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La pugna PP-oposición en Castilla y León dejará dos televisiones privadas costeadas con fondos públicos

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la entrega de los premios autonómicos de periodismo

Antonio Vega

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La controvertida modificación de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León impuesta por la oposición al Gobierno del PP de Alfonso Fernández Mañueco acabará con una situación inédita en las autonomías de España: dos operadores audiovisuales privados sin una televisión pública, pero ambos financiados ambos con dinero público. La modificación legal, pendiente de su entrada en vigor tras su aprobación la semana pasada, incluye cambios sobre el actual modelo de televisión autonómica licenciado a una empresa privada como un nuevo concurso o el un mayor control del parlamento e incluso nombramiento de directivos en ciertas condiciones.

El pacto de PSOE, Vox, Unidas Podemos y Francisco Igea, que avalaron 35 cambios en la normativa a partir de una única propuesta de Pablo Fernández, obliga al Gobierno autonómico a sacar a concurso una licencia de televisión en tres meses desde la entrada en vigor de los cambios en el Boletín Oficial de Castilla y León, algo que a fecha de publicación de este artículo no se ha producido y que es habitual que tarde unos días desde su aprobación en el pleno del legislativo. Literalmente la disposición adicional tercera señala que se “obligará al gobierno autonómico a convocar un nuevo concurso para una nueva concesión en un plazo máximo de 3 meses que garantice la subrogación de los actuales trabajadores y sus condiciones laborales”. La oposición pactó estas modificaciones para reforzar el control del parlamento sobre RTVCyL, con un nuevo órgano, y acabar con la manipulación que, sostienen, se realiza a favor del PP.

El Gobierno autonómico ha asegurado que cumplirá la ley tan pronto como entre en vigor, previa consulta a cómo hacerlo al Consejo Consultivo, “como no puede ser de otra manera”, pero unos días antes de su publicación oficial ha renovado la licencia a Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL), en manos de los empresarios condenados por casos de corrupción José Luis Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo. Y a la vez, ha anunciado que consultará al Ministerio de Transformación Digital si hay espacio libre para sacar a concurso alguno de los canales libres y así cumplir el mandato de la nueva ley en cuanto se publique.

La oposición ha salido en tromba contra el Gobierno de Mañueco. El exvicepresidente autonómico Francisco Igea y Pablo Fernández (Podemos) han considerado un escándalo tanto la aprobación de los fondos públicos a RTVCyL, ya que la concesión terminaba en agosto, como la propia renovación de la licencia de forma automática, señalando que acudirán a los tribunales. PSOE y Vox han calificado de “treta” y “fraude de ley” la estrategia del Gobierno autonómico de sacar un nuevo canal, del que Vox fue socio hasta julio del 2024.

Todo cuando a primeros de junio se ha garantizado la financiación pública para ese modelo concesional por dos años por importe de 48 millones de euros, gracias al apoyo de PP, PSOE y Soria Ya, y con un notable incremento para resolver los problemas laborales que arrastraba RTVCyL. Solo unos días después de la aprobación de esta inyección se logró un acuerdo entre sindicatos y empresa que puso fin al conflicto laboral que existía. Francisco Igea llevó este acuerdo a la Fiscalía por considerarlo “probable corrupción”.

Fuentes del gobierno autonómico consultadas por elDiario.es señalan que, tal y como ya han dicho en público, cumplirán la nueva normativa de publicidad institucional, incluyendo el concurso de televisión, pero advierten que no pueden dejar de realizar sus funciones ejecutivas, como renovar la concesión, aunque la cámara legislativa esté realizando cambios. Elevarán la consulta al Ministerio y si se puede promover otro concurso, lo harán.

Además, el Gobierno autonómico ha señalado que la nueva licencia televisiva sería en “condiciones de igualdad y transparencia” que La 7 y La 8 de RTVCyL, es decir, que tendrían financiación pública para su funcionamiento. Todo cuando el modelo arrastra críticas no solo por la falta de pluralidad informativa y despidos de directivos por orden del Ejecutivo autonómico, sino por una audiencia media escasa, habitualmente en el 1%, pese a la ingente cantidad de fondos públicos que recibe.

Y es que la factura de dinero público crecería pero, argumentó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, el coste de la aportación de la Junta a las dos televisiones privadas se asemejaría al de Radio Televisión Castilla-La Mancha, que recibe casi 46 millones de euros de subvención del Gobierno de Page. Pero es una televisión y radio públicas.

El segundo dividendo digital deja espacio libre

La jugada del gobierno autonómico, pendiente de la respuesta del Ministerio sobre el asunto, tiene base legal ya que la última reordenación del espacio radioeléctrico relativo a la televisión digital, el llamado 'Segundo divivendo digital' para hacer hueco a la tecnología móvil 5G más potente, contemplaba la reserva de un múltiple digital de cobertura autonómica a cada una de las Comunidades.

El artículo 6 de la normativa señala que “Los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma podrán determinar los canales digitales del múltiple digital MAUT especificado en el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre que se aprueba mediante este real decreto, que serán explotados por el servicio público de comunicación audiovisual televisiva de cobertura autonómica y los que serán explotados por empresas privadas en régimen de licencia”. Y, además, una disposición adicional indica que “Los múltiples digitales de cobertura autonómica cuya explotación íntegra se haya otorgado a una empresa privada por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, no constituyen los múltiples digitales contemplados en el artículo 2.4 y continúan reservados a las Comunidades Autónomas”.

Así, según el Plan Técnico en vigor, en cada múltiple digital caben cuatro canales en la máxima calidad digital, UHD. Y atendiendo a la disposición adicional, ya que la licencia de RTVCyL es de 2009, la Junta de Castilla y León contaría con cuatro canales libres pero aunque se estuvieran usando dos por la licencia en vigor de RTVCyL, la Junta de Castilla y León tiene margen para sacar un nuevo concurso de televisión con una o dos licencias, o una única licencia para dos canales como es la actual.

Dos socios no muy bien avenidos en RTVCyL

Radio Televisión Castilla y León SA ha logrado renovar esta semana por 15 años su concesión de televisión digital con dos canales, la 7 autonómica y la 8 con desconexiones provinciales, lograda por primera vez en el año 2009. La sociedad está controlada a medias por las familias de los magnates de los medios y la construcción José Luis Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo. Ambos comparten más cosas además de esta empresa, ser considerados tan próximos al PP que han sido condenados en casos de corrupción relacionados con instituciones cuando gobernaba el partido conservador. Históricamente han sido rivales empresariales pero que se tuvieron que avenir precisamente para operar la televisión autonómica y sus grupos mediáticos son los más favorecidos en el reparto de publicidad institucional, siendo también los más grandes.

En el año 2008, bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera, la Junta de Castilla y León convocó el concurso para una única licencia autonómica de televisión digital que podría emitir dos canales. Esto obligó a los operadores alegales de entonces, Canal 4 de Méndez Pozo y Televisión Castilla y León de Ulibarri, a unirse a riesgo de quedarse sin la licencia legal. Desde entonces se han repartido el poder de forma singular, alternando cargos de confianza por cada bando en la 7 y repartiéndose las televisiones provinciales entre los dos grupos con gestión diferente bajo una misma imagen de marca, la 8.

Solo el hoy conocido como grupo Kiss Media, antes Radio Blanca, del empresario asturiano Blas Herrero se presentó a la licitación contra los constructores en el año 2009 aunque al no tener presencia física no logró la concesión. En el año 2021 si obtuvo licencias de televisión digital local en cada una de las capitales de provincia pero no las ha explotado hasta el momento.

El grupo Promecal es la sociedad de medios de Méndez Pozo, hoy dirigido por su hijo Gregorio Méndez. El magnate burgalés fue condenado en los años 90 en el llamado caso de la Construcción, donde quedó acreditado que, en connivencia con el alcalde de Burgos José María Peña, se le concedieron licencia irregulares. Fue condenado a tres años y siete meses de prisión aunque solo estuvo en la cárcel nueve meses antes de salir en tercer grado. Sus principales activos, además de RTVCyL, son Diario de Burgos, Diario Palentino y cuenta con medios en otras comunidades como Navarra, La Rioja o Castilla-La Mancha. El grupo se declaró en preconcurso de acreedores a principios de este año debido a su abultada deuda, una situación que debe resolverse este verano bien en modo concurso o salvando la situación preconcursal por acuerdo con sus acreedores.

La sociedad de medios de la familia Ulibarri es Edigrup, que cuenta con activos como Diario de León, Esradio en Castilla y León, El Mundo de Castilla y León o Heraldo-Diario de Soria. Actualmente la dirigen dos de las hijas del empresario, Adriana y Soledad Ulibarri, tras las renuncias del empresario a cargos en las sociedades por la cercanía de sus juicios por corrupción. José Luis Ulibarri fue condenado en 2022 a un año y medio de cárcel por el caso Gürtel Boadilla, una de las derivadas del caso Gürtel. El empresario llegó a un pacto con la Fiscalía, que inicialmente le pedía siete años y medio de prisión y reconoció cinco delitos al pagar una mordida por hacerse con una parcela urbanizable en el municipio madrileño.

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