La Junta de Castilla y León alega contra la Ley de condonación de deuda por ser “un pago al acuerdo de investidura”

La Junta de Castilla y León ha informado este viernes que ha presentado alegaciones a la consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. En un comunicado, el Ejecutivo autonómica ha señalado que con esta decisión “reitera” su oposición a una medida que considera “un pago a un acuerdo de investidura”.

Para la Junta la ley carece de “un análisis técnico riguroso ni participación multilateral de las autonomías”. Además, según ha explicado la nota de prensa, en esas alegaciones han señalado que “la condonación no soluciona el problema estructural de financiación, simplemente mutualiza la deuda al transferirla al Estado, y que los criterios para la quita son arbitrarios”.

La posición de la Junta ha sido trasladada anteriormente al Gobierno en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y reiterada en encuentros técnicos. El Ejecutivo de Castilla y León ha presentado diez alegaciones a la ley, según han confirmado.

Según han defendido, la primera alegación recoge que “el principal problema financiero de Castilla y León es la insuficiencia de recursos del modelo de financiación actual para cubrir el coste de las competencias y servicios públicos que debe prestar, no su nivel de endeudamiento”.

Asimismo, la Junta ha considerado que “la prioridad” es una “reforma integral del modelo de financiación” en un marco de igualdad y bilateralidad que garantice la solidaridad y suficiencia de los recursos. “La condonación aislada es solo un ‘parche’ que no resuelve el problema estructural de insuficiencia de la financiación”, han criticado.

En el documento de alegaciones, la Junta ha asegurado que las medidas orientadas a reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas autonómicas deben acordarse con las Comunidades Autónomas, en el marco de la reforma del modelo de financiación.

En el cuarto punto, el Ejecutivo autonómica ha sostenido que el anteproyecto de ley se considera un “'peaje’ de acuerdos políticos y no es fruto de una negociación multilateral con las autonomías”. “Se decide sobre la autonomía financiera, sin contar con su participación”, ha apostillado.

Otro aspecto a criticiar es que, a juicio del Ejecutivo de Castilla y León, la disposición prevista no se ampara en un análisis técnico que analice con rigor el endeudamiento autonómico, sus causas, efectos y valores de forma comparada los pros y contras de las posibles medidas alternativas. Asimismo, ha apuntado que “no se ha presentado ningun estudio que garantice que el traspaso de deuda autonómica al Estado vaya a resolver el problema de dificultad de acceso al mercado que padecen algunas comunidades”.

En el sexto punto, desde el gobierno liderado por Alfonso Fernández Mañueco (PP) han reprochado que la medida “no aporta recursos adicionales a las comunidades, por lo que el endeudamiento seguirá creciendo”. “Se trata de una medida cortoplacista que busca el pago a apoyos políticos”, ha agregado a este respecto.

Según ha manifestado la Junta, la condonación “no hace desaparecer la deuda, la ‘mutualiza’”. Esto quiere decir, como se ha explicado en el comunicado, que la condonación implica “un traspaso de 83.252 millones de euros de deuda autonómica al Estado, que será soportada por todos los ciudadanos españoles”. En el caso concreto de Castilla y León, la comunidad sería “perjudicada”, con un incremento de “523 euros de deuda por habitante”.

Otra alegación critica que los criterios propuestos para cuantificar la quita son “arbitrarios e ideológicos, penalizando la reducción de impuestos y la sostenibilidad de las finanzas públicas”. “Cualquier reparto debe basarse en criterios objetivos, equidad, igualdad y eficiencia”, han matizado sobre este punto.

Asimismo, la Junta ha aseverado que “la mayoría de las comunidades autónomas, instituciones y analistas se oponen a la medida” al considerarla “contraria al interés general de España”. Por último, la Junta ha defendido que la medida que se propone es “contraria a los principios constitucionales de solidaridad, igualdad y autonomía financiera de las comunidades autónomas”.