Denuncian que los desfibriladores de las ambulancias de Osakidetza en Bizkaia son un riesgo para los pacientes pediátricos

El Departamento de Salud recibió el pasado 12 de junio una denuncia del sindicato LSB-USO por presuntas “irregularidades graves” en los desfibriladores instalados en las ambulancias urgentes de Bizkaia, un servicio externalizado y que ahora gestiona Bizkanb, la UTE de la rama sanitaria de autocares Alsa, Sanir, y las navarras Baztan-Bidasoa. En concreto, alertan de la ausencia de “reductores” para poder utilizar esos aparatos con pacientes pediátricos. Sin ellos, el voltaje que reciben los niños de hasta 25 kilogramos es “siete veces” superior a lo recomendado, “con el consiguiente riesgo de lesiones miocárdicas irreversibles, daño vascular y otras complicaciones potencialmente mortales”.

La sección sindical de LSB-USO registró la denuncia ante la Dirección de Aseguramiento y Contratación de Salud, liderada por un alto cargo del equipo del consejero Alberto Martínez, Jaime Ruiz de Eguino. Aunque por el momento no hay constancia de casos en que se hayan tenido que utilizar los desfibriladores en estas circunstancias, la denuncia apela a que es “una obligación moral y ética” poner encima de la mesa esta situación de “extrema gravedad”. LSB-USO recalca que ha llegado al extremo de formalizar por escrito esta cuestión porque llevan “siete meses” avisando internamente a Bizkanb sin que hayan recibido una respuesta satisfactoria.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, se “contraviene de forma crítica el protocolo pediátrico” sobre descargas en pacientes con problemas cardíacos que requieran el uso de un desfibrilador. Los parches suministrados “carecen del reductor de energía necesario para su uso con el modelo” instalado en los vehículos de Bizkaia, el Lifepak 1000. Las fuentes consultadas explican que no hay constancia de que ocurra lo mismo en Álava y en Gipuzkoa, donde el servicio lo presta la compañía Ambulancias Gipuzkoa.

“El Desa Lifepak 1000 está programado para administrar entre 200 y 360 julios. En ausencia de reductor adecuado, los pacientes pediátricos de entre 10 y 25 kilogramos estarían recibiendo hasta siete veces la dosis terapéutica recomendada, con el consiguiente riesgo de lesiones miocárdicas irreversibles, daño vascular y otras complicaciones potencialmente mortales”, señala textualmente la denuncia.

Fuentes de Bizkanb indican que “no se tenía constancia” de estos hechos y lo atribuyen a la “herencia” de Grup La Pau. Esta cooperativa catalana era la anterior adjudicataria del servicio en Bizkaia y en Álava y vio rescindidos sus contratos en medio de la polémica porque arrastraba infracciones de la Inspección de Trabajo y otras irregularidades administrativas por impagos de nóminas o uso de los vehículos adscritos a Osakidetza para otros negocios privados. Agregan que “el 95%” de los parches ya están sustituidos.

Sin embargo, desde LSB-USO no comparten ese diagnóstico. Creen que el material dejado por La Pau “estaba bien” pero ha ido caducando y se ha sustituido por otro “de AliExpress” e inapropiado con el ánimo de ahorrar costes. Admiten que en las últimas horas se han entregado algunos reductores de potencia pero avisan de que caducan en nada, en agosto, y exigen una renovación total de ese material. Explican que este tipo de parches cuestan apenas 100 euros y que tienen una importancia capital en la atención. “Es peor usar lo que tenemos ahora que no usarlo. Freiríamos a un niño”, insisten los denunciantes.

Rechazan también que no hubiera constancia de quejas internas ya que se han hecho “mediante correo electrónico, llamadas telefónicas y observaciones en los pedidos”. “Es más, el personal que ha intentado prevenir estos errores ha recibido advertencias o amonestaciones, pese a que la documentación de los propios parches confirma su incompatibilidad”, agrega en su denuncia LSB-USO, que avisa también de que las ambulancias montan también pulsioxímetros “que carecen de certificación”, que les faltan tiras reactivas o que tienen “precintados” aparatos como los cooxímetros y las mascarillas laríngeas.

LSB-USO demanda a la Administración la apertura “de una investigación urgente” y que evalúe posibles “responsabilidades administrativas y penales”. En este sentido, este periódico informó en abril de que un juzgado de Canarias investiga a cinco personas de la adjudicataria local Tasisa porque, aparentemente, se cambiaba la etiqueta con la fecha de caducidad de los parches infantiles para desfibriladores para estirar la vida útil del material. La causa partió de una denuncia de un trabajador ante la Policía Nacional.