El trámite de la Ley de Publicidad Institucional avanza en las Cortes de Castilla y León mientras el PP lo recurre

La Ley de Publicidad Institucional avanza en su tramitación en las Cortes de Castilla y León. La ponencia de este jueves no ha alcanzado la unanimidad en ninguno de sus puntos y, por lo tanto, el texto y las enmiendas se debatirán en la comisión, que la oposición espera poder celebrar en la semana del 9 de junio. El letrado de las Cortes tiene un plazo de 15 días para elaborar su informe, aunque fuentes parlamentarias creen que puede tardar menos días porque no ha habido ningún acuerdo. De celebrarse la semana del 9 de junio y llegar a un acuerdo en la comisión, el texto podría debatirse en el pleno del parlamento en el último pleno de este periodo de sesiones.

Esta ponencia —que ha durado una media hora, según fuentes del parlamento— se ha celebrado un día después de que el Grupo Popular haya presentado un recurso de amparo ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su contra porque la ha convocado el presidente del parlamento, Carlos Pollán, y no el presidente de la Comisión, del PP. A pesar de este recurso, los dos ponentes del Grupo Popular —que ha nombrado esta misma semana a Raúl Hernández y Miguel Ángel García Nieto— han acudido a la ponencia.

“El PP ha acudido porque si no hubiese venido, quizá podríamos haber acordado un texto por unanimidad”, informan el ponente de Vox Miguel Suárez Arca, algo que descarta el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, porque él ya había manifestado su intención de rechazar todas las enmiendas para que todo el debate fuera público. “Era muy raro que hubiera unanimidad”, apunta Vanessa García, de Soria ¡YA!. Todos los grupos de la oposición destacan la importancia de que esta comisión pública se celebre para que los ciudadanos puedan ver la posición pública de cada formación. “Es de hecho positivo que sea público el debate”, celebra la socialista Nuria Rubio, que cree que el PP está utilizando esta situación como “una excusa” para que la Ley no se tramite en este periodi de sesiones. “Por qué si no, ¿a qué se debe este empeño en que se retrase una semana?”, se pregunta.

Dos trámites paralelos

Por lo tanto, el texto de la Ley de Publicidad Institucional se debatirá en la Comisión en las próximas semanas. El reglamento establece un plazo máximo de 15 días para elaborar el informe posterior a la ponencia, cuando el presidente de la Comisión deberá convocar la misma para debatir las enmiendas de todos los grupos salvo el Popular, que quiso prorrogar el plazo para presentar las enmiendas y fracasó en el intento. Si el PP se negara a convocar la Comisión para la próxima semana, Pollán podría también intervenir para convocar esta Comisión, según el reglamento. Y si no se incluyera esta cuestión en el orden del día, la oposición podría agruparse y presentar una modificación en el programa para forzar el debate de las enmiendas.

De manera paralela, la Mesa de las Cortes tendrá que pronunciarse ante el recurso de amparo firmado por el Grupo Popular, que espera que la Mesa (donde tienen representación el PP, el PSOE y que preside Vox) “actúe con responsabilidad” y “restablezca el respeto al funcionamiento parlamentario”.

El PP acusa Pollán de cometer “una intromisión indebida”

El único grupo parlamentario que sostiene al gobierno autonómico considera que la intervención de Pollán “representa una intromisión indebida” en el funcionamiento “autónomo” de un órgano parlamentario, y supone “un peligroso precedente que debilita la seguridad jurídica” y “erosiona” las garantías del proceso legislativo. “No se trata sólo de una cuestión de forma: el fondo también se ve comprometido cuando no se respetan las normas que ordenan el debate parlamentario”, sostiene el Grupo Popular en un comunicado remitido a los medios. 

El Grupo Popular, cuyo portavoz es Ricardo Gavilanes, considera que la oposición “atiza una infundada sombra de sospecha de 'dilatación' del proceso al tiempo que obvia y calla ante ”la mala praxis“ de Pollán”, y rechaza que pretendan “obstaculizar” el debate, sino “asegurar que cualquier paso se dé conforme a derecho”. Con esta iniciativa, el Grupo Popular reitera la necesidad de velar por la integridad del proceso, evitando que decisiones de calado como las que afectan a la reforma de una ley “se tramiten al margen del reglamento”.