El Gobierno de Pradales ya tiene la foto del pacto para mejorar Osakidetza pero sin EH Bildu, Sumar y siete sindicatos

El consejero Alberto Martínez y, por extensión, el Gobierno de Imanol Pradales ha logrado ya este viernes una de las fotografías que más anhelaba, la firma de un pacto de salud que marque una 'hoja de ruta' para mejorar la Sanidad vasca, una de las grandes preocupaciones ciudadanas y que se había convertido en un elemento de desgaste para el anterior Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Fue el primer gran reto fijado hace un año, cuando arrancó la legislatura. “Es un día importante. De significado especial”, ha querido solemnizar el propio Martínez a los medios de comunicación antes incluso de entrar a la reunión definitiva de este foro; “Histórico”, ha aplaudido mediada la mañana. “Es evidente que estamos ante un proceso inédito. No tiene referentes internacionales”, ha agregado al final de la larga jornada.

Sin embargo, en la impresión de la fotografía se han velado algunas zonas, sobre todo en la parte izquierda de la imagen, y el resultado final ha quedado borroso para muchos. El pacto, desde luego, no ha llegado con la unanimidad que se pretendía y que se publicitaba casi desde el mismo arranque. Y, aunque en los textos hay bases con amplio consenso, eso no se ha traducido en la firma. Ni mucho menos. En la imagen final no están ni la principal fuerza de la oposición (EH Bildu), aunque con matices porque sí ha firmado quedarse para hacer seguimiento del acuerdo, ni la coalición que gestiona el Ministerio de Sanidad (Sumar), ni el sindicato mayoritario de Osakidetza (Satse) ni tampoco las otras centrales que quedaban sentadas (UGT, CCOO y SME) con la excepción de la pequeña SAE, la octava fuerza, ni el resto de centrales (ELA, LAB y ESK). Con el consejero Martínez quedan los socios del Gobierno, PNV y PSE-EE, el PP y la patronal Confebask, así como otros agentes, como colegios profesionales, universidades o asociaciones de pacientes.

El peso de la privatización o externalización de servicios ha generado controversia en las últimas semanas y ha terminado por convertirse en el punto más difícil de encajar. El Gobierno ha insistido en que no hay en Europa sistema público con menos peso de lo privado que el vasco. Sitúa por debajo del 6% ese indicador, en el entorno del 5,6%. Y, a modo de argumentario, ha usado el concepto “colaboración público-privada” frente al de “privatización” y ha indicado que las entidades privadas que operan en Euskadi son Cruz Roja o Matía, orillando que en plena negociación de este pacto, por ejemplo, el propio Gobierno ha tenido que rescindir las adjudicaciones a Grup La Pau por graves irregularidades en el servicio externalizado de ambulancias de Bizkaia y de Álava o que se ha desistido del gran proyecto de almacén de Iurreta, valorado en 129 millones de euros. Es más, el propio foro introdujo estas cuestiones -y también una alerta por el incremento de los seguros privados- en un primer documento de “diagnóstico” del estado de las cosas que se trabajó al comienzo de este largo proceso.

El foro se inició en septiembre, a los tres meses de estrenado el Gobierno. Arrancó en Bilbao, en el mismo edificio de la EHU que ha acogido la última de las once reuniones de la mesa de salud. Entonces se prometieron resultados para marzo de 2025, un plazo sobradamente sobrepasado. Finalmente, el dictamen sobre la privatización ha contado con 20 votos a favor y 6 en contra. Confebask sí lo ha apoyado aunque introduciendo un matiz “crítico” por motivos evidentente contrarios a los de sindicatos y organizaciones de izquierdas.

Este documento ha tenido un recorrido muy tortuoso y ha sido la clave del resultado final. El grupo de trabajo que comandó la redacción aprobó una primera versión que aludía a la publificación de servicios pero el Gobierno forzó su modificación al entender que una minoría (EH Bildu, Sumar, Satse, LAB, CCCO o UGT, los que luego se han ido marchando) había impuesto su criterio a una mayoría. Se planteó otra redacción en la que, como gran objetivo, se fijaba que el reto era mantener y no superar ese umbral del 6% de externalizaciones. Finalmente, tras el pulido con las enmiendas, se ha optado por una redacción en la que el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno, ha mediado para que se recoja que se “priorizará” el servicio mediante “medios públicos y propios” y que solamente se contemplará la externalización si implica “valor añadido”, según las fuentes consultados. Sin embargo, eso no ha terminado de acercar posturas. De hecho, UGT, por ejemplo, ha apoyado 22 de los 24 apartados en los que se subdivide el pacto pero ha considerado que las diferencias sobre la privatización eran nucleares e imposibilitaban la firma.

El Gobierno invitó al foro a partidos de la oposición -salvo a Vox-, a sindicatos, a la patronal Confebask, a universidades -salvo Euneiz-, a colegios profesionales y a otras entidades del ámbito sanitario. Fueron una treintena en total los participantes, que luego han ido sumando expertos hasta llegar a los 550 en estos meses. De hecho, el Ejecutivo ha invitado a muchos de ellos a explicar a los medios cómo han apoyado el pacto frente a la cascada de comparecencias de quienes lo rechazaban, que tenían especial en comentarlo con la prensa. Entre los aliados del Gobierno han tomado la palabra los colegios de enfermería, de biología o de veterinaria, las universidades EHU, Deusto y Mondragon o los farmacéuticos y los fisioterapeutas.

Pero, más allá de que más agentes han firmado que los que no lo han hecho, cualitativamente el resultado de este largo viernes en Bilbao ha sido el de la salida de EH Bildu y Sumar en el plano político y de un puñado de sindicatos. En detalle, ELA, principal sindicato vasco, optó por no participar desde el principio. En el camino se cayó ESK y a última hora, este jueves, también LAB. Este viernes, finalmente, han decidodo no firmar Satse -que ganó las elecciones en Osakidetza en otoño-, el Sindicato Médico de Euskadi, CCOO y UGT. La patronal Confebask y el PP -aunque con críticas en buena parte del documento- sí han optado por adherirse.

“Esta mesa no es el Parlamento Vasco. Tampoco es la mesa sectorial [con los sindicatos]. Pero, con su imperfección, creo que merece un reconocimiento”, ha respondido Martínez sobre el resultado final. Preguntado por los periodistas por si la mesa queda “coja”, el consejero ha respondido que no, que es robusta, “viva” y “consolidada”. El consejero Martínez ha puesto en valor expresamente al pequeño sindicato SAE y ha deslizado que ha recibido “mensajes de responsables políticos a nivel nacional” [por España] felicitándole por el pacto. Sumar dirige el Ministerio de Sanidad. “Es un hito”, ha enfatizado.

El cambio en euskera

La división no solamente se ha dado en el punto sobre el peso de la privada en la Sanidad vasca. También el documento sobre euskera ha precisado ajustes 'in extremis' y ha recibido críticas. Así, la redacción final elimina una referencia como “amenaza” de las sentencias judiciales que están anulando exigencias de euskera en convocatorias públicas -es algo que divide a PNV y PSE-EE a un nivel más alto- y se rebaja la exigencia del nivel C1 -el quinto de seis en el marco europeo- en Osakidetza. También se retira que sea “mérito adicional” no el conocimiento sino la utilización de la lengua vasca en el trabajo en Osakidetza. Este apartado, de hecho, es el que menos apoyo ha recibido de los 24 que componen el pacto, 18 votos a favor. La EHU, por ejemplo, lo ha considerado claramente insuficiente y el PP claramente exagerado.

De los 26 agentes que se han quedado hasta el final, solamente han secundado como una sola voz lo relativo a “innovación organizativa”. El documento final del pacto es un gran volumen encuadernado de unas 500 hojas en ambas lenguas oficiales. En él hay también algunos apuntes de última hora para mejorar la coordinación con la EHU, una voluntad de reforzar la atención primaria y referencias a la salud mental, a los cuidados paliativos o la cronicidad.

La “ilusión” del Gobierno

El consejero Martínez, lleno de “ilusión”, ha explicado a los medios de comunicación ya hacia las 11.30 horas, que había fumata blanca, que los 24 bloques del pacto de salud quedaban aprobados. Ha mencionado un “consenso amplio”. También que ninguno de los puntos ha estado en riesgo a pesar del ruido exterior, que ha atribuido a la facilidad de oposición y sindicatos de tener voz en los medios de comunicación. Sin embargo, en las siguientes horas se han ido conociendo los 'noes' de muchos agentes con peso.

“Hemos discutido pero también hemos acordado”, se ha congratulado el consejero, que ha agradecido las aportaciones de todos los agentes, incluso de los más críticos. “Se lo debíamos a la sociedad vasca. Es un acuerdo histórico para Euskadi; un acuerdo histórico para Osakidetza”, ha manifestado. La viceconsejera Lore Bilbao se ha expresado en términos similares en euskera. Ella y el consejero han comparecido una veintena de veces cada uno durante estos meses.

El Gobierno ha dejado claro que con la fotografía no termina el recorrido del pacto de salud. De hecho, ahora se abre la fase más relevante, la de aplicar las medidas previstas. Se creará un marco de seguimiento. De hecho, ya se anunció para abril de 2026 una reunión en la que, entre otras cuestiones, se hará un descargo sobre la situación relativa a lo público y lo privado. Martínez entregará el dictamen final al lehendakari, según ha indicado. “Este pacto es un éxito. Es un acuerdo histórico”, ha recalcado también el portavoz del PNV, Jon Aiartza, un partido que ha querido dar máximo realce al anuncio.

El PSE-EE, el socio de Gobierno, también ha destacado el “consenso” suscitado en el pacto y el trabajo “serio” y “alejado” de los focos en la “mayoría” de casos, en palabras de Ekain Rico. Los socialistas han defendido sus enmiendas para rebajar las exigencias de euskera porque la “defensa de los derechos lingüísticos” tiene que hacerse “sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores y de los estudiantes”. También entendían inapropiado “en un Estado de Derecho” que se planteara como “amenaza” el control judicial. Los socialistas, eso sí, han demandado al Gobierno que apliquen las medidas. “No es el final de nada. Es el principio de todo”, ha subrayado Rico.

Las críticas de la oposición

EH Bildu, ante los medios de comunicación, ha enfriado la “ilusión” del Gobierno. “Nos dicen que hay un acuerdo pero, ¿qué acuerdo? Aquí no hay acuerdo”, ha lanzado Rebeka Ubera, que ha acusado al Ejecutivo de haber querido cerrar “deprisa y a toda velocidad” todos los textos pero “sin hacer bien los deberes” y con una dinámica de trabajo poco “transparente”. En el caso de la principal fuerza de la oposición, finalmente ha votado a favor de menos de la mitad del pacto, 11 de 24 textos. En ocho apartados ha dicho 'no' y en cinco se ha 'abstenido'. Y Ubera ha precisado que no iban a estar en la fotografía final.

“Hay desacuerdos importantes en personal, cartera de servicios o en lo público-privado. Es una pena cómo se va a cerrar este proceso. Parece que se quiere instrumentalizar esta mesa. No hemos participado para eso y no vamos a estar para eso. Nuestro compromiso es total con el trabajo. Ahí vamos a estar. Pero no vamos a estar en esa foto que quieren vender. No vamos a estar”, ha insistido Ubera.

A lo largo de la mañana ha habido cierta confusión con la decisión final de EH Bildu. Fuentes de la formación han recalcado que “no han firmado” el pacto aunque sí deseen continuar “trabajando” en la mesa de seguimiento. Esto ha sido utilizado por otras voces para no incluir a la principal fuerza de la oposición entre los disidentes, pero esto ha sido claramente desmentido por fuentes de la coalición.

Desde el PP, Laura Garrido ha querido “poner en valor” el pacto, aunque la realidad es que no han secundado diez de los 24 subgrupos, con siete abstenciones y tres 'noes'. Ha señalado que el pacto era una idea de su partido en el programa electoral, retomando el 'Osasuna zainduz' de hace tres décadas, porque “la Sanidad vasca estaba en una situación muy delicada”. Eso sí, ha matizado que la “metodología” ideada por el Gobierno “no ha sido la más adecuada”.

El PP ha rechazado duramente, por ejemplo, el bloque sobre política lingüística incluso después del cepillado -“en un escenario de falta de profesionales, no nos podemos mantener el lujo de mantener la exigencia del euskera en los niveles que se exigen y se va a seguir incidiendo en los mismos errores”-, la propuesta sobre atención sociosanitaria y el informe “ideológico” sobre cuidados al final de la vida. Garrido, en todo caso, ha asegurado que no se quieren quedar fuera del acuerdo y ha demandado que “ahora llega lo importante”, la de aplicar de modo “exhaustivo” las medidas acordadas. Y ha reclamado “protagonismo” para los firmantes en el “seguimiento”, para que el foro no quede en una fotografía. “Estaremos vigilantes”, ha manifestado.

“No vamos a firmar este pacto de salud”, ha señalado, de su lado, el portavoz de Sumar, Jon Hernández. Para el parlamentario, no basta con fijar un porcentaje cuando lo “nuclear” es que, a su juicio, no hay una apuesta unívoca por lo público sobre lo privado. “Que nadie haga negocio”, era su deseo. Vox no fue invitado de saque al foro en aplicación de un cordón sanitario a la ultraderecha.

Entre los sindicatos, Satse avisa de problemas en “aspectos estructurales” en el documento final. Sin consenso en políticas de personal, en la cartera servicios o en torno a la privatización no hay mimbres para suscribir el pacto. En parecidos términos se ha expresado CCOO, por ejemplo, aunque en su caso ha añadido críticas a las exigencias de euskera.

El SME, entre otros aspectos, entiende que “la problemática compleja que afecta al colectivo facultativo, sobre todo en la falta de profesionales, ha quedado totalmente diluida entre otros aspectos del texto”. Desde fuera de la mesa, ELA ha interpretado que el pacto ha sido “un año perdido” y un “intento de maquillar los graves problemas de Osakidetza y aparentar que se ha estado trabajando en medidas estructurales que no son tales”.