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Mañueco renueva otros 15 años la licencia de Castilla y León Televisión pese a los cambios que quería forzar la oposición

Los trabajadores de Castilla y León Televisión (CyLTV) protestan a la puertas del Centro Cultural Miguel Delibes, en una de sus movilizaciones.

Alba Camazón

Valladolid —
27 de junio de 2025 10:11 h

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La Junta de Castilla y León ha renovado por otros 15 años la licencia de Castilla y León Televisión a pesar de los cambios que quería introducir la oposición con la aprobación esta semana de la Ley de Publicidad Institucional, que aún no se ha publicado en el Bocyl y, por lo tanto, no ha entrado aún en vigor. La orden, que se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), se efectuará cuando termine la anterior, el 23 de septiembre. Contra esta orden se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses.

La concesión de Castilla y León Televisión, que fue otorgada en 2010, plantea la posibilidad de una renovación automática si cumplía con los requisitos de “condiciones técnicas y administrativa” que recoge la Ley 13/2022 de Comunicación Audiovisual estatal. Según se publica en el Bocyl, se cumplen los requisitos exigidos: la ausenca de obstáculos técnicos y haber pagado las tasas correspondientes.

Los dos procuradores del Grupo Mixto —Francisco Igea y Pablo Fernández— han anunciado ya su intención de acudir a la Fiscalía para denunciar la situación. Igea cree que se han podido cometer delitos como los de malversación, prevaricación administrativa o desvío de subvenciones públicas de la Junta por la aprobación de la financiación de RTVCyL por otros dos años más porque la concesión expiraba este 2025. Poco después, amplió la denuncia por haber incrementado la partida económica —condicionado a una mejora de las condiciones salariales de los trabajadores, que están en pleno conflicto laboral— a pesar de que este ejercicio no se han aprobado unos nuevos Presupuestos. Pablo Fernández ha anunciado esta semana durante el pleno que también acudirá a la Fiscalía porque es “muy extraño” que una semana antes de aprobar esta Ley de Publicidad Institucional se les haya “regalado” 48 millones de euros.

Esta orden se ejecuta después de que el Consejo de Gobierno aprobara la inyección de 48 millones de euros —24,5 millones para 2025 y 23,5 para 2026— para que continuara dando el servicio. Hace unas semanas, la oposición —salvo Vox, que no acudió a la reunión— consideraba que no cumplía con la necesidades de interés público porque no la consideran “objetiva ni plural”, además de opaca, puesto que el director de la televisión privada no ha facilitado información relativa a los salarios de los altos cargos, ni el informe sobre las audiencias ni el de representatividad de los grupos parlamentarios en los programas informativos.

El nuevo concurso, una “treta”

El gobierno autonómico defiende que acata la nueva normativa al convocar un nuevo concurso para una nueva concesión de televisión autonómica, como anunció este jueves el portavoz, dado que la Junta tiene un espacio radioeléctrico libre. Como en estas fechas se esperaba que terminara la concesión a Castilla y León Televisión, la oposición pretendía aprovechar el momento para convocar un concurso nuevo para este servicio público, pero el gobierno autonómico ha decidido prorrogar a la empresa que dirigen dos grandes magnates empresariales y mediáticos (las familias Méndez Pozo y Ulibarri) y convocar una nueva concesión.

Sin embargo, esta nueva concesión supone una “treta” y una “trampa” a ojos de la oposición, que querían abrir la puerta a otros empresarios para que ofrecieran el servicio de una televisión autonómica. Si todo sigue como pretende Mañueco, Castilla y León tendrá dos televisiones autonómicas.

Este viernes también se ha renovado la licencia radiofónica de Radio Aranda para otros 15 años, que podrá emitir en Aranda de Duero (87.8) y en Peñafiel (105.8).

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