Trabajadoras de servicios sociales de Donostia desconvocan la huelga tras un preacuerdo que aumenta la plantilla

Tras meses de protesta en los que han ligado 12 jornadas de huelga y cuatro paros, el comité de Acción Social del Ayuntamiento de Donostia, liderado por los sindicatos ELA y LAB ha llegado a un preacuerdo con el Consistorio para mejorar las condiciones de las 130 trabajadoras de los servicios sociales de la capital guipuzcoana. El preacuerdo cuenta con medidas como que para el 1 de enero de 2027 se contratarán 16 nuevas trabajadoras en las categorías de trabajadora social, administrativa y psicóloga.

“El conflicto comenzó a principios de año y tenía el objetivo de revertir las elevadas cargas de trabajo. El comité reclamaba reducir el ratio de atención por profesionales y aumentar la plantilla en todos los ámbitos (administración, trabajadores y trabajadoras sociales, educación, psicología, equipo técnico...)”, explican desde el comité, quienes aseguran que se sentarán con el Ayuntamiento “durante los próximos días para concretar todos los contenidos del acuerdo y cerrarlo totalmente”. Los sindicatos valoran positivamente el preacuerdo y destacan que “la lucha sindical es el único instrumento para defender los derechos de las personas trabajadoras y la calidad de los servicios públicos”.

Se trata de una plantilla compuesta por trabajadoras sociales, psicólogas, administrativas, técnicas y educadoras que se encargan de atender a la ciudadanía, gestionando servicios esenciales como la ayuda a domicilio, recursos para la discapacidad y la dependencia, atención psicológica infantil y apoyo a personas en riesgo de exclusión social y mayores. Desde el sindicato ELA llevan meses denunciando que las trabajadoras están “al límite”. “Es imposible que con el aumento de las cargas de trabajo que están sufriendo se siga trabajando con las mismas trabajadoras”, informan.

“No pedimos ni que se nos suban los salarios, solamente pedimos poder trabajar en una situación normal, en una situación en la que podamos atender a las personas con calidad. Hay un montón de bajas y fugas de personal que en cuanto se puede se va a otro departamento porque trabajar en servicios sociales es durísimo y no por la problemática que atendemos, sino porque tenemos una presión insostenible. El Ayuntamiento tiene publicada en la web municipal una carta de servicios, un modelo de atención que no es verdad, porque no podemos dar esa respuesta si no tenemos los recursos necesarios”, explicaban las trabajadoras a este periódico al inicio de las protestas, que según reconocían “a partir de la pandemia ha habido un incremento muy importante, un 20% de subida de casos a atender”.

Por su parte desde el Ayuntamiento informan de que “en los últimos ocho años” han incrementado “un 40% el presupuesto destinado a acción social, que ha pasado de 24,7 millones en 2015 a 34,1 millones en 2022, de los cuales 9,2 son destinados a políticas de inclusión, lo que supone una inversión de 340 euros por habitante”. En cuanto a los últimos presupuestos aprobados, el equipo de Eneko Goia insiste en que “el presupuesto en 2025 para servicios sociales es mayor al del año pasado, un total de 37,4 millones de euros”. “Un incremento que viene derivado del aumento del gasto corriente destinado al departamento en 1,9 millones de euros provocado por los nuevos convenios de los contratos de servicio, así como por el aumento de la plantilla con 6 nuevos psicólogos comunitarios. Entre las partidas que destacan se encuentran la Ayuda Domiciliaria (9,9 millones de euros), las Ayudas de Emergencia Social (3,7 millones de euros ampliables según necesidad), Inserción Social (5,6 millones de euros) o Prevención de Infancia y Familia (4 millones de euros)”, concluyen.