Modifican las fechas del juicio de la Trama Eólica: comienza el 15 de septiembre y durará hasta enero de 2026

La Audiencia Provincial de Valladolid ha modificado las fechas previstas inicialmente para la celebración del conocido como la 'Trama éolica', en el que serán juzgadas dieciséis personas por su presunta participación en una trama de corrupción política, y ha reducido las sesiones de 48 a 43. La Justicia analizará las supuestas mordidas que se repartieron empresarios y antiguos cargos de la Junta de Castilla y León entre los años 2000 y 2015 y que están cifradas en unos 75 millones de euros. Es el mayor caso de corrupción de la comunidad autónoma. El principal encausado es el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado —a quien Fiscalía pide 42 años de cárcel y 239 millones de multa solo por este caso—, que hace poco ha sido condenado por prevaricación en la trama de corrupción Perla Negra.
Finalmente, la vista oral, que se celebrará entre septiembre de 2025 y enero de 2026, se abrirá los próximos 15 y 16 de septiembre con la exposición de cuestiones previas y posibles acuerdos de conformidad.
El juicio se reanudará el 6 de octubre con la práctica de la prueba testifical y continuará los días 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21 del mismo mes.
Para noviembre, está programada la continuación de la declaración de testigos, en concreto los días 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, mientras que la prueba pericial incluirá también comparecencias ese mismo mes los días 18, 19, 24, 25 y 26 .
En diciembre, los peritos comparecerán los días 1, 2, 3, 9, para pasar a continuación con las declaraciones de los acusados, que serán los últimos en responder a las preguntas de las partes y a la exposición de los informes finales los días 10, 11, 15, 16 y 17 y, en enero, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28, informa EFE.
La instrucción concluyó en 2023
Transcurrirán más de dos años entre el fin de la instrucción y el juicio de septiembre porque dos de los tres magistrados han tenido que abstenerse en el caso porque han trabajado en la investigación judicial cuando estaba en el Juzgado de Instrucción (Javier de Blas) y durante una baja laboral de este magistrado (Soledad Ortega). De hecho, De Blas ahora es el presidente de la Sección. Por lo tanto, es necesario nombrar a otros dos jueces “de refuerzo” que no hayan estado en contacto con la investigación antes del juicio.
Además, y como señala el auto de admisión o rechazo de pruebas, la complejidad de la causa debe tenerse en cuenta a la hora de cuadrar agendas con los abogados y la logística del espacio físico necesario para la realización del juicio. Y una cuestión 'extra' —según explican desde el TSJ— con la que tiene que lidiar la Sección 4 de la Audiencia Provincial: es la encargada de juzgar la estafa de cuatro millones en el caso de los ataúdes, con una veintena de investigados.
El pasado 19 de abril del 2023 el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid dio por concluida la instrucción del caso y elevó la causa a la Audiencia Provincial, órgano competente para celebrar el juicio. A través de una providencia, el magistrado acordó remitir la “causa compuesta de 11.057 folios, conforme a lo previsto en el artículo 784.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Audiencia Provincial junto con, en su caso, las piezas separadas correspondientes, quedando a disposición del órgano judicial al que le corresponda el conocimiento de esta causa, si los hubiere, los efectos, los objetos intervenidos y las cantidades consignadas y/u ocupadas”.
16 acusados y peticiones que suman 138 años de cárcel
En noviembre de 2021, el instructor decretó la apertura de juicio oral contra los 16 acusados, cuyas peticiones de penas suman 138 años de cárcel y 848 millones de euros de multas.
En aquel auto de 77 páginas, que recogía todos los escritos de acusación, el magistrado, además de decretar la apertura del juicio, les dio diez días a los investigados para depositar las fianzas para cubrir esos más de 848 millones de multa en la parte que les corresponda a cada uno de ellos, tal y como pedía la Fiscalía Anticorrupción, a lo que se sumaba la Abogacía del Estado.
El escrito, como solicitaba la Fiscalía, también señalaba a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiaria de aquellas indemnizaciones exigidas al ex viceconsejero y secretario general de Economía, Rafael Delgado, siempre que este no las satisfaga. En concreto de algo más de 24,1 millones de euros, de los cuales 11,2 millones serán solidariamente con Iberdrola Renovables de Castilla y León, 7,84 millones de euros solidariamente con Sinae Inversiones Eólicas y cinco millones más, también solidariamente, con Parque Eólica la Boga.
La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es la solicitada para Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, como cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo, Tomás Villanueva, ya fallecido. Le siguen los empresarios Alberto Esgueva, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.
En la lista de imputados figuran otros ocho con seis años de cárcel de solicitud de pena, como es el caso de Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, al que se piden 100 millones de multa; Rafael Icaza, de Ibercyl, también con idéntica petición de multa; Francisco Esguveva, al que se piden 60 millones; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa Collosa y a los que se piden 45 millones de multa; Pedro Barriuso, de Biovent, 100 millones de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, expuesto a una multa de ocho millones.
Además, Fiscalía Anticorrupción interesa cuatros años de cárcel y 721.000 euros de multa para el empresario Marc Nodelar, de Solar Land Word SL, e idéntica pena privativa de libertad y 215.000 euros para María del Mar Moreno, esposa de Alberto Esgueva, mientras que para Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta, se solicitan diez años de inhabilitación.
La 'trama eólica' tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos.
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