EH Bildu quiere blindar por ley la exigencia del euskera en el acceso al empleo público

La coalición EH Bildu, desde la oposición, ha registrado en el Parlamento Vasco este martes una iniciativa para blindar por ley las exigencias de euskera en las convocatorias de acceso a la Administración pública, tanto autonómica como foral y municipal. La proposición llega al día siguiente de que el lehendakari, Imanol Pradales, planteara de cara a 2027 un gran “salto cualitativo” en la lengua vasca y avanzara que PNV y PSE-EE, socios del Gobierno vasco, mantienen conversaciones sobre esta materia.
La formación abertzale plantea técnicamente una reforma de la ley de empleo público, que es de 2022. Se trataría de un “nuevo paradigma” para dotar de “seguridad jurídica” a las instituciones que fijan requisitos de conocimiento de la lengua vasca en sus convocatorias. Recientemente, en el marco de la oleada de procesos de estabilización o de nuevas plazas, se han sucedido los recursos sobre bases de convocatorias aparentemente discriminatoria y también ha habido una cascada de sentencias judiciales que, a juicio de EH Bildu, son una “ofensiva” que hay que frenar.
Según EH Bildu, el “principio general” ha de ser “el conocimiento de las dos lenguas oficiales”, como ocurre con el gallego en Galicia y con el catalán en Catalunya y Valencia. Las excepciones han de ser tasadas, arguyen. En definitiva, es dar la vuelta al modelo vigente, en el que se regulan las plazas 'perfiladas' que requieren un nivel de euskera. Ahora solamente “de forma justificada y objetiva” se eximiría de dominar la otra lengua oficial y, en todo caso, en esos puestos sería “valorado como mérito” también. El principio es que todo ciudadano pueda ejercitar su derechos a ser atendido en cualquiera de los dos idiomas oficiales.
Sostiene la coalición que “el 75%” de la población secunda “la exigencia del conocimiento de las dos lenguas oficiales en la Administración pública” y que “el 90%” de los menores de 30 años son perfectamente bilingües. EH Bildu no renuncia a la “empatía”, según recoge textualmente, pero desde la premisa de que no se puede “retroceder” ni hacer del euskera “un tema de debate mediático constante”.
La propuesta recoge también “facilidades para el aprendizaje y universalidad” de la lengua. “Más recursos”, en definitiva, para la adquisición de competencias idiomáticas. La idea es que “todas las personas tengan la oportunidad de adquirir la competencia lingüística necesaria” en un contexto en el que algunos actores, incluidos sindicatos relevantes como CCOO, han planteado que no se pueden anteponer derechos laborales a los lingüísticos.
La propuesta, registrada en euskera por EH Bildu, tiene 22 páginas. “Hay una ofensiva judicial. Nuestro régimen se está modificando desde los juzgados, y este régimen es, además, muy sensible. Es uno de los pilares básicos de nuestro autogobierno. Eso necesita una primera respuesta y un muro. Y también sabemos cómo se hace eso. Se realiza mediante una modificación de la Ley de Empleo Público”, ha explicado el líder parlamentario de la formación soberanista, Pello Otxandiano.
Y ha añadido: “No necesitamos hacer un proceso de bases y principios; necesitamos un cronograma, una planificación para llevar a cabo esta agenda. Creemos que este primer paso, es decir, la modificación de la Ley de Empleo Público, tiene que producirse. Nosotros trabajamos una propuesta, la hemos compartido con el resto de partidos, pero también con agentes del mundo del euskera, con otros agentes. Luego hemos sabido que el PNV y el PSE[-EE] están negociando una reforma de ley entre ellos. Yo creo que es el momento de llevar esto al Parlamento. Nosotros hoy mismo registraremos esta modificación de la Ley de Empleo Público. Si el PNV y el PSE[-EE] tienen algo acordado o están a punto de acordar, que lo lleven al Parlamento y hagamos este debate en el Parlamento, y de una vez por todas empecemos a tomar decisiones y a adelantarnos en esta agenda”.
EH Bildu insiste en que no plantean “nada del otro mundo”. “Esto se hace en Galicia, Catalunya o Valencia”, ha señalado sobre dos comunidades lideradas por el PP y otra por los socialistas. Al ser una proposición de ley, la Cámara debatirá en pleno si la admite o no a trámite. El Gobierno de PNV y PSE-EE tiene mayoría absoluta y podría tumbarla. Antes, el Ejecutivo ha de emitir un dictamen con su criterio y posición ante las iniciativas presentadas.
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