Euskadi asume el 1 de julio la gestión de los permisos de trabajo a extranjeros con 5.000 personas esperando en Lanbide

Euskadi asume desde este 1 de julio la gestión de los permisos de trabajo a extranjeros, un acuerdo alcanzado hace unas semanas entre los Gobiernos central y vasco. Lo hace con la esperanza de que se agilicen los trámites y se pueda ofrecer una salida laboral a unos 5.000 migrantes que han realizado cursos de formación en Lanbide pero que no han podido colocarse hasta ahora por carecer de este permiso.

Aunque el Gobierno vasco asumirá desde este martes la tarea de las tramitaciones, habrá un periodo de “adaptación”, ya que hasta dentro de tres meses, es decir, al menos hasta octubre, no tendrá que ocuparse de los expedientes que están en estos momentos en tramitación. Es decir, de momento, serán competencia vasca sólo las solicitudes que se presenten desde el 1 de julio.

Se trata de una transferencia que desde el propio Gobierno vasco reconocen como “compleja” a la hora de ponerla en marcha. En primer lugar, porque es una transferencia parcial. Es decir, Euskadi tendrá competencia sobre las autorizaciones iniciales de trabajo. Es decir, para permisos que se otorguen sólo para trabajar en Euskadi y durante un tiempo acotado. Si el permiso de trabajo se solicita para toda España el expediente sigue si en manos de la Administración central. También se ocupará Euskadi de las autorizaciones colectivas en origen, aunque por el sector productivo vasco, no parece que vayan a ser las más utilizadas, ya que están más ligadas con la agricultura y campañas muy concretas, y podrá otorgar también los permisos para trabajos de temporada.

La Administración central sigue teniendo la potestad sobre los permisos de residencia. Sin la residencia no se puede tener el permiso de trabajo, lo que significa que tendrán que ser dos procesos que circulen paralelos si se quiere que las concesiones de los permisos sean ágiles. En esta agilidad jugará un papel fundamental el hecho de que en Euskadi se utilizarán los mismos programas informáticos que está usando el Estado, con lo que se pretende que la coordinación sea la más elevada posible.

“Lo más importante es establecer unos mecanismos de coordinación entre las dos administraciones”, señala la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, cuyo departamento trabaja estos días ya a contrarreloj para que todo esté a punto en el momento en el que se materialice la transferencia y que no se produzca ningún tapón. Será la parte del PSE-EE del Gobierno vasco la que gestione esta competencia.

“El objetivo que perseguíamos con esta transferencia es facilitar la inclusión social de las personas inmigrantes, y la mejor forma de conseguir la inclusión social es a través de la inclusión laboral”, dice la viceconsejera, que recuerda, además, que el caso de Euskadi se trata de una “necesidad por ambas partes”, porque desde la patronal vasca se ha reiterado en muchas ocasiones que hay una necesidad acuciante de personal. “Por eso es necesario que seamos capaces de abordarlo de la forma más eficacia posible. La virtualidad de la transferencia es que nosotros estamos más cerca de las personas que ya residen en Euskadi y de las empresas y las necesidades de trabajadores”, apunta.

Se da la circunstancia de que Euskadi ya asumió otra competencia pensada para captar profesionales extranjeros, la de homologación de títulos universitarios obtenidos fuera de la Unión Europea. Pero duró unos pocos días. Un recurso ante el Tribunal Supremo motivó primero una suspensión cautelar y luego una sentencia definitiva. Euskadi ha anunciado un recurso ante el Constitucional.

La transferencia llega en un momento especialmente tensionado en el conjunto del Estado debido a que este pasado mes de mayo ha entrado en vigor el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, que facilita la concesión de los permisos de trabajo, y, por ejemplo, reduce de tres a dos años la necesidad de empadronamiento previo. Esto ha supuesto que, por el momento, hayan aumentado un 40% el número de solicitudes de premisos. “Es difícil saber en estos momentos a qué cifras nos vamos a enfrentar en Euskadi”, señala Pérez Barredo. “Puede ser que ese incremento se mantenga en el tiempo, o que se estabilice”, señala.

Eso ha llevado a que, de momento, asuman la transferencia con “prudencia” desde el punto de vista de la ampliación de las plantillas. De salida se crean cuatro nuevas plazas. Una por cada territorio de la delegación de trabajo y otra para la dirección, y otros dos contratos programa “muy centrados en la rapidez del momento”, señala la viceconsejera. Una vez se ponga en marcha ya a pleno rendimiento todas las tramitaciones se valorarán las necesidades de personal. “La colaboración con la Delegación del Gobierno está siendo máxima”, señala, e incluso es posible que en el arranque los trabajos se realicen desde sus propias instalaciones para facilitar un periodo de transición.

En la puesta en marcha de esta transferencia están colaborando, además del Departamento de Economía, Empleo y Trabajo, el de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, con su sociedad pública de informática Ejie. Por el lado del Gobierno central están implicados el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, y el de Ordenación Territorial. “Hay mucha gente trabajando en este ámbito para que todo salga adelante”, apunta Pérez Barredo.

En su momento se indicó que el traspaso se ha cuantificado en 1,45 millones de euros, pero que hay una previsión de ingresos de 3,53 millones en concepto de tasas. Así, el saldo en el Cupo es negativo, es decir, de entrada Euskadi tendrá que pagar al Estado por recibir un nuevo servicio. En concreto, 129.620 euros. En todo caso, se ha incorporado una compensación de 51.294,72 euros por inmuebles objeto de transferencia.

Según los datos del Eustat, en Euskadi residen actualmente 217.489 personas de nacionalidad extranjera, lo que representa el 9,9% de la población. El 14,7% de este colectivo se encuentra en situación de desempleo. Entre ellos se encuentra el colectivo de unas 5.000 personas que han recibido formación en Lanbide sin poder acceder a un empleo por carecer de la documentación necesaria y que se confía en poder integrar al mercado laboral.