Un duro informe afea al Gobierno vasco haber autorizado la pesca profesional de angulas, una especie protegida

El Ararteko, en el último informe de relevancia de Manuel Lezertua al frente de la institución, reclama a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, una “revisión” de la nueva regulación de la pesca de la angula, una especie en peligro de extinción y sobre la que pesan normativas europeas de protección. En un dictamen muy contundente, la Defensoría del Pueblo achaca al Gobierno vasco haber aprobado un decreto en 2024 que creaba una pesca profesionalizada de la cría de la anguila cuando no existía, algo que “puede implicar una medida de regresión” para las angulas, y también de haber operado sin fundamento técnico y científico en la adopción de medidas.

El informe del Ararteko, de 28 páginas y muy prolijo en el análisis de la situación de la angula, cuyo precio en los últimos años se ha disparado y para la que existe también un amplio mercado negro que ha motivado sonadas operaciones policiales, viene motivado por una denuncia de la plataforma ecologista Mutriku Natur Taldea. Este colectivo presentó alegaciones al decreto de 2024, que fue tramitado por la ya extinta cartera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente dirigida por Arantxa Tapia y, entre otras cuestiones, refirió que no se le habían facilitado como parte interesada los informes que “avalaban” una profesionalización de la pesca “en contra de los criterios científicos que promovían limitar al máximo las capturas”.

Y es que la gran novedad de la nueva normativa, que buscaba dar respuesta a las exigencias de la Unión Europea, era la creación de un cupo limitado de licencias profesionales para la pesca de esta especie. Hasta entonces, en Euskadi la totalidad de las capturas se hacían en la modalidad “recreativa”, “deportiva” o no profesional, que había sido vetada a nivel comunitario para proteger el futuro de las crías de las anguilas. Se habilitaron 150 licencias (138 desde tierra y 12 desde el agua) y un máximo de capturas de 554 kilos para la temporada 2024/2025, que ha sido la primera con esta modalidad.

Este informe asegura que Europa no pone reparos a la protección de la pesquería tradicional y, de hecho, apunta el ejemplo de Asturias, validado por los tribunales. Sin embargo, agrega que “la protección de la pesca comercial o profesional debe partir de la propia existencia de ese sector económico”. Es decir, afea a Euskadi haber creado un nuevo negocio de explotación de angulas en pleno proceso de endurecimiento de las restricciones para las capturas. “El Ararteko considera que la regulación 'ex novo' de la pesca profesional de la angula puede implicar como consecuencia una medida de regresión de las normas de protección de la anguila”, se puede leer en el dictamen.

Además, se afea al Ejecutivo que haya dado estos pasos sin una “especial justificación” o “motivación técnica” de las razones “de interés público” que la sustentan. Se menciona, por ejemplo, el informe de la Comisión Jurídica Asesora (COJUA), el organismo interno que verifica toda la producción normativa del Gobierno vasco, que fue muy duro. El Gobierno ha replicado que es un documento “preceptivo” en cualquier aprobación reglamentaria pero no “vinculante”. Y se recoge también que otros informes de organismos como Azti (Centro de Investigación Marina y Alimentaria) que se han utilizado no fueron elaborados 'ex profeso' para el decreto.

En el dictamen del Ararteko se ofrecen algunos datos sobre el estado de la anguila en Euskadi. Y la conclusión es que los planes de “gestión” anteriores no habían logrado, precisamente, los objetivos de reducir las capturas. En la campaña 2019/2020, por ejemplo, se declararon 662 kilogramos y en la 2022/2023 fueron 1.317. Este periódico publicó otros datos recientemente. Según el Gobierno vasco, en la primera temporada con el sector profesionalizado no solamente se ha respetado el cupo sino que apenas se ha subastado un 36,69%, 198,44 kilogramos. Las licencias también han pasado de unas 700 con el modelo anterior a las 150 ahora autorizadas.

El documento incluye como “recomendación” final una petición expresa de “revisión de la pesca de la angula en Euskadi que se adecúe a las medidas exigidas para la recuperación de la población de anguila europea derivadas del derecho de la Unión Europea, por las cuales su pesca profesional debe restringirse al máximo posible y debe exigirse medidas de repoblación de las capturas autorizadas”. También que las nuevas medidas “estén basadas en los dictámenes técnicos y científicos” oportunos. Como tirón de orejas añadido, se enfatiza que “con base en el principio de buena administración” el Gobierno de facilitar “toda la información” y la “participación” de entidades interesadas, como Mutriku Natur Taldea.

¿Cómo ha encajado el Gobierno el informe? Fuentes del área de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca aseguran que “se va a estudiar el informe” y que “lógicamente” se responderá “con argumentación” al Ararteko. “En nuestra opinión creemos que está bien tramitado el decreto. Y bien justificado. Asimila nuestra reglamentación al resto de comunidades autónomas del Cantabrico”, añaden desde el Ejecutivo.

El informe del Ararteko está datado el 4 de junio. Es uno de los últimos durante el largo mandato de Manuel Lezertua, que fue elegido en el Parlamento Vasco como titular de la Defensoría del Pueblo vasca en 2015. Precisamente, este martes ha formalizado su renuncia después de agotar dos mandatos. Lo ha hecho en un acto solemne con la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria. Su 'número dos', Inés Ibáñez de Maeztu, asumirá en funciones el papel de 'ombudsman' hasta que el pleno del Parlamento, con una mayoría de tres quintos, elija a un nuevo responsable del Ararteko.