja en otro decreto “urgente”. Este periódico adelantó sus contenidos antes de Semana Santa. Aquí se modifican requisitos para adaptar como viviendas lonjas o locales industriales, destinar el 50% de las adjudicaciones de pisos protegidos a jóvenes y ampliar los beneficiarios potenciales de programas como Gaztelagun -permitiendo cobrar la prestación al alquilar una habitación y no una casa completa-, Bizigune o Asap, así como los umbrales para ver reconocido el derecho a una vivienda. Igualmente, ha fijado el final de 2025 como referencia para tenerlo en vigor.

El plan menciona como tercera pata la aplicación del canon de viviendas vacías. Se trata de un punto contemplado en la ley vasca de 2015, que ahora cumple diez años, y desarrolado en 2021. De momento, solamente Azpeitia lo ha introducido y ha sido este mismo año. Los municipios prefieren optar por recargos en el IBI como solución alternativa.

El consejero Itxaso ha destacado el “esfuerzo inversor sostenido en el tiempo” en políticas de Vivienda. Serán 1.550 millones en el trienio. Las grandes cifras ya eran conocidas: promover 7.000 nuevas viviendas de alquiler asequible (5.250 ya en tres años) y llegar a 50.000 viviendas protegidas en 2035, 116.000 sumado el parque público total de compra y alquiler. Se destaca que hay un volumen alto de “viviendas vacías gestionables” -tantas como 25.450, el 2,4% del parque total- y que el mercado del alquiler ha crecido un 71% desde 2011 pero que aún está en el 14,8%, “lejos de los estándares europeos”.

En cuanto a la demanda, hay 100.000 solicitantes en Etxebide. 70.000 son de entre 18 y 44 años. Hay 77.000 familias más buscando cambiar de casa. Idealista acaba de publicar que en Bilbao y Donostia hay 37 solicitantes por cada uno de sus anuncios inmobiliarios. Otro dato: cuatro de cada cinco de quienes están esperando no tienen ingresos suficientes para acudir en compra o arrendamiento al mercado libre. En ciudades como Donostia ya no es infrecuente un precio mensual de 1.000 euros por un piso en alquiler sin grandes lujos.

Itxaso ha dicho que el plan se apoya en “reformas” pero también en “recursos” y “acuerdos”. El plan incorpora un alegato a favor de la “colaboración público-privado-social” o directamente “público-privada” para captar financiación. Por ejemplo, el consejero Itxaso ha mencionado un “fondo social” con apoyo de instituciones financieras como el BEI (Banco Europeo de Inversiones) o el ICO (Instituto de Crédito Oficial) para “apalancar” a su vez “más inversión privada” que no guarda relación con el fondo especial que le demandó EH Bildu desde la oposición. Asimismo, ha señalado que la reforma fiscal cerrada en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa por los Gobiernos de PNV y PSE-EE con Podemos coadyuvará a mejorar la situación.

En el plano de los “acuerdos”, el objetivo del Gobierno es alcanzar cuanto antes un pacto con Eudel (la asociación de ayuntamientos) para movilizar las grandes reservas de suelo disponibles. “Si tuviéramos que ir municipio a municipio, no acabaríamos nunca y colapsaríamos”, ha señalado sobre la interlocución a través de una entidad supramunicipal. También ha apelado a seguir trabajando de modo coordinado en la declaración de zonas tensionadas prevista en la normativa estatal de vivienda y que permite límites de precios y otras medidas de control. Por ejemplo, ha asegurado que está a punto de enviarse al Gobierno central la información fiscal pendiente para poder aplicar todas las medidas previstas para las zonas tensionadas. La primera será Gipuzkoa en unos días, según ha indicado Itxaso, que ha alabado la coordinación interinstitucional aunque el asunto había generado críticas por los retrasos de las Haciendas forales.

Críticas a los portales inmobiliarios

El consejero ha puesto en valor también la sintonía con el PNV en materia de Vivienda. En la pasada legislatura, fue uno de los campos de batalla entre los socios del Gobierno hasta el punto de que los nacionalistas interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el criterio del consejero socialista del ramo a cuenta de la ley estatal de 2023. Al lado de Itxaso, en la misma rueda de prensa, la portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, de cuya cartera depende los recursos competenciales, ha asegurado “suscribir” la política de vivienda de la parte socialista.

En ese sentido, ha criticado con dureza informes que se suceden sobre los supuestos efectos negativos de la normativa estatal dos años después de su entrada en vigor. Ha afirmado que las inmobiliarias operan con “prejuicios ideológicos” porque sacan rédito de los anuncios y de la “rotación” de viviendas, pero ha insistido en que sus estadísticas no pueden ser la base para analizar la situación del mercado. De hecho, ha indicado que hay 89.000 alquileres registrados en Bizilagun -el sistema de fianzas de la Administración- y 58.000 en los municipios de más de 20.000. Han subido por encima del 3% desde la entrada en vigor de la ley, más de la media en Donostia y Bilbao y algo menos en Vitoria y Errenteria, que fue el primer municipio en ser declarado como tensionado. “Ya está bien de manipular”, ha llegado a clamar Itxaso.