La reforma de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León avanza hasta el pleno y el PP habla de “censura”

Los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León ha vuelto a mostrar un acuerdo entre diferentes formaciones frente al rechazo frontal del Partido Popular para reformar la Ley de Publicidad Institucional. En el debate del dictamen de la Comisión de Presidencia, la oposición ha aprobado todas las enmiendas a la ley, salvo tres del Partido Socialista y la única presentada por el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea. En total, se han aprobado 34 de las 38 enmiendas al texto definitivo que será debatido en el pleno.
Aprobado el dictamen sobre las modificaciones al texto definitivo de la ley, los grupos de la oposición -PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Mixto- aprobarán de forma definitiva la nueva Ley de Publicidad Institucional en el pleno de las Cortes del próximo 25 de junio, antes de que finalice este periodo de sesiones.
Entre los cambios más significativos en la ley gracias al repetido “acuerdo de mínimos” entre la oposición se encuentra una limitación de aportaciones económicas equivalente al 33% de la facturación anual de cada medio de comunicación. También un mayor control parlamentario de la televisión privada RTVCyL a través de un Consejo de Evaluación con perfiles técnicos y profesionales que serán elegidos en el parlamento por los grupos y de forma proporcional. También obliga a la subrogación de los cerca de 300 trabajadores de la televisión privada.
También se ha pactado un nuevo concurso público para adjudicar la licencia de TDT. La convocatoria de este concurso deberá ser en un plazo de tres meses máximo tras aprobarse la reforma de la ley. Esta nueva ley también limitará la contratación de publicidad institucional con medios de comunicación que hayan sido condenados por difundir informaciones falsas o bulos.
El PP habla de “censura”
El Grupo Parlamentario Popular ha mostrado su total rechazo, no solo a la reforma, sino al propio debate en la comisión. En una de sus primeras intervenciones, el portavoz Miguel Ángel García ha dejado clara la postura de los populares: “Este texto solo pretende amordazar e intimidad a los medios de comunicación, vulnerando la libertad de expresión, de opinión y de prensa. Anteponen su voluntad de censura. Por ello, votaremos en contra de todas las enmiendas sin entrar en el fondo de ellas”.
Sin embargo, el Partido Popular ha tratado de maquillar su oposición a la reforma de la ley. “No estamos en contra de actualizar la normativa, pero se ha propuesto en un marco en el que no queremos formar parte”, ha insistido el portavoz popular. El 'marco' en el que se ha producido el debate de las enmiendas al texto de la ley es la aprobación el pasado viernes de la subvención directa a RTVCyL, de 23,4 millones de euros a pesar de que la concesión finaliza en agosto. Una situación que Francisco Igea ha puesto en conocimiento de Fiscalía por un “caso probable de corrupción”.
“No vamos a participar en la cacería que emprenden contra los medios de la comunidad”, ha reiterado Miguel Ángel García, que ha hablado de “intervencionismo y censura” como los “rasgos del más rancio comunismo y del fascismo caduco”. El Partido Popular no ha entrado a debatir las enmiendas, su contenido o su forma, para repetir durante sus intervenciones el rechazo al texto acordado por la oposición e insistir en la “censura”.
La oposición aprueba todas las enmiendas salvo 3 del PSOE y la de Francisco Igea
De las 38 enmiendas que se habían presentado - 19 del PSOE, 3 de Vox, 9 de UPL, 6 de Soria ¡YA! y 1 del Grupo Mixto -, tan solo se han rechazado tres correspondientes a los socialistas y la presentada por Francisco Igea. Respecto a las del PSOE, una de ellas en relación con la exposición de motivos de la ley y los bulos o noticias falsas; la segunda, relativa a la prohibición de campañas publicitarias que no transmitan una imagen igualitaria, a la que se ha opuesto Vox; y la tercera, también con el rechazo de Vox, que habla de la profesionalización de la creatividad de la publicidad.
La cuarta de las enmiendas no aprobadas, presentada por el exvicepresidente Igea, con la que solicitaba que la Junta no financie ni subvencione medios de comunicación privados al margen de la Ley de Publicidad Institucional y que, en el caso de la televisión, sean liquidados los contratos actuales.
Desde el Partido Socialista, la portavoz Nuria Rubio ha explicado que esta nueva normativa busca “dotar de transparencia a la publicidad institucional”. “Es una obligación, no se estaba haciendo hasta ahora y esta ley terminará con estas estrategias. Conseguiremos un modelo más transparente, más justo y más democrático”, ha afirmado la socialista. Además, ha insistido en la importancia de crear “una televisión pública para todos, no solo para un sector”. Al mismo tiempo, los socialistas han reiterado la importancia de haber llegado a un acuerdo con toda la oposición. “Cuando un grupo se queda solo (PP) y el resto llega a acuerdos técnicos, con ideologías completamente opuestas, es un ejercicio importante de democracia”, ha finalizado.
El Grupo Parlamentario de Vox ha continuado en la línea de los socialistas al señalar “el esfuerzo” realizado entre todos los grupos de la oposición. El portavoz, Miguel Súarez Arca, ha subrayado el “ejemplo de parlamentarismo y democracia” que han llevado a cabo. “Los distintos son capaces de tocarse antes de que el que dice que representa a todos sea capaz de tocarse con nadie”, ha repetido. Respecto a la norma, Suárez Arca ha explicado que “la administración pública debe aspirar a la veracidad, puede incurrir al error, pero no a la falsedad”, por ello es “necesaria transparencia en qué se contrata y con quién se contrata y después un seguimiento y evaluación”.
El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha sido el más crítico durante el debate, en el que ha rechazado en varias ocasiones que esta ley se trate de “censura”, como ha defendido el Partido Popular. De hecho, en los compases finales, Igea ha indicado que había recibido varios mensajes de medios de comunicación durante la comisión. “Si revisasen (la Junta) sus llamadas salientes, igual no hablarían de censura. Lo que pretende la reforma es liberar del yugo a los medios de comunicación, para su libertad”, ha ironizado Igea.
“La nueva normativa nada tiene que ver con la censura, sino con la evaluación de los impactos y la responsabilidad. La publicidad institucional debe sustentarse en medios veraces porque, si no, la confianza en el mensaje institucional decaerá”, ha explicado Igea, que ha matizado que “quizá para algunos es exótico, pero para la administración pública debería ser habitual la veracidad”.
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