Privatización, euskera o salud mental se convierten en los principales escollos para el gran pacto de salud en Euskadi

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ve ya la línea de meta en la carrera por etapas en que se ha convertido la búsqueda de un gran pacto que mejore Osakidetza, uno de los grandes retos marcados en el inicio de la legislatura por el lehendakari, Imanol Pradales. Después de la novena reunión, Martínez ha confiado ante los periodistas en que la semana próxima estarán ya listos los documentos de los 24 subgrupos de trabajo creados para plantear medidas en otras tantas áreas, puesto que se han presentado ya 22. Después, habrá otra semana de margen y reflexión para que los participantes en la mesa -partidos, sindicatos, universidades, colegios profesionales y otras asociaciones- fijen una posición final y se pueda firmar un pacto de país.

Sin embargo, hay ciertos puntos de fricción. El propio consejero admite públicamente que no hay consenso aún en torno a lo que él llama “colaboración público-privada” y que otras organizaciones como EH Bildu, Sumar, LAB o CCOO -ELA o ESK ya se fueron de la mesa- consideran “privatización” a secas. En la fase inicial ya se modificó un primer documento de diagnóstico para incorporar elementos más concretos señalando esta problemática -como el caso de las ambulancias externalizadas- y recientemente el Gobierno ha retirado una gran infraestructura de gestión privada, el almacén centralizado de Iurreta, valorado en 129 millones de euros. Pero, sin que se concrete dónde están las discrepancias, aún no hay consenso, indican las partes.

Tampoco ha sido sencilla la gestión del documento en torno a la salud mental, según las fuentes consultadas. O, en el caso de la atención sociosanitaria, se ha puesto de relieve que en la mesa que ha analizado la cuestión, a pesar de su amplitud, no están presentes las diputaciones, que son las que tienen el grueso de las competencias en residencias o dependencia en el entramado institucional vasco. Este punto se engarza también con las discusiones sobre los límites de lo público y lo privado.

Tampoco hay unanimidad en la propuesta sobre política lingüística. La coordinadora de ese grupo de trabajo, la asesora Nerea Antia, ha admitido en un primer momento a preguntas de los periodistas “desmarques” de organizaciones que no ha especificado aunque luego ha matizado sus palabras y añadido que “el grado de consenso ha sido bueno”. Según las fuentes consultadas, el PP -con una posición muy crítica tradicionalmente sobre los requisitos idiomáticos- y los sindicatos UGT y CCOO no secundarían todas las líneas planteadas. Igualmente, el PSE-EE “se reserva el derecho a analizar el conjunto del texto” para emitir su opinión, como han indicado a este periódico. Los socialistas son socios del PNV. Además, sus máximos dirigentes, Aitor Esteban y Eneko Andueza, han apuntado este mismo martes en el Parlamento que mantienen conversaciones de alto nivel para fijar una postura común en torno a las exigencias lingüísticas.

El consejero Martínez, en todo caso, ha destacado el “ambiente positivo” que preside la mesa de salud. Son ya nueve reuniones y serán al menos once, teniendo en cuenta las dos previstas ya. Los trabajos se iniciaron en septiembre y las bajas han sido pocas, ya que ELA, el principal sindicato vasco, ni se llegó a sentar de inicio.

Otras de las propuestas que se han lanzado este martes y que parecen contar con respaldo son la de crear un Instituto Vasco de Salud Pública -así lo ha expuesto el experto Pello Latasa- o incidir en la importancia del concepto “one health”, fusionar el cuidado de la salud con el del entorno natural. También se ha planteado realizar una planificación para el mantenimiento y mejora de las alrededor de 400 infraestructuras que gestiona Osakidetza entre hospitales, ambulatorios y otros servicios.