La Junta de Castilla y León trasladará al Consejo Consultivo cómo aplicar la Ley de Publicidad Institucional

La Junta de Castilla y León solicitará un informe al Consejo Consultivo de la comunidad para determinar la aplicación de las reformas que introduce la Ley de Publicidad Institucional y “examinar las imprecisiones y las lagunas jurídicas que se pudieran detectar”. La norma fue aprobada esta semana con los votos a favor de PSOE, Vox, el procurador Francisco Igea y Unidas Podemos —como proponente—.

La Ley, que el PSOE ha anunciado que será corregirá más adelante, limitará —entre otros aspectos— la publicidad institucional al 33% de la facturación de los medios y permitirá a las Cortes de Castilla y León nombrar y cesar al personal directivo de la Televisión autonómica si la publicidad institucional supera el 50% de su negocio.

Otro de los objetivos de esta norma es reforzar el control de la televisión autonómica, cuya concesión tienen ahora mismo los dos grandes grupos mediáticos de Castilla y León (Promecal de la familia Méndez Pozo y Edigroup de la familia Ulibarri). Entre otras medidas, la norma prevé que un organismo compuesto por parlamentarios puedan nombrar al personal directivo de RTVCyL si la financiación pública supera el 50% del importe neto de su cifra de negocios. También obligará al gobierno autonómico a convocar un nuevo concurso para una nueva concesión en un plazo máximo de 3 meses que garantice la subrogación de los actuales trabajadores y sus condiciones laborales.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que esperarán a publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) para trasladar la consulta y ha planteado dudas sobre los limites al gasto de publicidad en diferentes campañas. Carriedo se ha preguntado si habrá territorio que se queden fuera de campañas de Junta, “como las del cáncer de mama”, si los medios locales superan ese 33% que fija la norma solo “con fondos procedentes de diputaciones o ayuntamientos”. Ese tope del 33% es uno de los puntos que los grupos que han votado a favor quieren cambiar más adelante para que solo sea la publicidad que depende de la administración autonómica.

Carriedo ha trasladado sus dudas sobre interferencias entre la nueva normativa autonómica y la otras estatales, como la Ley de Contratos del Sector Público. El Consultivo orientará a la Junta, pero esta no podrá denunciar la ley, como ha matizado el portavoz, tendrán que ser un particular quien tome medidas legales si se considera perjudicado. “Nosotros vamos a cumplir la ley y esa es nuestra voluntad de cumplirla”, ha resumido.

El consejero ha incidido en los “perjuicios” que va a causar en su “aplicación y desarrollo” y ha reprochado a la oposición que vayan a tener que rectificarla con una nueva Proposición de Ley.

Además, Carriedo ha ironizado con que Vox, Unidas Podemos y PSOE lleven la medida al ámbito nacional. “Nadie entendería que si están convencidos de que esta Ley es tan buena se aplique sólo en el ámbito de Castilla y León y se prive al resto de los españoles de beneficiarse”, ha apuntado.