PSOE, Vox e Igea imponen al PP cambios en la Ley de Publicidad Institucional que promovió Unidas Podemos

PSOE, Vox e Igea han impuesto al PP cambios en la Ley de Publicidad Institucional, que hace unos meses promovió el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández. Un día “histórico” que supondrá el fin del control mediático —para la oposición—, pero que el PP considera “una chapuza” guiada por su “odio” hacia los 'populares'

La Ley, que el PSOE ha anunciado que será corregirá más adelante, limitará —entre otros aspectos— la publicidad institucional al 33% de la facturación de los medios y permitirá a las Cortes de Castilla y León nombrar y cesar al personal directivo de la Televisión autonómica si la publicidad institucional supera el 50% de su negocio. Del debate se ha ausentado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, algo que han recriminado varios grupos parlamentarios. El portavoz de Vox en el parlamento autonómico, David Hierro, ha sido llamado al orden una vez por el presidente de la Cámara, Carlos Pollán, también de Vox.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que este miércoles se le “acaba el chollo” al PP porque con esta reforma “se les va a acabar más de tres décadas de control y compra con dinero público de los medios de comunicación”. Fernández ha reiterado que este miércoles es “un día histórico”. “Es la primera vez en 37 años que una Proposición de Ley va a salir adelante con los votos de la oposición y el único voto en contra del PP”, ha avanzado Pablo Fernández, que ha afirmado que con esta reforma “se acaba el dominio mediático”.

“Se acabó comprar a medios y pseudomedios que ni siquiera tienen una edición en Castilla y León, a los que ustedes han estado comprando para que les hagan panegíricos y difundan bulos sobre partidos de la oposición, muy especialmente, Podemos”, ha afeado Fernández, que impulsó la Ley que se ha aprobado este miércoles.

La viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, ha señalado que desde su partido sienten “responsabilidad y decepción” por el trámite de la ley. En el capítulo de decepciones, la procuradora ha acusado al PP de “bloquear” el consenso que de los grupos para permitir modificar enmiendas transaccionales. Rubio ha preguntado al PP por qué bloquean el acuerdo para asegurar que a los 'populares' les molesta una publicidad institucional en medio “alejada del clientelismo”.

Para la parlamentaria socialista, el PP estaba más preocupado de “presionar a los medios” que garantizar a los medios “el acceso libre” a la ciudadanía. La procuradora ha asegurado que el Partido Popular se ha quedado “solo” en un proyecto político y ha acusado de querer convertir la publicidad institucional en una “arma política”. “La publicidad no puede ser un encargo a dedo y no puede depender de intereses partidistas”, ha afirmado Rubio. “Profesionalidad significa impedir chapuzas e impedir manipulaciones y respetar a la ciudadanía.

Para el PSOE, ha defendido Rubio, la comunicación es “un derecho” y “no un privilegio”, como “servicio público” y garante de la “igualdad y el pluralismo”. Asimismo, se ha comprometido a incluir en la exposición de motivos los “efectos devastadores” que tienen la desinformación que “erosiona” el consenso ciéntifico y democrático. La representante del PSOE ha justificado la necesidad de la ley para no financiar con dinero público “discursos falsos”. Rubio ha afeado que el PP se oponga, entre otras cosas, que no se use la “imagen estereotipada” de las mujeres como cuidadoras y de los hombres como ostentan “el poder y la autoridad”.

Vox señala que la Ley supone “una victoria del modelo democrático”

El procurador de Vox Miguel Suárez Arca ha considerado que esta Ley supone “una victoria del modelo democrático” y ha ensalzado el alto nivel de consenso alcanzado entre los diferentes grupos, puesto que se ha aprobado el 92% de las enmiendas planteadas. Suárez Arca ha subrayado las “bondades” de esta propuesta: “Esta Ley pretende controlar a la Junta de Castilla y León, que ha regalado el dinero de los castellanos y leoneses a los medios que les doran la píldora”.

Francisco Igea ha ironizado porque el PP sea el que “hable de prensa libre” mientras “cogen el teléfono para cambiar titulares a golpe de presión, incluso en medios prestigiosos”. “Yo he visto a una redactora salir con un titular y llegar a la redacción y tener otro. De eso se trata hoy. No voy a admitir lecciones”, ha reprochado Igea. “La Ley será imperfecta, pero es mejor de lo que tenemos”, ha zanjado el exvicepresidente autonómico.

El procurador 'popular' Miguel Ángel García, ha considerado que esta Ley es más propia de “Venezuela o de Cuba” porque implica una censura en los medios. El PP no se opone a una reforma de la Ley de 2009, pero ha considerado que la norma va a suponer el cierre y despido de periodistas especialmente en el ámbito rural.

García ha apuntado que “no ha nacido la ley y ya nace muerto el texto”, en referencia al anuncio del PSOE de una nueva Proposición de Ley para corregir varios aspectos que no han podido cambiar por la oposición del PP. El procurador 'popular' también ha ironizado con los “voxcialistas”, un nuevo partido, según García que ha nacido para “poner todas las trabas políticas al PP”y con el “único objetivo” de que “el PP tropiece”.

Modelo de RTVCyL

Otro de los objetivos de esta norma es reforzar el control de la televisión autonómica, cuya concesión tienen ahora mismo los dos grandes grupos mediáticos de Castilla y León (Promecal de la familia Méndez Pozo y Edigroup de la familia Ulibarri). Entre otras medidas, la norma prevé que un organismo compuesto por parlamentarios puedan nombrar al personal directivo de RTVCyL si la financiación pública supera el 50% del importe neto de su cifra de negocios. También obligará al gobierno autonómico a convocar un nuevo concurso para una nueva concesión en un plazo máximo de 3 meses que garantice la subrogación de los actuales trabajadores y sus condiciones laborales.

Pablo Fernández también se ha centrado en RTVCYL, “una tele privada que se financia en más de un 90% con dinero público”. Fernández ha anunciado que, como hará Francisco Igea, acudirá a la Fiscalía porque ha considerado “muy extraño” que una semana antes de aprobar esta Ley de Publicidad Institucional se les haya “regalado” 48 millones de euros. El de Unidas Podemos ha abogado por debatir el modelo autonómico de televisión y ha apostado porque este sea público aunque suponga una mayor inversión económica.

El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha defendido una enmienda para el cierre de RTVCyL. El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León ha leído “whatsapps de octubre de 2021” con el director general Radio Televisión Castilla y León, Jorge Losada. En ellos, según Igea, comentaban el cese del director de informativos, Raúl Briongos, ordenado por el presidente de la Junta de Castilla y León. El procurador ha señalado que no iban a “tolerar intromisiones” y reflejaba su sorpresa porque Briongos es “un gran profesional”. En un mensaje, Igea apuntaba que “la independencia de los medios es sagrada”.

El exvicepresidente autonómico ha mostrado el “último mensaje” con el directivo de RTVCyL. En la conversación, según lo expuesto por el procurador, Losada habría trasladado a Igea que entendería que hiciera “alegatos” en defensa de los trabajadores y de un nuevo modelo de televisión, pero que “agradecería” que Igea no hiciera referencia “a manipulaciones, censuras y similares” y que las dejase para “la parte política y en otros espacios”.

En respuesta, Igea habría replicado que “en esta situación no podría dejar de decir lo que pienso”. “Fui, dije lo que pensaba y no volví. Está es la televisión de Castilla y León, su televisión, —en referencia al PP—”,

Igea ha continuado cargando contra Losada por haber declarado en “la Comisión de la TDT” que la audiencia de RTVCyL estaba en el “8%”, “mintiendo a sabiendas” de que es un “1%”. El procurador del Grupo Mixto ha acusado al PP de “tener mucha cara” de que haya hablado de libertad de prensa y ha retado al directivo de RTCyL a decir que “no echó a Briongos por orden de Mañueco”. En caso de que su enmienda decaiga, Igea ha abogado por mejorar las condiciones de los trabajadores. La UPL ha apoyado la enmienda de Francisco Igea que aspiraba a suprimir las subvenciones a RTVCyL porque no cree en el modelo territorial actual y, por lo tanto, tampoco en una televisión autonómica.

El procurador de Vox ha asegurado que con esta norma el seguimiento de RTVCyL dejará de estar “bajo el control” de la Junta de Castilla y León y será supervisada por el Poder Legislativo. Suárez Arca ha explicado que los empresarios Méndez Pozo –condenado por falsedad documental— y Ulibarri —cuyo cabeza de familia fue condenado en Gürtel— no solo ostentan RTVCyL, sino también dos grandes conglomerados mediáticos que reciben el 30% de la publicidad institucional.

La oposición denuncia presiones del PP

La socialista Nuria Rubio ha afeado el “boicot” de los 'populares' a la tramitación de la ley. La procuradora socialista ha afeado que haya sido el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, haya tenido que convocar la comisión de Presidencia para tramitar el proyecto normativo. La parlamentaria también ha criticado que el PP no haya defendido a los trabajadores de RTVCyL en sus protestas para mejorar las condiciones.

El responsable de Vox ha calificado al PP de “una banda de mafiosos”. “Son la famiglia de la tele”, ha protestado. Suárez Arca ha enseñado un documento que dice que el PP ha remitido a los medios “para tirárselos encima de la oposición”. “Ustedes son una mafia y lo único que se puede hacer con ustedes es darle una patada en el tafanario para mandarles a la historia”, ha concluido el procurador de Vox.

Pablo Fernández ha cargado contra las “presiones y comportamientos mafiosos” del PP en los últimos días. “Ha estado llamando a diversos medios de cara a presionarles para que los medios presionasen a la oposición para que la reforma no saliera adelante”, ha reprochado el líder de Podemos, que también ha afeado al Colegio de Periodistas que se muestra ene contra y haya “salido a hacerles el caldo gordo”. “No hay más que echar un vistazo al organigrama para entender determinadas cosas, o ver que el decano va al plató de Iker Jiménez”, ha insinuado Pablo Fernández, que ha reconocido que este miércoles está “disfrutando mucho”. “Es un día histórico y es un día muy bueno para la pluralidad, la diversidad y un día muy malo para ustedes [el PP]”.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, ha afirmado que su grupo no ha recibido ni un WhatsApp ni una llamada de ningún partido o medio de comunicación para presionar el sentido de su voto. “Hay que intentar evitar que quien tiene el poder no pueda ejercerlo para buscar un mejor titular o campaña mediática”, ha reconocido Santos, que ha asegurado que los medios nacionales vivirán “genial” con la nueva Ley, mientras que podría ser lesiva para los pequeños. “He llamado a los medios cercanos, a los más pequeños, para preguntarles qué suponía para ellos esta modificación del 33%. Y todos me han dicho que es difícil subsistir. En un mundo ideal sería estupendo que los medios pudieran subsistir sin publicidad institucional. Pero forma parte de su negocio y de su subsistencia”, ha explicado. Si ustedes modifican posteriormente

Modificación posterior de la Ley

El representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha destacado cómo una iniciativa impulsada por uni solo procurador supondrá el fin de “décadas de compra de medios”. “Si [la Ley] tiene fallos, se van a remediar. Y si es necesario, se hará una reforma de esa enmienda para que quede claro que el 33% solo es de la Junta de Castilla y León”, ha agregado Fernández, que ha preguntado al PP por qué no ha querido aceptar la enmienda transaccional para mejorar la redacción de ese artículo.

El procurador 'popular' Raúl Hernández ha calificado esta modificación legislativa de “chapuza” y un “bodrio legislativo” y ha insistido en que la oposición podía retirar la Ley en lugar de modificar esta norma dentro de unos meses, como pretende el PSOE. “Ustedes [a la oposición] decían que se dilataban los plazos porque iba a detonar la legislatura. Según ustedes había que correr porque se acababa la legislatura”, ha reprochado el 'popular', que ha criticado que la oposición haya “corrido” para “aprobar una Ley sin leerla”, puesto que no solo afecta a la publicidad institucional del Ejecutivo autonómico, sino también a los Ayuntamientos, consorcios y fundaciones.

Hernández ha recriminado también al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, que forzara la convocatoria de la Comisión de Presidencia para agilizar la tramitación, que necesitó seis meses para iniciar su tramitación después de entrar en las Cortes. “Estamos abiertos al diálogo y a la mejora de la Ley, pero no a participar en una auténtica chapuza legislativa”, ha zanjado.

Rechazo del Colegio de Periodistas

“Toda la Ley ha girado en torno a dos enmiendas que presentó Vox: la del 33% y la de controlar a dos empresas privadas que tienen una subvención pública para emitir una señal como televisión autonómica”, se ha jactado después del debate el portavoz de Vox, David Hierro, que ha apostado por hacer cambios similares en el resto de España.

El Colegio de Periodistas ha rechazado esta norma porque, argumenta, no se ha hablado con el sector. El Colegio de Periodistas convocó la semana pasada una reunión con los grupos parlamentarios y directivos mediáticos. Una cita cuyo inicio fue bronco, lleno de reproches mutuos entre el decano del Colegio y los representantes socialistas y Francisco Igea. Finalmente, el PSOE e Igea accedieron a modificar uno de los puntos concretos —el que limita la publicidad institucional al 33%—, con la oposición del PP, que se ha negado a arreglar este “desaguisado”.

La iniciativa partió de una Proposición de Ley de un artículo de Unidas Podemos sobre restringir la financiación de la Junta de Castilla y León a los medios que hubieran sido condenados por difundir bulos, y ha acabado con 17 modificaciones pactadas entre PSOE y Vox, básicamente.

La nueva norma prohibirá, además, la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad con medios que hayan sido condenados en sentencia firme dos veces en tres años —o tres veces o más en cinco años— a rectificar informaciones inexactas por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen o por delitos de odio en dos casos: si el medio ha sido condenado o si la condena ha recaído en uno de sus trabajadores o colaboradores en relación con ese medio. La Junta de Castilla y León tampoco podrá contratar publicidad institucional directa o indirectamente con estos medios, a través de ninguna de sus consejerías o entes dependientes.