Ecologistas denuncian ante la Fiscalía la presunta caza furtiva de un lobo en Bizkaia

El Grupo Lobo de Euskadi ha llevado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Bizkaia la presunta caza furtiva de un ejemplar en el Parque Natural de Armañón, que se extiende entre los municipios de Karrantza y Turtzioz. El grupo ecologista exige que se abra una “investigación penal inmediata, identificación de las personas responsables y fin de la impunidad histórica” que sufre la caza del lobo en Euskadi. En la denuncia se recuerda además que entre 1997 y 2005 el propio Gobierno vasco reconoció 24 lobos muertos por furtivismo en Euskadi. “Desde entonces, la situación se mantiene sin control, sin investigación ni condenas públicas”, señalan.

El escrito presentado a la Fiscalía, señala que el pasado domingo 8 de junio de 2025, en el Parque Natural de Armañón (Bizkaia), “dos individuos encapuchados abatieron con arma de fuego a un ejemplar de lobo ibérico (Canis lupus signatus), de gran tamaño y presumiblemente macho adulto, y procedieron al transporte de su cadáver en un remolque, introduciendo una piña de pino en su boca y amenazando con una escopeta a dos personas que intentaron fotografiar los hechos”. Estos hechos, que se han conocido a través de testimonios directos publicados en redes sociales y han sido difundidos en el Canal de YouTube de la plataforma 'Laikas Sombras de Udûn', consideran los denunciantes que “podrían ser constitutivos de un delito contra la fauna silvestre, previsto en el artículo 334 del Código Penal que establece las conductas delictivas relacionadas con la caza, la pesca y la protección de la fauna silvestre. Establece las penas y sanciones correspondientes a cada conducta prohibida, teniendo en cuenta la gravedad de las mismas y la protección de especies en peligro de extinción. Además, contempla la diferencia entre acciones cometidas de forma intencional o por imprudencia grave, y también considera el uso de armas en la comisión de estos delitos. Además,cree que podría ”apreciarse agravante por el uso de armas de fuego y por la realización de los hechos en el interior de un Parque Natural“.

Las penas contempladas en este artículo del Código Penal oscilan entre prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.

El Grupo Lobo recuerda que el hecho que denuncia “no constituye un caso aislado, sino que se enmarca en una preocupante dinámica de furtivismo contra lobos en diversas zonas de Euskadi (Armañón, Karrantza, Gibijo, Salvada, Kuartango), tal y como vienen denunciando desde hace años diversas organizaciones ambientalistas, sin que hasta la fecha se haya hecho pública ninguna investigación oficial ni actuación judicial”. En este sentido recuerda que la Fiscalía de Medio Ambiente de Álava “reconoció públicamente en una entrevista a un medio local que se tenía conocimiento de la existencia de furtivismo de lobos, pero, hasta el momento, no constan actuaciones judiciales, investigaciones o identificación de los autores de estos hechos”.

Por otra parte, indican que el propio Gobierno vasco ha documentado oficialmente este grave problema en su propio documento “Plan de gestión del lobo (Canis lupus) en la CAPV – Diagnóstico”, donde se recoge expresamente que “entre 1997 y 2005 se tiene constancia de al menos 22 lobos muertos por furtivismo en el País Vasco (34,92% de los 63 lobos muertos), a lo que añade otros dos lobos muertos por trampas ilegales (3,17%), ”dato que evidencia una preocupante continuidad de esta práctica ilegal y una escasa eficacia de las medidas institucionales de control y persecución“.

Recuerda además que, por el momento, el lobo ibérico es “especie protegida en Euskadi”, incluyéndose en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas con la categoría de Interés Especial. “Su caza está prohibida en todo el ámbito territorial de la CAPV, no habiéndose autorizado desde el año 2016 ninguna batida legal, por parte de las Diputaciones Forales de Bizkaia ni de Álava”.

Por ello, pide iniciar diligencias de investigación penal para esclarecer la comisión de un presunto delito contra la fauna silvestre, identificar a las personas responsables y determinar el grado de participación de cada una de ellas, que se solicite a la Ertzaintza toda la información disponible relativa a los hechos ocurridos el 8 de junio de 2025 en el Parque Natural de Armañón, requerir a las Diputaciones Forales de Bizkaia y Álava informe sobre posibles actuaciones previas o conocimiento de hechos similares en la zona o en otras áreas del País Vasco, requerir a las administraciones competentes información actualizada sobre la situación de la especie y sobre denuncias por furtivismo registradas en Euskadi y solicitar el visionado e incorporación del contenido audiovisual publicado en la plataforma YouTube como posible prueba documental.