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Igea lleva a la Fiscalía la nueva financiación de la Junta a RTVCyL por un “caso de probable corrupción”

Francisco Igea, en las Cortes de Castilla y León.

Javier Ayuso Santamaría

Valladolid —
9 de junio de 2025 12:27 h

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El procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un posible delito de malversación, prevaricación administrativa o desvío de subvenciones públicas de la Junta por la aprobación el viernes pasado de la financiación de RTVCyL por otros dos años más.

Según el exvicepresidente de la Junta, este presunto delito se debe a que se haya condicionado el incremento de la financiación pública a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. “Lo que sucedió el viernes es un caso de probable corrupción. No puede resolverse un conflicto laboral con una subvención pública, lo que está ocurriendo es un escándalo”, ha apuntado Igea.

Igea ha explicado durante el transcurso del debate de las enmiendas a la Ley de Publicidad Institucional en la Comisión de Presidencia de las Cortes que Castilla y León está gastando “25 millones de euros de forma fraudulenta en una televisión que solo sirve para garantizar el clientelismo de dos empresas”.

Castilla y León Televisión es una empresa privada que emite como televisión autonómica recibiendo por ello subvenciones por parte de la Junta de Castilla y León. La entidad está formada por dos empresas, Promecal, que pertenece al empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup Media, fundada por el empresario leonés José Luis Ulibarri, condenado en la trama Gürtel y que ahora está en manos de sus hijos.

El procurador ha recordado que la concesión acaba en agosto, motivo por el que se convocó el pasado viernes la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) además de saltarse las medidas de la futura Ley de Publicidad Institucional, que también recoge cambios en la relación de la Junta y la televisión privada RTVCyL.

Dos años más de financiación a pesar de que la concesión acaba en agosto

El pasado viernes la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) se aprobó un incremento de la aportación pública vinculado al acuerdo en las negociaciones del convenio colectivo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. La Junta de Castilla y León financiará RTVCyL dos años más con 23,4 millones anuales pese a que la concesión termina en agosto.

Este incremento se ha condicionado a unas mejora de las condiciones personales y profesionales de los trabajadores de esta empresa privada: el 60% del incremento irá a mejoras contributivas y otro 30% a mejoras de los medios materiales. Han votado a favor de este incremento la Junta de Castilla y León (3), el PP (1), el PSOE (1) y Soria ¡Ya! (1). El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, votó en contra y Vox se ha ausentado de la reunión.

Se produce, por lo tanto, un incremento en la partida destinada a Televisión Castilla y León, que pasa de 21,3 millones de euros a 23,4 millones para este ejercicio y el siguiente, a pesar de que la concesión termina en agosto —algo de lo que se han enterado los miembros de la Comisión este mismo viernes— y de que aún no se ha iniciado el proceso para la nueva concesión. Además, se suma 1,1 millones de euros más este año por los atrasos de la no actualización en el año 2024. En total, se ha apoyado darle una subvención a Televisión Castilla y León de 47,9 millones de euros en dos años.

A pesar de ser requerido para ello, el director RTVCyL, Jorge Losada, no proporcionó los informes sobre los salarios de los altos cargos, el informe sobre las audiencias ni el de representatividad de los grupos parlamentarios en los programas informativos, algo que la Televisión ha “encargado”, según fuentes consultadas por este periódico. El PSOE puso dos condiciones de cara a la Comisión de la TDT: conocer los salarios de toda la plantilla, incluidos los grandes jefes de 6.000 euros. Y conocer la situación y la viabilidad de la empresa. RTVCyL no ha proporcionado ninguno de los dos informes amparándose en la Ley de Protección de Datos, según fuentes de la Comisión.

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