Tres de las 25 denuncias presentadas ante el 'comisario anticorrupción' de Castilla y León en 2024 acaban en la Fiscalía

El primer informe sobre la actividad de la nueva Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León (AICCyL), dependiente del Consejo de Cuentas, ha deparado que 3 de las 25 denuncias planteadas ante este órgano fueron remitidas a la autoridad competente o la Fiscalía para su análisis, por si los hechos denunciados pudieran constituir algún tipo de delito.

El responsable de esta entidad, que comenzó a operar el pasado 2024 y por tanto únicamente funcionó efectivamente seis meses, Luis Gracia, ha entregado este martes la Memoria de actividad anual al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, antes de que su contenido sea debatido por los grupos parlamentarios.

Esta entidad ha explicado en un comunicado que en lo que va de 2025, entre enero y junio, el número de denuncias que han llegado a esta instancia se ha elevado a 40, por lo que el ritmo es superior al del pasado ejercicio.

La Autoridad Independiente sobre Corrupción de Castilla y León detalla que de entre esas 25 denuncias planteadas en 2024, 20 de ellas fueron admitidas a trámite, dos inadmitidas y tres “remitidas inmediatamente a la autoridad competente o al Ministerio Fiscal”, según explica esta entidad en un comunicado.

Otros datos de la Memoria

Al cierre de 2024, de esas denuncias 13 de ellas habían sido archivadas al entender que no había visos de corrupción en ellas, mientras que siete de ellas se mantenían “pendientes de actuación”, según la misma memoria.

Sobre la administración afectada por estas denuncias, la AICCyL detalla que 17 de ellas correspondían a la Junta de Castilla y León, siete a ayuntamientos y una al ámbito de las universidades públicas.

En concreto, el 56 por ciento hacía referencia a cuestiones relacionadas con la gestión de recursos humanos, mientras que el resto hacía referencias a corrupción, políticas públicas, contratación pública y ausencia de canal interno.

Sobre los denunciantes, el 76 por ciento de ellos se identificaron, mientras que el 24 por ciento procedieron de personas que prefirieron mantener el anonimato, pese a que en este proceso rige el “deber de confidencialidad”.

Además, esta Autoridad Independiente ha resaltado en su informe que únicamente el 1 por ciento de las entidades obligadas a notificar el nombramiento de su responsable del Sistema Interno de Información lo ha hecho, lo que se traduce en que han sido únicamente 68 notificaciones al cierre de 2024, mientras que en lo que va de 2025 se han incorporado 42 más, lo que eleva el porcentaje pero en una escasa cantidad.

El incumplimiento de la notificación es distinto del incumplimiento de tener implementado un sistema interno de información conforme a los requisitos legales, por lo que la Autoridad ha subrayado que no haber notificado el nombramiento del responsable no implica necesariamente que no se haya creado ese canal para facilitar las denuncias de corrupción, pero sí se trata de una infracción leve.

El origen de esta entidad

En mayo de 2024 se aprobó y publicó la Ley 2/2024, de 9 de mayo, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, entre cuyos contenidos figuraba la creación de esta entidad, aunque hasta el 20 de junio no tomó posesión de su cargo el responsable del mismo en el Parlamento autonómico, Luis Gracia.

Adscrita orgánica y presupuestariamente al Consejo de Cuentas de Castilla y León -donde tiene su sede- la Autoridad se establece como canal externo conforme a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, actuando con independencias jerárquica y funcional.

Además, se le atribuye la potestad sancionadora y la protección de las personas informantes, y entre sus funciones también se incluyen el asesoramiento, la formación y la evaluación de la eficacia de los instrumentos jurídicos y de las medidas existentes en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, así como la formulación de propuestas para promover los máximos niveles de integridad.