El Gobierno vasco traslada a la Fiscalía un expediente de Alokabide por posible conflicto de intereses de un técnico
El Gobierno vasco ha trasladado a la Fiscalía del País Vasco un expediente relacionado con la actuación de una persona técnica de la sociedad pública Alokabide, dependiente del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, por la posible existencia de un conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones. A instancias de la persona afectada por esta actuación, los hechos se conocieron en diciembre de 2024 en la oficina de Alokabide en Bilbao, lo que activó en ese momento el protocolo ante estos supuestos, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
Según consta en el expediente disciplinario interno, la persona implicada participó directamente en la gestión de una vivienda vinculada al programa de intermediación pública de alquiler, “a pesar de tener un interés personal en el inmueble”, ha afirmado el Gobierno. Esta intervención se llevó a cabo sin proceder a su inhibición, “omitiendo además fases preceptivas del protocolo de actuación”. La gestión derivó en una devolución anticipada del inmueble sin la supervisión técnica ordinaria, aunque sin irregularidades en los costes ni en la indemnización por daños causados al inmueble.
El procedimiento disciplinario iniciado el 27 de enero de 2025 concluyó con la imposición de un apercibimiento por una falta leve, conforme al régimen disciplinario previsto en la Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco.
La resolución valoró que no existió dolo, lucro personal ni perjuicio económico para Alokabide, aunque sí se apreció una actuación negligente y una vulneración de principios éticos por la falta de inhibición.
La persona trabajadora reconoció los hechos, aportando causas personales de urgencia familiar que fueron tenidas en cuenta como atenuantes. Durante todo el proceso, Alokabide “ha colaborado activamente” con el servicio interno de vigilancia e inspección (BIS), que tras analizar el expediente ha considerado trasladar el caso a la Fiscalía del País Vasco para su evaluación.
Tanto el Gobierno vasco como Alokabide reiteran su compromiso “con el buen gobierno, la integridad, la ética pública y el estricto cumplimiento de la legalidad”. Asimismo, la dirección de Alokabide ha reforzado los mecanismos para velar por el cumplimiento del deber de inhibición de todo trabajador que presente un conflicto de intereses en el desarrollo de su actividad profesional. Esta sociedad pública ha trasladado su “plena disposición” a colaborar con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los hechos.
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