El Supremo rechaza la querella de Vox contra el Gobierno por la cesión del palacio de París al PNV

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella con la que Vox buscaba la imputación de todo el Gobierno por la cesión del palacio de la calle Marceau de París al Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los magistrados entienden que la acción penal del partido de extrema derecha “no describe hechos que sean susceptibles de ser calificados como delitos” y rechazan que haya que abrir una causa contra Pedro Sánchez, todos los integrantes del Consejo de Ministros y el PNV como partícipe a título lucrativo por prevaricación y malversación.

“Ya saben que nuestros servicios jurídicos han demostrado que son muy, pero que muy eficaces”, dijo José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, cuando anunció la querella el pasado mes de enero. Para el partido de extrema derecha, esta cesión no constituía un cumplimiento de la ley de Memoria Democrática sino un pago a los nacionalistas vascos por apoyar el decreto ómnibus que, entre otras medidas, revalorizó las pensiones.

El lujoso palacete del número 11 de la avenida Marceau de París constituía una de las dos sedes del Instituto Cervantes en la capital francesa. Pero previamente fue la sede del Gobierno vasco en el exilio durante la dictadura franquista, arrebatado a los 'jetzales' por el régimen en 1951. El Instituto Cervantes seguirá ocupando el inmueble otros cinco años más, hasta 2030 y durante ese lustro el Gobierno central pagará una renta al PNV a “precio de mercado”.

Este resarcimiento histórico en base a la ley de Memoria Democrática fue considerada como un delito de prevaricación y otro más de malversación de caudales públicos por parte de Vox. Es una teoría que rechaza de plano la Sala de lo Penal del Supremo, que una vez más recuerda al partido de Santiago Abascal que la actividad legislativa del Parlamento no es algo que deba estudiarse a través de la jurisdicción penal: “El alcance de la actividad legislativa de las Cámaras no corresponde a la jurisdicción penal”.

El relato que hace Vox, sigue el Supremo, “no describe hechos que sean susceptible de ser calificados como delitos”, lo que lleva al archivo de su querella. Añaden los magistrados que la querella “exterioriza el descontento de quien la formula con la actuación política del Gobierno y el ejercicio que el mismo ha realizado de la de la iniciativa legislativa que le corresponde, lo que no es objeto de revisión por la vía penal”.

Esta resolución llega después de que Vox apoyara una iniciativa del PP para que el Tribunal de Cuentas fiscalice la restitución al PNV del edificio, sito en la avenida de Marceau. En el debate parlamentario en el que se votó esta cuestión, Vox dijo que “no es una restitución sino una apropiación” y elevó a “25 millones de euros” el pretendido regalo, ya que sumaba otras compensaciones por otros bienes del PNV en Francia que iban en el mismo paquete que el palacio de París.