Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles la Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista para dotar a la Comunidad de una Ley LGTBI. La abstención del Partido Popular ha permitido que se supere el trámite parlamentario, contando solo con los votos en contra de Vox y de los dos exprocuradores expulsados de este partido.

El texto cuenta con 76 artículos y para su redacción, como ha señalado el socialista Miguel Hernández Alcojor, ha contado con el apoyo de diversas agrupaciones y colectivos de la Comunidad. Según el ponente de la ley, con esta normativa se busca poner “especial atención al medio rural, donde se detectan situaciones de doble discriminación”.

Con esta Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León busca introducir la inclusión del concepto 'sexilio', que, como explicó Hernández cuando presentó en diciembre la iniciativa, le sucede a aquellas personas que tienen que abandonar su lugar de origen obligados en contra de su propia voluntad por el mero hecho de pertenecer al colectivo LGTBI+“.

En la defensa de la iniciativa Hernández ha vinculado el auge de las agresiones y el discurso de odio con la llegada de “la ultraderecha” a las instituciones. El socialista ha recordado los últimos ataques y cómo el exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, llamó “trapo” a la bandera del colectivo. El procurador ha instado al PP a votar a favor, como en otras comunidades, al no tener que compartir gobierno con Vox.

El 'sexilio': “la doble discriminación” en el mundo rural

Precisamente es en el medio rural, donde se produce una “agravante” en cuanto a “una doble discriminación” por pertenecer al colectivo LGTBI+ y vivir en este entorno , como ha remarcado el procurador socialista. La ley también recoge otras minorías, como las personas sin hogar, como personas que pertenecen a algún tipo de etnia o religión. Asimismo, también se centra en personas mayores,

El proyecto es una trasposición de las normativas estatales a la comunidad. Más allá del 'sexilio', la ley contempla la formación de los profesionales del mundo de la sanidad, de la educación, de la cultura, a los funcionarios públicos de la Junta de Castilla y León, del resto de administraciones públicas.

En Sanidad, la propia ley prevé actuaciones integrales y multidisciplinares en materia de intersexualidad o por ejemplo en los tratamientos de asignación de sexo. También se pide protocolos acordes a las necesidades de las personas LGTBI, “poniendo foco y especial atención en las personas trans”, como señaló el procurador en su presentación

En Educación se quieren elaborar programas y guías de educación sexual que hablen de la diversidad sexual para la concienciación de padres y alumnos en materia de diversidad. Además, los medios de comunicación y la cultura son importantes en esta materia.

En el ámbito laboral, medidas para que ningún trabajador se vea obligado a esconderse o a no trabajar en empresas o administraciones que persigan esa condición sexual y políticas de empleo activas.

Esta ley tendrá “un régimen sancionador” para quien incumpla lo que se establezca. Es por eso que “se establece una serie de sanciones de infracciones que van categorizadas en función de la condición de la víctima, la intencionalidad del agresor, la naturaleza o la gravedad del riesgo que se haya asumido, y el objetivo, como puede ser otro, que el de prevenir, reparar y corregir los perjuicios que haya causado o pueda causar la discriminación.

Abstención del PP en la votación

Aunque la abstención del PP haya permitido el avance del trámite parlamentario, hay que recordar que un adelanto electoral o una lenta tramitación, ya que se acerca el fin de la legislatura, daría al traste este nuevo intento de aprobar una norma LGTBI autonómica. La procuradora 'popular', Noemí Rojo, ha criticado que con la iniciativa del PSOE “no se amplían los derechos más allá de los consagrados a nivel estatal” y añade otros que no le corresponde a la administración autonómica.

Rojo también ha reprochado la necesidad de la ley a nivel autonómico, ya que el actual marco jurídico, el Estatuto de Autonomía y la Constitución “garantizan” los derechos de las personas LGTBI al rechazar la discriminación. Además, como ha añadido, la Junta de Castilla y León “no mira para otro lado” al defender los derechos de este colectivo.

Para justificar su abstención, más allá de las críticas, Rojo ha matizado que su Grupo no se opone a la ley y ha abogado a que se elabore una legislación sólida y hecha con rigor que no genere inseguridad jurídica ni falta de protección

Vox, en contra al entender que es un “claro adoctrinamiento institucional”

El representante de Vox, José Antonio Palomo, ha calificado la Proposición de Ley como un “claro adoctrinamiento institucional” que nace desde la “ideología de género”. Palomo ha asegurado que el texto busca crear “privilegios en un adoctrinamiento” y no “igualdad”.

El procurador de Vox ha señalado que su partido cree en la “libertad sexual” sin “etiquetas” y basada en la defensa de los derechos individuales. Palomo ha aseverado que su partido no discrimen por su condición social pero que no están de acuerdo con la proposición de ley por “principios, coherencia y responsabilidad”. “Hoy defendemos la libertad de vivir en paz y no ser parte de un experimento ideológico”, ha apostillado.

“Hoy alzamos la voz de miles de personas que dicen basta ya y se sienten molestos cuando se les utiliza en una cruzada ideológica”, ha señalado Palomo en referencia al rechazo de personas LGTBI de ser usadas para fines partidistas e ideológicos.

Los representantes del Grupo Mixto y de UPL- Soria Ya han mostrado su apoyo al PSOE en esta iniciativa. Para el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, con la aprobación se pone fin a “la anomalía democrática y la vergüenza” ante la falta de ley autonómica, algo que también ha defendido el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual. Por su parte, Francisco Igea ha asegurado que el texto se puede mejorar.

Por parte de Soria Ya, el procurador Juan Antonio Paloma ha criticado que la Junta no haya tenido la iniciativa para elaborar la ley, que está parada desde 2021.

Los colectivos aplauden la toma en consideración desde la prudencia

Representantes de los principales colectivos LGTBIQ+ de Castilla y León han aplaudido la toma en consideración de la proposición de ley de Derechos LGTBI, aunque han reconocido que harán seguimiento por si se paraliza o se dilatan los plazos de la tramitación.

Así lo han trasladado la activista y presidenta del Consejo de Participación LGBTI, Marina Echevarría, en los pasillos de la Cámara autonómica en declaraciones a EFE. Echevarría ha reconocido que “era un día esperado” y ha mostrado su deseo de que la norma “no quede empantanada en la tramitación procesal” y que Castilla y León no sea “durante más tiempo la reserva espiritual de Occidente”, ya que esta es la única autonomía que carece de una Ley LGTBI propia, después de que el Gobierno de Asturias haya anunciado que en este 2025 aprobará su proyecto de ley.

“Vamos a estar acompañando toda la tramitación, vamos a ofrecer nuestra colaboración a todos los grupos parlamentarios y por supuesto nos gustaría hablar con todos los partidos políticos involucrados para conseguir que este proyecto salga, no por unanimidad, porque ahí está Vox con un discurso que piensa que la igualdad es una cosa formal con independencia de la realidad, pero por lo menos de todos los demás grupos”, ha afirmado.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Triángulo en la Comunidad, Yolanda Rodríguez, ha advertido de que este “paso adelante no garantiza que salga un texto que convenza a las organizaciones del colectivo y que llegue con el suficiente consenso al hemiciclo”, así como ha reconocido que “la tibieza del PP” le hace dudar de que pueda salir adelante.

Rodríguez ha recordado que aunque la Constitución consagre muchísimos derechos - uno de los argumentos que ha dado el grupo popular para no apoyar esta norma y abstenerse - pero, al igual que en el caso de la vivienda o la igualdad entre hombres y mujeres, necesitan de normas que lo desarrollen y que, en ese caso, corresponden a las Comunidades Autónomas.

Entre ellas, el acceso sanitario a las personas trans o las políticas contra la LGTBIfobia y de odio en la aulas y que convierten a las personas de este colectivo en “ciudadanos de segunda” si se comparan con el resto de autonomías, donde sí existen este tipo de normas que se traducen en políticas públicas.