El euskera abre una crisis en el Gobierno vasco al registrar el PNV sin el PSE-EE una ley para blindarlo en el empleo público

La tregua en el Gobierno vasco se ha acabado en menos de un mes. Después de zanjar con buenas palabras las discrepancias en materia de migración o de la conexión en alta velocidad con Navarra, PNV y PSE-EE vuelven a asomarse a una crisis por la política de euskera. Los nacionalistas han tomado la decisión de registrar en solitario una iniciativa para reforzar la “seguridad jurídica” de las exigencias lingüísticas en la ley de empleo público para responder a una cascada de sentencias que han aceptado recursos de quienes entendían excesivas las demandas de lengua vasca en convocatorias de diferentes administraciones.

Fuentes del PSE-EE han trasladado a este periódico que se toman este paso como una ruptura unilateral de los términos del acuerdo de Gobierno que firmaron para esta legislatura justamente hace un año y que posibilitó que Imanol Pradales obtuviera mayoría absoluta en el Parlamento. Se da la circunstancia de que EH Bildu, desde la oposición, ya había presentado hace unos días una propuesta en la misma línea que la del PNV. La formación abertzale no había disimulado su interés no solamente en dar una vuelta al marco legislativo para asimilar al gallego, catalán o valenciano, donde se piden por defecto ambas lenguas oficiales y luego se regulan las excepciones, sino también meter una cuña entre los socios del bipartito vasco.

El acuerdo de PNV y PSE-EE firmado en 2024 que se hizo público no explicaba cómo se regulaban las dinámicas entre los socios, pero versiones anteriores sí marcaban la obligación de consensuar todas las iniciativas y, en todo caso, fijaban un apartado de “discrepancias pactadas” que, en ningún caso, han alcanzado nunca a la política lingüística.

PNV y PSE-EE llevaban tiempo en conversaciones para intentar fijar una postura común. El diálogo ha sido al más alto nivel, con Aitor Esteban y Eneko Andueza. Pero es evidente que no ha dado sus frutos. Hace una semana, fuentes nacionalistas indicaban que ambos se daban “más plazo” para “tratar de cerrar un acuerdo en torno al blindaje del euskera en los procesos selectivos”. “EAJ-PNV -se dijo entonces- quiere agotar todas las opciones para conseguir un acuerdo con el PSE[-EE] que permita presentar de forma conjunta una propuesta legislativa que dé respuesta a los ataques que está recibiendo el euskera por parte de los tribunales en sus sentencias en relación con distintas OPE. En ese sentido, EAJ trabaja desde hace semanas con un objetivo doble: dar seguridad jurídica a quienes se presentan a una OPE y garantizar los derechos lingüísticos de los y las euskaldunes”, se indicó.

Desde hace meses, al hilo de estas sentencias, PNV y EH Bildu han participado en dinámicas compartidas críticas con las actuaciones judiciales en torno al euskera, por ejemplo una manifestación de Euskalgintzaren Kontseilua o un encuentro con 71 alcaldes de ambas formaciones frente a la sede el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sin embargo, el PSE-EE no ha aceptado ese marco y ha asegurado que antepone los derechos laborales de funcionarios y opositores a determinadas exigencias lingüísticas.

“Constatamos una discrepancia”

“Hemos registrado ahora mismo una modificación legislativa”, ha confirmado en la Cámara ante los periodistas el dirigente del PNV Markel Olano, que es el portavoz en materia de euskera, unos minutos después de que 'El Correo' publicara que así iba a ser. “Nuestro partido lleva meses preocupado, como la sociedad y como muchos euskaltzales, por las sentencias. Y queremos responder”, ha argumentado. El Euzkadi Buru Batzar creó un grupo de trabajo -juristas incluidos- para abordar esta iniciativa. Lo hizo ya con la anterior dirección, la de Andoni Ortuzar.

La iniciativa es de un único artículo. Y reza así: “En cada entidad de las Administraciones públicas vascas, al aprobar su correspondiente instrumento temporal de planificación sobre la normalización y uso del euskera, y establecer en su seno los objetivos, las medidas y los medios a poner en práctica, deberán determinarse con el máximo rigor el porcentaje de plazas que tienen fijada la fecha de preceptividad de su perfil lingüístico. La determinación que realice cada entidad deberá justificarse en criterios de proporcionalidad que tengan en cuenta los criterios de uso de las lenguas oficiales de la entidad. No se aplicarán determinaciones generales de índices de obligado cumplimiento. Las convocatorias de acceso al empleo público, así como todos los procesos de provisión, movilidad y promoción interna, tendrán en cuenta y aplicarán el régimen jurídico sobre normalización y uso del euskera en la Administración pública conforme se establece en la presente ley”.

El objetivo es que cada institución determine los perfiles obligatorios en euskera, sin un marco general o “índice de obligado cumplimiento”. El texto del PNV, en todo caso, no es como el de EH Bildu, que busca exigir 'de facto' tanto castellano como euskera, salvo algunas excepciones.

Una disposición adicional habilita al Gobierno a modificar, por decreto, esos requisitos. Se trata de retocar un reglamento que es muy reciente, de 2024. En el final de la legislatura de Iñigo Urkullu, de hecho el mismo día de convocar las elecciones, varios consejeros -nacionalistas y socialistas- firmaron una propuesta para actualizar las normas de “normalización del uso del euskera en el sector público vasco”. Olano ha indicado que se ha producido una “intensa negociación” de “más de un mes” con el PSE-EE por la “lealtad” que deben a sus socios.

“En absoluto esto es una ruptura del acuerdo de Gobierno”, ha despejado Olano, que ha aclarado que nunca han negociado con EH Bildu y que nacionalistas y socialistas no tienen por qué estar de acuerdo siempre en todo. “Pero constatamos una discrepancia en el análisis y en el instrumento”, ha afirmado el dirigente nacionalista. En todo caso, ha matizado que no es un ataque frontal a la Justicia: “No son todos los tribunales y todas las sentencias”.

“Esto no atiende ni al espíritu ni al contenido del acuerdo de Gobierno”

Desde las filas socialistas, Pau Blasi, en cambio, ha querido enfatizar la “gravedad” de lo sucedido. “No es un desacuerdo pequeño. No es un desacuerdo pequeño”, ha repetido en euskera, idioma en el que ha usado la palabra “makala” por dos veces. Según esta formación, más que dar “seguridad jurídica” a la exigencia idiomática se trata de una “pugna” política para que EH Bildu no abandere esta cuestión. De hecho, ha recalcado que la iniciativa del PNV enredadará más la cuestión: “Suman a nuestras OPE en más vulnerabilidad ante nuevos recursos”.

El PSE-EE opina que el PNV “rompe los consensos alcanzados” en “cuatro décadas” y, particularmente, en los últimos años con la ley de empleo público de 2022 y el decreto de 2024. “Conocíamos la propuesta de EH Bildu. Se hizo pública. Creemos que es lo que motiva la del PNV. Creemos que pesa más su pelea y adelantarse y tomar la iniciativa”, ha explicado Blasi. “Hay un desacuerdo en un tema que es fundamental. Las consecuencias las veremos en los próximos meses. Esto no atiende ni al espíritu ni al contenido del acuerdo de Gobierno”, ha señalado Blasi, aunque se ha cuidado de matizar que no implica una ruputa del Ejecutivo compartido ni de los pactos en otras materias.

EH Bildu no ha tardado en felicitarse del paso dado por el PNV. Cree que “se abre una nueva era” y que el debate “pasa a otra pantalla”, aunque la iniciativa nacionalista se quede “corta” en comparación con la presentada por esta formación unos días atrás, según ha expuesto Josu Aztiria. Ha insistido en que el modelo tiene que ser el de Catalunya, Galicia y Valencia.