PNV y PSE-EE inician la tramitación de la reforma de la ley vasca de suelo y vivienda a la espera de que avance en verano

El Parlamento Vasco ha dado luz verde este jueves al inicio de la tramitación de la reforma “urgente” de la normativa de vivienda, anunciada en marzo y que retoca hasta siete leyes para dar respuesta a la “emergencia” habitacional. Queda pendiente que se pueda habilitar parte del verano para avanzar en la redacción del articulado definitivo, ya que, de lo contrario, habrá un parón legislativo total de tres meses. No hay sesiones previstas en la Cámara hasta finales de septiembre, ni plenos ni comisiones.
Además de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, la admisión a trámite iba a contar con el apoyo del PP. Pero los 'populares' han visto un debate con iniciativas muy de “izquierdas” y se han quedado a última hora en la abstención, según ha mostrado con enfado la 'popular' Ana Morales. Mientras, la oposición de izquierdas, EH Bildu y Sumar, la ha rechazado con dureza. Vox no ha tomado parte en el debate -lo ha hecho después, como explicación de voto- y se ha abstenido.
De la relevancia de la iniciativa da cuenta que, en nombre del PSE-EE, el partido que dirige el área de Vivienda en el Gobierno de coalición con el PNV, ha defendido la ley el propio líder, Eneko Andueza, aunque luego ha delegado las réplicas en Adrián Fernández, su portavoz habitual en la materia. Solamente había tomado la palabra Andueza en dos ocasiones en lo que va de legislatura, la investidura de Imanol Pradales y un pleno monográfico sobre la situación económica. Según ha explicado Andueza, la norma busca “crear un carril rápido, una autopista”, para impulsar la vivienda protegida. “La vivienda es un problema que tiene solución. Las cosas tienen que cambiar en este país. No es una ley cualquiera: es un compromiso con toda una generación”, ha enfatizado.
¿Qué plantea la norma? Según expuso en su día el consejero Denis Itxaso, que ha seguido el debate desde su escaño, plantea simplificar la burocracia, reforzar algunas exigencias en las zonas tensionadas, lograr autorización para levantes de nuevas plantas en bloques ya construidos y, sobre todo, reducir del 75% al 60% el procentaje para vivienda protegida en las promociones.

Es precisamente este último punto el más controvertido. Las izquierdas lo han llamado “contrarreforma”. Pero Andueza ha insistido en que “de nada sirve el 75% de lo que no se desarrolla”. Y ha apuntado que el 60% es un mínimo porque “allá donde sea posible” podría alcanzar incluso el 100%. Desde la bancada del PNV, Jonatan Moreno ha defendido también esta propuesta porque “la vivienda no debería ser una trinchera ideológica”. “En el PNV, frente al dogmatismo, representamos el pragmatismo político”, ha lanzado a las izquierdas.
La norma ha llegado como “proposición de ley” y no como “proyecto de ley”. Es decir, siendo un planteamiento del Gobierno se hace a través de los partidos, lo que exime al documento de informes preceptivos de órganos consultivos y de control, como han reseñado sin excepción los portavoces de toda la oposición. Para Moreno, del PNV, eso solamente eran “trabas” y “burocracia” para retrasar las medidas.
PNV y PSE-EE iban a contar con el apoyo del PP. De hecho, los nacionalistas hasta les habían dado las gracias. “No vamos a ser nosotros quienes impidamos que en este Parlamento se debata de vivienda”, había señalado Morales, aunque luego ha dicho que estaba “más que justificado” el cambio de postura a la vista de los acontecimientos.
Morales, de hecho, ha formulado una enmienda de totalidad al contenido que se traducirá una “batería” de modificaciones que van a plantear a partir de ahora. Según el PP, el texto “inicia el camino adecuado” pero “se queda muy corta”. Es “tímida” y “tibia”. En algunos puntos, además, imita “el más puro estilo de la izquierda radical de Catalunya, de En Comú Podem”, según Morales, que ha afeado al PNV que se venda como moderado y luego copie otros modelos. Además, ha preguntado al aire si el texto lo ha escrito el Ejecutivo o bien una “consultora externa”, como ocurre con otros planes gubernamentales, en cuyo caso ha demandado que se aclare su coste.
Desde EH Bildu, Xabier Astigarraga no ha escatimado en críticas. Se trata de una “improvisación”, de un texto carente de “ambición”. Apenas ha excepcionado las nuevas sanciones para las zonas tensionadas, algo que ha considerado “imprescindible”. Se ha ratificado en que es una “contrarreforma”. “Nunca hemos tenido tan pocas exigencias para viviendas protegidas cuando son más necesarias que nunca ha manifestado Astigarraga. Y ha agregado que se hace ”con una visión cortoplacista“ porque ”el único objetivo es tener 7.000 viviendas en tres años“ aunque ”a largo plazo será una hipoteca“.

En el plano político, ha afeado también al consejero Itxaso que haya “retado” a los municipios de EH Bildu a mantener el porcentaje del 75% de vivienda protegida si así pueden sostenerlo. “¿Es ése el modelo de gobernanza interinstitucional?”, se ha preguntado. También se ha dirigido Astigarraga al PNV al ironizar que el “pragmatismo” de este partido en materia de vivienda le ha llevado a no apoyar ni la ley vasca de 2015, ni la normativa estatal de 2023, así como a formular un recurso de inconstitucionalidad contra ella.
“Parece redactada en despachos de la banca y de las promotoras inmobiliarias”, ha apuntado, de su lado, el portavoz de Sumar, Jon Hernández, que ha mencionado también la “cobardía” de presentar el texto sin los informes de control. Hernández, como Astigarraga, ha avisado también de que esta reforma cuela un retoque en la normativa de la renta de garantía de ingresos, la RGI, el salario social para personas sin recursos o el complemento para nóminas y pensiones bajas. Para solventar un punto anulado por una sentencia judicial en el reglamento de la RGI, se blindará la exigencia de un “título válido” de ocupación de una vivienda. EH Bildu y Sumar se unen así a organizaciones sociales como Argilan-ESK, que han denunciado que esto perjudicará a colectivos vulnerables.
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