La Junta de Castilla y León y Fiscalía cooperarán para que los sanitarios agredidos sientan que pueden denunciar

La Consejería de Sanidad y la Fiscalía Superior de Castilla y León cooperarán para que afloren las agresiones a los sanitarios en la comunidad y que sientan que sus denuncias sí sirven para algo, y aunque no llegaron a una docena las condenas penales por esos casos en 2024, que pueden conllevar hasta 4 años y seis meses de pena, si se plantean vías como medidas cautelares previas de alejamiento antes de llegar a juicio.

“No es aceptable de ninguna manera que una persona en su puesto de trabajo reciba ese tipo de actuaciones y no haga nada porque no se siente protegida o porque no se siente respaldada o porque si hace algo tiene la sensación de que no se le va a dar alguna satisfacción”, ha advertido este martes el Fiscal Superior de la Comunidad, Santiago Mena.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y el Fiscal Superior de Castilla y León han participado este martes en unas jornadas en Valladolid que buscan mejorar la formación tanto de los gerentes de la sanidad autonómica como del personal que se encarga de tramitar las denuncias por agresiones a los sanitarios y mejorar los canales de comunicación entre ambas partes.

Y para ello, según ha explicado Vázquez en declaraciones a los medios, van a establecer una protocolización nueva entre la Gerencia Regional de Salud y la Fiscalía y a abrir un canal de comunicación rápida para mejorar toda la tramitación de esas denuncias de una “lacra que nos asola en la gerencia regional de salud”.

El Fiscal Superior de Castilla y León ha advertido de un aumento exponencial en los casos de agresiones, sobre todo en atención primaria, urgencias y administración, y ha sostenido que los casos que se denuncian son una parte muy pequeña, por lo que se trata de tranquilizar a los sanitarios para que sepan que su denuncia sí que sirve.

Mena ha observado que los sanitarios agredidos a “veces se sienten indefensos”, y ha transmitido que los fiscales, hasta donde puedan estar “estarán muy detrás porque” les preocupan estas agresiones, “que afectan a casi toda la población” que antes o después va ser usuaria de la sanidad.

El Fiscal Superior de la comunidad ha trasladado que “los pacientes deben ser conscientes de lo que se juegan cada vez que acuden a un centro de salud o una consulta o un servicio de urgencias”, donde “la mayoría de los facultativos que están en esos servicios están, evidentemente creo que casi saturados y que nosotros en una situación extrema actuemos quizá sin ninguna cortapisa, pues tampoco contribuye a que la cosa se solucione”.

Mena ha explicado que las conductas más graves son las de menor número, y no siempre se denuncia, y ha incidido en que hay avanzar para que “los profesionales agredidos o maltratados tengan la tranquilidad, por lo menos inicial de que su denuncia sí puede servir, porque ahora hay un número grande de denuncias y de agresiones a lo largo de todo el territorio de Castilla y León”, pero saben “que hay muchas más fracciones que no se denuncian”.

Ha advertido de que los delitos leves de amenazas o coacciones generan “una desazón y un desasosiego en la prestación del servicio que repercute a todos”.

“Y eso es lo que se trata, de intentar concienciar a los facultativos de que sí sirve su denuncia, porque una de las razones por las que no se denuncia, como pasaba en otros ámbitos como en los delitos de violencia de género, los delitos de odio en otro tipo de delitos, es que las víctimas piensan que no sirve para nada su denuncia”, ha reflexionado Mena.

Además, ha sostenido que “a veces a los propios jueces o fiscales les coarta un poco la posibilidad de establecer o pedir, solicitar y conceder medidas cautelares previas a un juicio que es, por ejemplo, el alejamiento, como para un delito de violencia de género”.

“Aquí también puede hacerse. También está por permitido, pero no lo tenemos muy bien coordinado, que eso es otra de las funciones que queremos hacer aquí, y trasladar al futuro, es asegurar que al paciente que agrede se le puede privar de acercarse al centro de salud donde ha agredido, a su a su, a su médico o a su enfermera”, ha planteado.