Tres sentencias tumban la autorización de la hoy consejera Amaia Barredo a un proyecto de residuos en Bergara

La sala segunda de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) notificará este jueves al menos tres sentencias en las que anula la autorización concedida por el Gobierno vasco al controvertido proyecto de tratamiento de residuos papeleros promovido por la empresa Valogreene Paper en el polígono de Larramendi de la localidad guipuzcoana de Bergara. En la primera da la razón al colectivo Ekologistak Martxan, en la segunda al Ayuntamiento de Bergara y en la tercera el que gana al Ejecutivo es un particular, según fuentes judiciales. Son sentencias que pueden ser recurridas y revocadas ante el Tribunal Supremo. Existe un cuarto procedimiento abierto por una funcionaria de Bergara a título individual sobre el que se prevé que llegue una sentencia próximamente y en los mismos términos.
Los fallos los firman los magistrados Ángel Ruiz, Juan Carlos da Silva y Juan Carlos García. El tercero de ellos ha sido el ponente. Se de la circunstancia de que en ningún momento en las largas resoluciones judiciales se informa de que las resoluciones administrativas anuladas, que son de hace tres años, fueron emitidas por Amaia Barredo, del PNV, cuando era viceconsejera de Medio Ambiente con Arantxa Tapia. Barredo, tras una breve etapa en la Diputación de Álava, es ahora consejera en el Gobierno de Imanol Pradales y dirige la cartera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. En la tramitación del expediente de Valogreene Paper participó igualmente el director de Medio Ambiente, el cargo inmediatamente por debajo de Barredo, Javier Aguirre Orcajo. En su caso, en la nueva legislatura es jefe de la oficina territorial de las cuencas cantábricas occidentales de la Agencia Vasca del Agua (URA).
El caso Valogreene Paper esconde una muy compleja tramitación administrativa y una aún más laberíntica gestión judicial que ha derivado en una pugna política de alto nivel entre PNV y EH Bildu. Todo arranca con la propuesta de la empresa ilicitana Greene Waste to Energy en 2021 para instalar en Bergara una actividad económica. Inicialmente, el Ayuntamiento de EH Bildu dio el visto bueno al proyecto. Sin embargo, meses después revocó los permisos municipales al entender que se había modificado el objeto inicial de la actividad presentada y que ahora iba a ser de un impacto ambiental mucho mayor. La Administración autonómica, sin embargo, concedió la autorización ambiental integrada igualmente a Valogreene Paper a pesar de los cambios registrados y de la falta de luz verde municipal. La tramitación la capitaneó Aguirre Orcajo y la firma final la estampó Barredo.
Y ahí empezaron los procesos judiciales. Por un lado, Greene Waste to Energy recurrió en lo contencioso-administrativo para anular las actuaciones de EH Bildu en Bergara. El asunto llegó a un juzgado de Donostia y, en abril, dio la razón a la empresa. Eso dio alas al PNV en la pugna con la coalición abertzale por este asunto. La actual presidenta el partido nacionalista en Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, que ya era dirigente con anterioridad, llegó a escribir públicamente que el alcalde Gorka Artola había podido cometer un delito de “prevaricación”.
Sin embargo, quienes fueron investigadas por prevaricación fueron Barredo y Aguirre Orcajo. Ekologistak Martxan no solamente recurrió la autorización en vía contencioso-administrativa -donde, como se ha acreditado, se puede lograr paralizar un proyecto- sino que interpuso una denuncia ante la Fiscalía por si las actuaciones podrían ser constitutivas de delito. La prevaricación, aunque no comporta prisión, sanciona las resoluciones injustas o irregulares a sabiendas de que lo son y se entendía que el Gobierno pudo actuar ilegalmente al desoír el cambio de parecer del Ayuntamiento.
La causa penal, adelantada por este periódico, se inició en un juzgado de Vitoria cuando Barredo era aún viceconsejera. Una resolución de la Comisión de Ética del Gobierno vasco dictaminó que ella y su colaborador podían seguir en sus cargos pese a la investigación. Barredo, sin embargo, fue propuesta para ser diputada foral de Álava en la nueva legislatura de Ramiro González. Era el verano de 2023. La viceconsejera nunca informó ni a su partido en Álava ni a González de que pesaba sobre ella una causa penal. Declaró en el juzgado como imputada en mayo de 2024. Unos días después, a finales de junio, Barredo se convirtió en consejera de Pradales. Eso hizo que pasara a estar aforada y que la causa la tuviera que asumir la sala penal y civil del Superior.
Desde entonces, la investigación penal no avanzó en nada. Pasaron los meses y solamente hubo un peloteo entre el juzgado de Vitoria y el Superior por cuestiones formales. Finalmente, se archivó totalmente la pieza penal por prevaricación sin que conste que la sala penal y civil hiciera actuación alguna. En paralelo, el juzgado de Vitoria cerró también la parte relativa a Aguirre Orcajo. Los procesos contencioso-administrativos ahora resueltos, los cuatro, estuvieron paralizados a la espera de las actuaciones penales, aunque ya quedó claro que ni esas resoluciones ni la remitida a Donostia en torno a la actuación municipal prejuzgaban o sentaban precedente para el Superior.
En los fallos ahora conocidos se estiman alegaciones tanto de Ekologistak Martxan como de Bergara. No todos, pero sí los más signficados, hasta el punto de tumbar la autorización recibida por Valogreene Paper. Se destaca que el “informe de compatibilidad urbanística ante el Ayuntamiento de Bergara” era para la “producción ecológica de cargas minerales para la industria siendo la actividad el tratamiento de subproductos procedentes de la industrial del papel de Euskadi” cuando “en realidad se refería a tratamiento de residuos industriales a tratar (lodos del proceso de destintado, lodos de EDAR y residuos de papelote)”. “Se considera que un enfoque de la cuestión limitando la actividad objeto de autorización a su consideración como industria mineral de producción de cemento, cal y óxido de magnesio no resulta acomodada a la verdadera naturaleza y sentido del proyecto”, apuntan las sentencias.
La sentencia no es firme, ya que puede ser revisada por el Tribunal Supremo. Debería recurrirla para ello el Gobierno vasco. La actual cartera de Barredo, la de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, no es la competente para ello. Lo es la de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, en manos de Mikel Jauregi, también del PNV. Según 'El Diario Vasco', las sentencias no afectarán al fondo de la cuestión porque Valogreene Paper tenía ya dudas de seguir adelante con el proyecto.
“Como una primera valoracion, desde el Gobierno vasco respetamos la sentencia y nuestros servicios jurídicos se encuentran analizándola. Creemos que nos encontramos ante un tema de procedimiento en cuanto que otorga una condicion de vinculante al informe sin determinar si el mismo se ajusta o no a derecho. Recordemos que ya hay una sentencia previa que anula un acto administrativo del Ayuntamiento que perseguía anular un informe previo favorable municipal (sentencia pendiente de ser firme)”, explican desde el equipo de Jauregi, que gestiona ahora la cartera de Medio Ambiente (Sostenibilidad).
De hecho, el Ejecutivo apunta que “la sentencia dada a conocer hoy establece que el informe negativo elaborado por el Ayuntamiento debía haberse tenido en cuenta por parte del órgano ambiental para no aprobar la Autorización Ambiental Integrada, pese a que dicho informe pudiera no ser conforme a la ley”. “En anteriores sentencias judiciales (sentencia del 09-03-2011 del TSJPV sobre la planta de producción de energía eléctrica de Pasaia), se determinaba que la existencia de un informe de compatibilidad urbanística negativo no menoscaba que el órgano ambiental pudiera aprobar la autorización ambiental integrada. Y con la argumentación de esta previa sentencia firme como base, se procedió a la tramitación del expediente en Bergara”, defienden.
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