Una condenada por corrupción en el 'caso De Miguel' pierde en los tribunales su intento de no ser despedida del Gobierno vasco

La condenada por corrupción en la trama del 'caso De Miguel' Iratxe Gaztelu-Urrutia, del PNV, intentó con varios recursos evitar su inhabilitación como funcionaria del Gobierno vasco y también su exclusión de la bolsa de trabajo y la advertencia de no participar en convocatorias de acceso al empleo público. Sin embargo, en una reciente sentencia, la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado sus pretensiones y ha dado la razón a la Administración.

Gaztelu-Urrutia, que llegó a ser candidata en unas autonómicas con Juan José Ibarretxe, era la esposa de Koldo Ochandiano. Ochandiano, con sus compañeros dirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, conformó una empresa pantalla llamada Kataia Consulting para canalizar el cobro de comisiones ilegales. Pusieron la mercantil a nombre de sus tres esposas. Las administradoras nominales eran Gaztelu-Urrutia y las parejas de De Miguel y Tellería, Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo.

Aunque las tres intentaron esquivar sus responsabilidades asegurando que no tenían conocimiento de nada, el sumario acreditó su participación en la asociación ilícita. Gaztelu-Urrutia, por ejemplo, realizó en plena calle una entrega de 30.000 euros en metálico al entonces 'número dos' del PNV alavés, De Miguel. Lo hizo con 60 billetes de 500 euros. Esos fondos procedían de la comisión abonada por promotores catalanes de un proyecto urbanístico en la localidad alavesa de Zambrana. Usaron como justificación una falsa amenaza de ETA para justificar semejante movimiento de dinero en efectivo.

Gaztelu-Urrutia fue hallada responsable de un delito de asociación ilícita y de otro de blanqueo de capitales. Su pena de prisión fue de 18 meses, pero no se ejecutó al carecer de antecedentes. Su marido, Ochandiano, sí entró en prisión, al igual que Tellería y De Miguel y un cuarto implicado, Xabier Sánchez Robles. Además, las diferentes sanciones económicas que pesaban sobre ella sumaban un máximo de 324.650,63 euros.

La sentencia se convirtió en firme en 2023, cuando el Tribunal Supremo ratificó casi en su integridad el fallo inicial de la Audiencia Provincial de Álava, de 2019. En su caso, el Gobierno informó de su inmediata salida como funcionaria interina y también del veto a poder optar a nuevas convocatorias. La sentencia preveía para ella una inhabilitación para cualquier cargo tanto en las instituciones autonómicas como locales. En su caso, estaban vinculados con su formación en medicina.

El despido fue ejecutado por un director del Gobierno vasco y recurrido inicialmente en vía interna. El argumento de la condenada era que la sentencia no precisaba para qué puesto específico era la inhabilitación “especial” y que, por lo tanto, se le estaba aplicando una inhabilitación “absoluta” en ningún caso prevista en la sentencia judicial. Un viceconsejero denegó sus pretensiones y Gaztelu-Urrutia acudió a los tribunales por la vía de lo contencioso-administrativo. Perdió en primera instancia en un juzgado de Vitoria y lo ha hecho también, hace apenas unas semanas, en el Superior vasco. Uno de los argumentos que se le repiten es que no se puede pretender anular una condena penal en la jurisdicción contencioso-administrativa por más que la ejecución material la adoptara el Gobierno vasco.

Esta sentencia sobre Gaztelu-Urrutia, a la que ha tenido acceso este periódico, aparece mencionada en el expediente de otro de los condenados, Alfonso Arriola. En su caso, continúa trabajando para la Administración y ha sido objeto de controversia por el desarrollo profesional interno que ha tenido en los últimos años. Ahora gestiona programas de ayudas forestales, por ejemplo, y ha llegado a ser “responsable de políticas y fondos de la UE”. En su caso se argumenta que la inhabilitación -que sigue vigente- es para puestos en sociedades públicas y no en la Administración general, ya que el delito lo cometió siendo gerente del parque tecnológico de Miñano. En su caso, la pena era de prevaricación sin prisión, más atenuada que la de Gaztelu-Urrutia.